Asapmi - Asociación Argentina de Prevención del Maltrato Infantojuvenil

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Algunas Consideraciones Acerca del Uso de la Cámara Gesell

Juan Pablo María Viar, abogado (UBA)

Algunas Consideraciones Acerca del Uso de la Cámara Gesell, la Credibilidad del Relato de las Víctimas del Abuso Sexual Infantil (ASI) y la Respuesta de la Justicia Penal.

Por Juan Pablo María Viar, abogado (UBA), especialista en Violencia Familiar (UBA). Docente a cargo de la materia Aspectos Jurídico-Legales del Programa de Actualización en Maltrato Infanto-Juvenil de la Facultad de Filosofía de la UBA. Vicepresidente de la Asociación de Especialista en Violencia Familiar (ACEVIFA) Miembro de la comisión directiva de la Asociación Argentina de Prevención del Maltrato. Infanto-Juvenil (ASAPMI).

Con fecha 04 de diciembre de 2003 se sancionó la ley Nº 25.852 mediante la cual se incorporó al Código Procesal Penal de la Nación el art. 250 bis. Mediante dicha norma se estableció que los menores de 16 años presuntamente víctimas de delitos sexuales sólo serán entrevistados por un psicólogo especialista en niños y/o adolescentes designado por el tribunal que ordene la medida, no pudiendo en ningún caso ser interrogados en forma directa por dicho tribunal o las partes; en un gabinete acondicionado con los implementos adecuados a la edad y etapa evolutiva del menor. También la norma establece que a pedido de parte o si el tribunal lo dispusiera de oficio, las alternativas del acto podrán ser seguidas desde el exterior del recinto a través de vidrio espejado, micrófono, equipo de video o cualquier otro medio técnico con que se cuente.
Dicha norma fue replicada en muchas provincias y es conocida como ley Rozansky en homenaje y reconocimiento a su mentor el Dr. Carlos Rozansky; ícono y valuarte de la defensa de la infancia abusada y maltratada; quien pensó principalmente en la necesidad de un modelo de intervención respetuoso de las víctimas. Sin duda ello ha significado un gran avance en la materia y ha terminado con declaraciones testimoniales tomadas por personas que no solamente no solían tener la preparación y el conocimiento adecuado para ello y que llevaban a las víctimas a insólitas situaciones de revictimización que muchos hemos conocido; cuando no a preguntas morbosas, lesivas, agraviantes y/o revictimizantes.
Al igual que la reforma del Código Penal a través de la ley 25.087, que redefinió los tipos penales relativos al abuso sexual; ambos avances no han tenido su correlación en la respuesta de la justicia penal ante los casos de ASI.
En efecto, el índice de absoluciones –de acuerdo a cifras brindadas por el Dr. Julio Castro, Director General de la Unidad Fiscal Especializada en Delitos contra la Integridad Sexual en un artículo publicado en el diario “Página 12” del 20 de mayo de 2007 por Mariana Carabajal intitulado “El otro abuso” y por datos reseñados por el mismo Rozansky- se ubicaría entre el 90 y el 95% de los casos y la sensación es que estos guarismos tienden a elevarse.
Sucede que a partir del arribo del fenómeno “back lash” -entendiéndose como tal el contramovimiento al proceso de la visibilización de la violencia familiar en general y del maltrato infanto-juvenil en particular, que al igual que en España en nuestro país ha adquirido particular virulencia.; se ha generado una incansable usina de argumentaciones y pseudoargumentaciones tanto desde orden jurídico como desde la psicopatología para denostar las denuncias de ASI como también a quienes denuncian, diagnostican y tratan a las víctimas. Entre otras las fantasías infantiles, la inducción maliciosa, el síndrome de alienación parental, la no credibilidad del relato y más recientemente la invalidez del testigo único son señaladas reiteradamente por defensores, jueces e incluso por fiscales.
A ello ha coadyuvado, la inclusión de profesionales de diferentes disciplinas con una capacitación y un entrenamiento deficiente para trabajar en esta temática y/o con magros conocimientos de los marcos propios y específicos relativos al ASI.
Este panorama sombrío se agudiza cuando el niño, la niña, el adolescente –e incluso el adulto discapacitado o que padece una grave patología psiquiátrica-; no quieren o no pueden verbalizar o relatar el abuso sexual padecido; situación en que la Cámara Gesell suele ser el paso al sobreseimiento de la causa, con consecuencias concretas en los procesos que tramitan ante los tribunales de familia como la imposición de procesos revinculatorios desaconsejados, incluso bajo apercibimiento de cambios de tenencia, cuando no la iniciación de procesos de daños y perjuicios contra los profesionales intervinientes que han denunciado, tratado o diagnóstico una presunción de ASI.
