Asapmi - Asociación Argentina de Prevención del Maltrato Infantojuvenil

Aspectos Jurídicos

FALLO RESPONSABILIDAD DE LA ESCUELA POR BULLYING

Tribunal: Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil - Sala/Juzgado: A

Partes: G. R. J. c/ Babar Bilingual School Dominique Seguin s/ daños y perjuicios

Tribunal: Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil

Sala/Juzgado: A

Fecha: 3-jul-2009

Cita: MJ-JU-M-46829-AR | MJJ46829 | MJJ46829

Producto: Microjuris

Es responsable el establecimiento educativo por las agresiones físicas que provocan alumnos menores de su establecimiento a otros compañeros, sin poder alegar al respecto, el caso fortuito eximente de tal responsabilidad.

Sumario:

1.-Debe confirmarse la sentencia que responsabilizó a la institución educativa demandada, haciendo extensiva la condena indemnizatoria a su compañía de seguros, por los daños y perjuicios ocasionados a un menor alumno del establecimiento que sufrió la agresión física de otro compañero, mientras se disponían a iniciar una clase de educación física en el campo de deportes del colegio. No corresponde en autos, eximir a la demandada de la responsabilidad objetiva emanada del art. 1117 CCiv., porque el caso fortuito alegado no puede operar en la especie, toda vez que resulta ajeno al comportamiento de los educandos.

2.-El art. 1117 CCiv., modificado por la ley 24830 señala que los propietarios de establecimientos educativos privados o estatales, serán responsables por los daños ocasionados o sufridos por sus alumnos menores cuando se hallen bajo el control de la autoridad educativa, salvo que probaran el caso fortuito. Esta responsabilidad surge del deber de seguridad que estos establecimientos asumen como esencial e inherente a la prestación principal de educar. En autos, el invocado caso fortuito de la agresión de un compañero a otro no puede ser recibido, pues de las pruebas testimoniales se acredita que el menor agresor tenía una mala conducta, habitualmente con problemas de disciplina, por lo que la demandada debió haber tomado mayores recaudos a fin de evitar la producción del evento dañoso sub examine.

3.-La obligación asumida por el establecimiento no es sólo a los fines de educar, sino que ello contempla un indudable deber de seguridad, que se expande tanto en el plano contractual como en el extracontractual. De allí que, de producirse daños en la persona del educando -tal como sucedió en autos- cabe pensar en el fracaso, por parte del obligado -el establecimiento educador-, en la tarea de vigilancia y control que sobre él pesaba, conforme la delegación temporal de la guarda material de los menores.

4.-El caso fortuito requiere, para su configuración, la concurrencia de imprevisibilidad e inevitabilidad, asimismo, necesita que el hecho sea ajeno al establecimiento, elementos que no están reunidos en el sub examine, puesto que los testimonios acreditan que el comportamiento agresivo del menor atacante no era imprevisible ni inevitable, así como tampoco el daño se produjo en un medio ajeno al colegio, por el contrario, ocurrió dentro de sus instalaciones y en el horario del dictado de clases. Por ello, debe confirmarse la responsabilidad atribuida a la demandada.

5.-No pueden recibirse los agravios referidos a la falta de responsabilidad atribuida a los padres del menor agresor. Toda vez que sus progenitores no han sido ni demandados ni citados como terceros al pleito, no puede admitirse la queja esgrimida, pues buscar una condena respecto de quien no resultó ser parte de las actuaciones, no encuentra fundamento legal.

6.-Si bien el dictamen pericial carece de valor vinculante para el órgano judicial, cuando aparece fundado en principios técnicos inobjetables y no existe otra prueba que lo desvirtúe, la sana crítica aconseja, frente a la imposibilidad de oponer argumentos científicos de mayor valor, aceptar las conclusiones del perito. Por ello, en cuanto a las pericias médicas que lucen en estas actuaciones y la indemnización por incapacidad sobreviniente estipulada en base a las conclusiones periciales y demás circunstancias en torno a la vida social del menor damnificado, debe confirmarse el importe establecido.

7.-El daño moral se configura por todo sufrimiento o dolor que se padece, independientemente de cualquier reparación de orden patrimonial. Para su determinación, no se requiere prueba, pues se lo tiene por acreditado con la sola comisión del acto antijurídico, vale decir que se trata de una prueba in re ipsa, que surge de los hechos mismos. No se trata de cuantificar el dolor humano, sino de elaborar pautas medianamente objetivas que conduzcan a un resultado equitativo, en orden a los padecimientos morales sufridos. Por ello, en autos, corresponde confirmar su procedencia y monto, toda vez que el menor lesionado ha padecido dolores a raíz de la doble fractura ósea, intervenciones quirúrgicas, incertidumbre respecto a su recuperación y la imposibilidad de continuar con el desarrollo normal y habitual de su vida.

8.-La jurisprudencia ha sentado un criterio amplio en torno a la admisión de la indemnización por gastos de atención médica, farmacéutica y de traslado. No se exigen comprobantes respectivos de cada uno de los gastos efectuados, sino que se presume su erogación en función de la entidad de las lesiones inferidas a la víctima. Por ello, en autos, dado que no ha sido cuestionada la envergadura de lesiones sufridas por el menor al ser agredido en el establecimiento educativo demandado por uno de sus compañeros, y teniendo en cuenta que el monto fijado guarda relación con las mismas, corresponde confirmar el monto establecido para esta partida indemnizatoria.



Fallo:

En la Ciudad de Buenos Aires, Capital de la República Argentina, a los 3 días del mes de julio del año dos mil nueve, reunidos en Acuerdo los Señores Jueces de la Sala "A" de la Excma. Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil, para conocer en el recurso de apelación interpuesto en los autos caratulados: "G.R.J. c/ Babar Bilingual School Dominique Seguin s/ daños y perjuicios", respecto de la sentencia de fs. 283/289, el Tribunal estableció la siguiente cuestión a resolver:

¿Es ajustada a derecho la sentencia apelada?

Practicado el sorteo resultó que la votación debía realizarse en el siguiente orden: Señores Jueces de Cámara Doctores: HUGO MOLTENI - RICARDO LI ROSI - FERNANDO POSSE SAGUIER

A la cuestión propuesta el Dr. HUGO MOLTENI dijo:

1º.- La sentencia dictada a fs.283/289, admitió la demanda impetrada por J.G. y M.J.R., en representación de su hijo menor de edad J.G.R. -quien tomó intervención en autos a fs. 188- y condenó al centro educativo "Babar Bilingual School" a pagarle al actor la suma de pesos cincuenta y tres mil trescientos ($53.300), con más sus intereses y costas. Asimismo hizo extensiva, en la medida del seguro, la condena a la citada en garantía "Juncal Compañía de Seguros de Autos y Patrimoniales S.A.".-

Para concluir de ese modo, el Sr. Juez "a-quo" impuso a la demandada la responsabilidad del accidente ocurrido el día 11 de junio de 2001, en oportunidad que el actor se hallaba, en calidad de alumno, en el campo de deportes "Buenos Aires Criquet", pronto a tomar una clase de educación física, cuando al estar hablando con otros tres compañeros, imprevistamente y por detrás, un chico lo "tacleó" para derribarlo al suelo, por lo que cayó y sufrió doble fractura de tibia y peroné.-

Mediante la expresión de agravios de fs.328/330, el actor persigue la elevación de los montos fijados para enjugar los rubros "incapacidad psicofísica-sobreviniente" y "daño moral". Tal memorial mereció réplica por parte de la accionada y la citada en garantía que obra a fs. 339/341.-

Por su parte a fs. 333/338 obran las quejas efectuadas por la demandada y su aseguradora, la que fueron respondidas a fs. 343/344 por la actora, en las que cuestiona la responsabilidad que se le efectuara a su parte, así como también que la misma hubiera sido atribuida en un todo a ella. Se queja asimismo de los montos otorgados para enjugar los rubros "incapacidad psicofísica-sobreviniente", "daño moral" y "gastos de atención médica y de traslados".-

2º.- Por una cuestión de orden lógico trataré en primer término los agravios efectuados por la demandada y la citada en garantía, respecto a la atribución de responsabilidad otorgada en la anterior instancia.-

Sostienen los recurrentes que el Sr. juez "a quo" al atribuir la responsabilidad, omitió considerar las declaraciones de los testigos Oyarzabal y Auguet, toda vez que de las mismas se desprende que el hecho de marras resultó imprevisible e inevitable.Asimismo sostienen que el acontecimiento no se produjo por un obrar negligente de su parte y que los padres del menor que provocó el daño, resultarían responsables en alguna medida.-

Respecto a la falta de ponderación de las declaraciones brindadas por los dependientes de la demandada, diré que de lo decidido se aprecia que meritó las mismas, ya que concluyó que no resultaban eficaces otras probanzas referidas a la ausencia de culpa, cuando el caso fortuito alegado no opera en la especie desde que debe ser ajeno al comportamiento de los educandos.-

Sin perjuicio de ello, cabe destacar que contrariamente a lo sostenido por las recurrentes, de lo dicho por el testigo Oyarzabal se aprecia que el menor Mieres, autor del tacle, tenía una "conducta mala" y que muchas "veces se portaba mal", circunstancias que autorizaban a creer que una conducta como la adoptada resultaba posible, por lo que el colegio debió haber tomado mayores recaudos a fin de evitar la producción de un hecho como el ocurrido.-

No obstante ello, a fin de dar una acabada respuesta a la cuestión introducida, cabe señalar que el artículo 1117 del Código Civil, modificado por la ley 24.830 , dice: "los propietarios de establecimientos educativos privados o estatales serán responsables por los daños causados o sufridos por sus alumnos menores cuando se hallen bajo el control de la autoridad educativa, salvo que probaren el caso fortuito".-

Aún antes de la modificación indicada, la doctrina y jurisprudencia coincidían en admitir la responsabilidad de tales entes que al recibir alumnos por delegación de la guarda de sus progenitores asumen un deber de seguridad (de Borda, "Tratado de Derecho Civil- Obligaciones", Tomo II, 8va. edición, pág.262, nº 1409). Esta es una obligación esencial e inherente a la prestación principal de educar, vale decir que se traduce en el deber de garantizar que como consecuencia de ese específico contrato el menor no sufrirá daños en su persona o bienes (de Novellino, Norberto José, "Responsabilidad por Daños de Establecimientos Educativos, págs. 70/74 y sus citas). Las obligaciones están, pues, abarcadas en la relación contractual y son puestas a cargo del propietario del establecimiento: la de prestación del servicio de enseñanza y la relativa a la seguridad. Más allá de las controversias doctrinarias en cuanto a si se configuran como de medios o de resultados (Loizaga, Eduardo "Responsabilidad Civil de los Establecimientos Educativos", pág 87/88y stes. y sus citas), el incumplimiento de esta obligación de preservar la integridad física y moral del educando hace nacer la tácita responsabilidad del establecimiento educativo, (conf. Kemelmajer de Carlucci, "La Responsabilidad Civil de los establecimientos educativos en Argentina.", La Ley 1998-B-1047; Bueres, "Responsabilidad Civil de los Médicos" Tomo I, págs. 398/399; y págs. 437/438, nota 129; Loizaga, op. cit. págs. 56 y stes.).-

Al haber ocurrido el accidente en oportunidad de encontrarse la víctima dentro de instalaciones pertenecientes al colegio, pronto a comenzar con una actividad física y estando a cargo de dos profesores, se hallaba desplazada la guarda material del mismo, por lo que tanto el cuidado del estudiante y la vigilancia del agresor, se hallaba en cabeza del colegio. De allí que, de producirse daños en la persona del educando, cabe pensar en el fracaso, por parte del obligado, en la tarea de vigilancia y control que sobre él pasaba, conforme la delegación temporal apuntada.-

Es que la obligación asumida por el establecimiento no es sólo a los fines de educar, sino que la misma contempla un indudable deber de seguridad, que se expande tanto en el plano contractual como en el extracontractual, abarcando el deber de asegurar la integridad del menor.Así, el factor de atribución que genera esta responsabilidad es objetivo por el riesgo que conllevan las actividades que involucran a conjuntos de personas y se incrementa por tratarse de infantes y adolescentes, los cuales por su desarrollo evolutivo, son propensos a la realización de actos potencialmente perjudiciales. (Sumario Nº17698 de la Base de Datos de la Secretaría de Jurisprudencia de la Cámara Civil - Boletín Nº1/2008, conf. CNCiv. Sala "C", L.469.817).-

En consecuencia, en principio sólo correspondía al actor demostrar la existencia del evento dañoso y que éste se produjo en las dependencias del colegio y dentro del horario de clases, para así colocar la presunción de responsabilidad en cabeza de la accionada, quien a su vez solo podrá exonerarse por medio de la invocación del caso fortuito, el cual resulta ser en la especie el único supuesto que logra fracturar la causalidad entre el hecho y sus consecuencias dañosas.-

Empero, el caso fortuito requiere para su configuración la concurrencia de: imprevisibilidad e inevitabilidad, asimismo necesita que el hecho sea ajeno al establecimiento, elementos que en modo alguno concurren en la especie, desde que como ya he señalado, el comportamiento desempeñado por el menor Mieres, no surge que pueda ser calificado como imprevisible e inevitable, así como tampoco que el daño en la persona del actor fue provocado por un medio ajeno al colegio.-

Por último, a mayor abundamiento cabe señalar, como acertadamente lo sostuvo el anterior sentenciante, que el representante legal de la demandada, Seguin Dominique, al responder a la posición octava, reconoció expresamente la responsabilidad del establecimiento educativo que representa (v. fs. 121/122), lo cual pone fin a este medular aspecto del debate.-

4º.- Párrafo aparte merece la cuestión referente a la falta de atribución de responsabilidad respecto a los padres del menor Mieres.En un primer acercamiento a la cuestión es de destacar la contradicción en que incurren las quejosas, desde que al momento de alegar sostuvieron que la parte actora no señaló la responsabilidad que le cabría a los padres del menor Mieres (v. fs. 273 in fine), para luego expresar en sus agravios que tanto la parte actora como ellas solicitaron a lo largo del juicio la atribución de tal responsabilidad (v. fs. 334 tercer párrafo).-

Por su parte, el hecho de que los padres del menor que causó el daño no hayan sido ni demandados ni citados como terceros al pleito, sella la suerte de la queja esgrimida, desde que lograr una condena respecto de quien no resultó ser parte de las actuaciones no encuentra ningún asidero legal, por lo que no debería contemplarse favorablemente este agravio articulado.-

En consecuencia, conforme lo expuesto propongo que el agravio formulado sobre este aspecto de la sentencia recurrida sea rechazado, sin perjuicio de apuntar que la eventual responsabilidad de los padres del agresor, sería concurrente a la del colegio y como tal no limitaría la condena resarcitoria frente a la víctima.-

5º.- Concluida la cuestión relativa a la responsabilidad de las partes, corresponde entonces analizar las quejas efectuadas respecto a las partidas indemnizatorias.-

El actor, la demandada y la ci tada en garantía se quejan del monto ($38.000), fijado por la sentenciante de grado para enjugar el rubro "incapacidad psicofísica sobreviniente", solicitando el primero su elevación, mientras que los restantes pugnan por su reducción.-

De las constancias de la pericia médica obrante a fs. 169/174, se desprende que el actor presenta en la actualidad una incapacidad psicofísica parcial y permanente del 30% y que debe realizar tratamiento psicoterapéutico, no menor de dieciocho meses, con una frecuencia bisemanal.-

La pericia fue motivo del pedido de aclaración por parte de la actora (fs. 176) y de la impugnación efectuada por la citada en garantía (fs.178/179), las que han sido debidamente contestadas por el experto a fs.192/193, en donde expresó que el porcentaje por incapacidad física ascendía al 20%, mientras que el de la psicológica era del 10%, indicando respecto a ésta última que si las condiciones que afectan al paciente se revierten, la inhibición tiende a ceder.-

Debe recordarse que aun cuando el dictamen pericial carece de valor vinculante para el órgano judicial, el apartamiento de las conclusiones establecidas en aquél debe encontrar apoyo en razones serias, es decir, en fundamentos objetivamente demostrativos de que la opinión de los expertos se encuentra reñida con principios lógicos o máximas de experiencia, o de que existen en el proceso elementos probatorios provistos de mayor eficacia para provocar la convicción acerca de la verdad de los hechos controvertidos. Sin embargo, cuando el peritaje aparece fundado en principios técnicos inobjetables y no existe otra prueba que lo desvirtúe, la sana crítica aconseja, frente a la imposibilidad de oponer argumentos científicos de mayor valor, aceptar las conclusiones de aquél (conf. Palacio, Lino E., "Derecho Procesal Civil", t. IV, pág. 720 y jurisprudencia allí citada; Morello-Sosa-Berizonce, "Código Procesal Civil y Comercial, comentado y anotado", pág. 455 y sus citas; Falcón, "Código Procesal Civil y Comercial de la Nación, anotado, concordado y comentado", pág. 416 y sus citas; mi voto publicado en L.L. 1991-A, pág. 358 y mi voto en libre nº 375.513 del 19/9/03).-

Esta Sala participa del criterio que establece que para cuantificar la magnitud del perjuicio, no debe sin embargo asignársele un valor absoluto a los porcentajes de incapacidad informados por el experto, sino que es menester compulsar la efectiva medida en que dicha mengua física y psíquica ha repercutido patrimonialmente en la situación del lesionado, tanto sea en la disminución de sus aptitudes para el trabajo, como en otros aspectos de su vida que, de manera indirecta, le hayan impuesto limitaciones en su vida social y la forma en que esto afectó sus perspectivas de evolución material (conf.mis votos en libres nº 239.292 del 22/2/99; nº 303.289 del 7/11/2000 y nº 324.527 del 20/7/2001, entre muchos otros).-

Para valorar acabadamente este rubro, resulta entonces de vital importancia analizar las características personales de las víctima, quien al momento del accidente contaba con quince años de edad. Asimismo se hallaba cursando sus estudios secundarios en el establecimiento educativo propiedad de la demandada y no posee bienes inmuebles a su nombre, así como tampoco cuenta con ingresos propios, siendo único sostén económico su padre, con quien no convive (conf. expediente seguido por las mismas partes sobre beneficio de litigar sin gastos, nº 5.056/06).-

Corresponde también ponderar lo dicho por el perito médico, por cuanto sostuvo que las fracturas, aún las consolidadas, siempre pueden presentar dolores futuros y que el traumatismo sufrido por el actor ha repercutido en las partes blandas de la pierna (músculos, tendones y cápsula articular), por lo que puede llegar a hacer una artrosis post-traumática en el tiempo (conf. fs. 192/193).-

Asimismo, al fijar el monto para enjugar el rubro en cuestión, deben computarse los trastornos de orden psicológicos que padece la víctima como consecuencia del accidente, los cuales, en cierta medida como sostuvo el experto, resultan susceptibles de revertirse a través de la realización del tratamiento aconsejado, desde que el mismo resulta capaz de corregir el perjuicio que el ilícito de autos causó en el actor.-

En consecuencia, conforme lo expuesto, propongo que la suma fijada en la anterior instancia para enjugar el presente rubro, sea confirmada.-

5º.- Se agravian el actor, el demandado y la citada en garantía respecto al monto ($ 12.000) otorgado para resarcir el rubro "daño moral", solicitando el primero su elevación, mientras que los restantes requieren su reducción.-

El "daño moral" se configura por todo sufrimiento o dolor que se padece, independientemente de cualquier reparación de orden patrimonial.Es el menoscabo en los sentimientos, consistente en los padecimientos físicos, la pena moral, las inquietudes o cualesquiera otras dificultades o molestias que puedan ser consecuencia del hecho perjudicial (conf. Llambías, J. J., "Tratado de Derecho Civil - Obligaciones", t. I, págs. 297/298, nº 243).-

Para la determinación del monto indemnizatorio no se requiere prueba de su entidad, pues se lo tiene por acreditado con la sola comisión del acto antijurídico, vale decir, que se trata de una prueba "in re ipsa", que surge de los hechos mismos (conf. esta Sala, votos del Dr. Jorge Escuti Pizarro en causas nº 191.386 del 22/5/96 y nº 207.360 del 16/12/96; mis votos en libres nº 165.704 del 22/5/95 y nº 214.108 del 16/5/97, entre muchos otros).-

El perjuicio que deriva de este daño se traduce en vivencias personales de los afectados y en factores subjetivos que tornan dificultosa la ponderación judicial del sufrimiento padecido. No se trata de cuantificar el dolor humano en base a tales subjetividades, ni tampoco atendiendo a la situación económica de la víctima o a la importancia del daño material inferido, sino de elaborar pautas medianamente objetivas que conduzcan a un resultado equitativo, en orden a los padecimiento morales sufridos.-

A raiz del inesperado suceso dañoso, el actor seguramente ha padecido dolor físico derivado de la doble fractura de tibia y peroné de su pierna derecha, como también debió trasladarse a un centro asistencial, al que concurrió el día del evento, así como el posterior, por padecer de cefalea. Asimismo, el día 15, por tercera vez se desplazo hasta el sanatorio para ser intervenido quirúrgicamente, permaneciendo allí un día internado (conf. historia clínica de fs. 134/141). Corresponde también señalar la evidente inquietud que le debe haber causado la circunstancia haberse sometido a la indicada operación, por medio de la cual se le colocaron dos clavos (v. H.C.citada).-

Resulta también indudable la preocupación que le debe haber provocado las consultas médicas y tratamientos ulteriores, como así también las inciertas perspectivas sobre su total recuperación.-

Así las cosas, a fin de una correcta ponderación del rubro en estudio debe también tenerse en cuenta la ya aludida edad de la víctima y las afecciones que le ocasionó el accidente al no poder continuar con el desarrollo normal y habitual de su vida, como la afección por haber tenido que dejar de concurrir al colegio y a los lugares habituales de esparcimiento, así como el hecho de haber sido a causa de su impedimento físico, su curso desplazado hasta la planta baja del colegio al momento en que se reincorporó al dictado de clases (v. contestación de demanda fs. 46 segundo párrafo).-

Por tales antecedentes y de conformidad con pautas trazadas por el Tribunal en precedentes de similar entidad dañosa, estimo adecuado el monto fijado en la instancia de grado, el cual resulta equitativo y adecuado a la referida intensidad dañosa que en el aspecto extrapatrimonial, tuvo el accidente.-

6º.- Se queja el accionado y su aseguradora respecto al monto de pesos un mil quinientos ($ 1.500) fijado para enjugar el rubro "gastos de atención médica, farmacéuticos y de traslado", por considerarlo elevado.-

Sobre el particular la jurisprudencia ha sentado un criterio amplio en torno a su admisión, toda vez que no se exigen los comprobantes respectivos, sino que se presume su erogación en función de la entidad de las lesiones inferidas a la víctima, que en la especie, no resultan cuestionables (conf.C.N.Civ., esta Sala, mis votos en Libres nº 285.208 del 20/6/00; nº 330.400 del 4/10/01; nº 339.635 del 5/7/02; nº 363.197 del 11/3/03, entre muchos otros).-

Respecto a los gastos de curación por medicamentos y traslados, su acreditación concreta y específica no resulta necesaria, toda vez que aún cuando la atención haya sido prestada en hospitales públicos o por una obra social, de ordinario, no cubren la totalidad de los gastos en que incurren los pacientes (conf. esta Sala, L. nº 110.732 del 26/11/92, L nº 142.552 del 18/5/94, L. 508.349 del 28/8/08, entre muchos otrso).-

En consecuencia, conforme la intensidad de las lesiones padecidas por el actor, juzgo prudente y justa la remesa otorgada por el anterior sentenciante, por lo que propongo se rechace la queja efectuada y se confirme el monto fijado en la instancia de grado.-

7º.- En definitiva, voto, para que se confirme la sentencia recurrida en todo lo que decide y fuera materia de agravios. Asimismo, en atención a la suerte desestimatoria de sendos recursos y alcance de los agravios sostenidos por las partes, propongo que las costas de esta instancia se impongan en un ochenta por ciento (80%) a cargo de la demandada y citada en garantía y el restante veinte porciento (20%) a cargo del actor (art. 71 Cód. Proc.).-

Los Dres. Ricardo Li Rosi y Fernando Posse Saguier votaron en el mismo sentido por razones análogas a las expresadas en su voto por el Dr. Hugo Molteni.-

Con lo que terminó el acto.-

Es copia fiel de su original que obra a fs. del Libro de Acuerdos de la Sala "A" de la Excma. Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil.-

Buenos Aires, 3 de julio de 2009

Y VIS TOS:

Por lo que resulta del acuerdo que informa el acta que antecede, se confirma la sentencia en todo cuanto fuera objeto de recurso.Las costas de Alzada se imponen en un ochenta porciento 80% a cargo de la demandada y citada en garantía y el restante veinte porciento (20%) a cargo del actor.-

Atento lo resuelto precedentemente, corresponde entender en los recursos de apelación interpuestos contra los honorarios fijados en la anterior instancia. Ello así, en mérito a la extensión e importancia de los trabajos realizados por los beneficiarios de las regulaciones apeladas dentro de las tres etapas en las que se dividen los juicios ordinarios, monto por el cual prosperó la acción incluídos los intereses conforme el criterio de los miembros de la Sala, lo establecido por los arts.1, 6,7 ,19 ,37 y 38 de la ley 21.839 y concordantes de la ley 24.432 como así también lo decidido por el Tribunal en cuanto a la forma de retribuir los honorarios de los peritos médicos, que carecen de arancel propio (conf.esta Sala, H.502.567 del 12/3/08, entre muchos otros), modifícanse las regulaciones de fs. 288 vta.y se fijan los honorarios del letrado apoderado de la parte actora, Dr. Sebastián S. Rosenberg, en ($.); los del letrado patrocinante de la misma parte, por su intervención en la primera etapa, Dr. Ricardo Rosenberg, en ($.); los de la letrada patrocinante también de la parte actora, por su intervención en la audiencia de que da cuenta el acta de fs. 117 y la de fs. 203/204, en ($.); los del letrado de la parte demandada y citada en garantía, Dr. Eduardo P. Luchia Puig, en ($.); los del perito médico, Dr. Alberto A. Sulprizio, en ($.) y se confirman, los de los letrados apoderados de la citada en garantía que intervinieron en las audiencias de fs. 215 y 216 como así también los de la mediadora, Dra. Maria S. Cacopardo.

Por su labor en la Alzada que diera lugar al presente fallo, regulanse los honorarios del letrado apoderado de la demandada y citada en garantía, Dr. Eduardo P. Luchia Puig, en ($.) y los del letrado apoderado de la parte actora, Dr. Sebastián S. Rosenberg, en ($.) (arts.1 ,6,7,19,37,38 y 14 de la ley 21.839 y concordantes de la 24.432), sumas que deberán ser abonadas en el plazo de diez días y en las proporciones establecidas en el presente.- Notifíquese y devuélvase.-

HUGO MOLTENI

RICARDO LI ROSI

FERNANDO POSSE SAGUIER
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