Como señalan los expertos –entre otros Sandra Baita, Paula Montero, Virginia Berlinerblau y Jorge Volnovich- durante el período pre-escolar (hasta los 5 años de edad) es poco probable que el niño o la niña víctima pueda relatar el abuso sexual, porque no entiende lo que significa, no está en condiciones de comprender la intencionalidad del abuso, por lo cual posiblemente no considerará al abusador como dañino salvo que además ejerza maltrato físico. De igual manera tampoco comprenden los tabúes y estigmas ligados al incesto, lo cual hace que experimenten también menos vergüenza y sentido de responsabilidad. Igualmente las maniobras incestuosas le pueden resultar divertida o incluso normal, ya que el abusador se encargará de que así lo vivencie el niño o la niña víctima, pudiendo las criaturas además interpretar que obedecer tiene que ver con garantizarse de ese modo la presencia del otro u otra, su afecto y su cuidado.
En otros casos, que los niños y las niñas pueden testimoniar en la Cámara Gesell, pueden resultar paradojal y nuevamente contrario a sus intereses, ya que los relatos pueden ser incongruentes o excesivamente imaginativos.
Ahora bien, un efecto aún más negativo de la Cámara Gesell es que se relativiza y menosprecia a los indicadores específicos y inespecíficos siendo estos últimos los que más frecuentemente abonan un diagnóstico de ASI. En efecto, si bien es cierto que el relato del niño o de la niña tiene la mayor relevancia y especificidad; no es menos cierto que deben tenerse en consideración otros indicadores de la misma manera que es necesario considerar también la expresión lúdica, gestual y gráfica.
En fin, no puede desconocerse el avance que significó el uso en sí de la Cámara Gesell ya que permite –entre otras ventajas- un registro riguroso de la entrevista, la documentación visual de los gestos y las expresiones faciales, la revisión posterior por otros profesionales y una forma de capacitación continua para los operadores.
Empero sucede que el juez penal tiene una función eminentemente represiva, teniendo en mira principalmente al victimario. Su función reside en investigar la existencia del hecho, si ese hecho es delito y si hay responsables por ese delito. Como en sus manos se encuentran bienes jurídicos tan preciados como la libertad y la honra de las personas, necesita la certeza de la comisión del delito y de la responsabilidad del imputado para el dictado de la sentencia condenatoria. Principalmente en los delitos intrafamiliares –y fundamentalmente en los casos de ASI- la prueba es extremadamente dificultosa, máxime cuando se trata de víctimas como las descriptas, lo que conlleva –en un sistema antivictimológico y en exceso garantista como el nuestro- a la ignorancia absoluta de las víctimas.
El juez de Familia; tienen –por el contrario- una función eminentemente tutelar: su mira está puesta en este tipo de procesos, en la protección psicofísica de los niños y el contexto probatorio es diferente y porque no decirlo, más justo.
El evidente e innegable retroceso que atraviesa la protección de la infancia en nuestro país, justifica que se analice la singularidad y las características del caso antes de iniciar una denuncia penal de hechos sexualmente abusivos que en muchos casos –aún con la condena del victimario- conlleva a la destrucción y al arrasamiento psíquico de la víctima que no llega tampoco a ser paleado por el uso adecuado de la Cámara Gesell.
El art. 19 de la Convención sobre los Derechos del Niño (CDN) prevé específicamente en el art. 19.1 la adopción de todas las medidas legislativas, administrativas, sociales y educativas apropiadas para proteger al niño contra toda forma de maltrato –incluido el abuso sexual- en el ámbito familiar. A su vez el art. 19.2. CDN prevé en su texto como medidas de protección al niño maltratado, “el establecimiento de procedimientos eficaces con el objeto de proporcionarle la asistencia necesaria tanto a su persona, como a quienes cuidan de él”. Dicha norma concuerda con la del art. 39 CDN, en cuanto prevé la “adopción de todas las medidas apropiadas para promover la recuperación física y psicológica y la reintegración social de todo niño víctima de cualquier forma de abuso”. Lo expuesto tiene su propio correlato con la imperiosa necesidad de tender al interés superior del niño/a (art. 3 CDN, cit.), a lo que, justamente, deben apuntar los tratamientos específicos.
En muchos casos, estos tratamientos resultan desaconsejados por quienes privilegian el inicio de la acción penal por sobre cualquier otra consideración tutelar, proteccional o asistencial de la víctima.
Sabiamente el art. 72 del Código Penal prevé que en el caso de los delitos contra la integridad sexual, es necesario que la causa penal sea instada por la víctima o sus representantes legales. Los adultos protectores y los representantes del Ministerio Público de Menores deben analizar cuidadosamente cuando será beneficioso o no para la víctima el inicio de dicho trámite.
Con anterioridad a la vigencia de la ley Rozansky, la Corte Suprema de Justicia se expidió en el expediente M. 1116 XXXVI RECURSO DE HECHO M., A. y otros s/abuso deshonesto, causa N. 43.394/96. En dicho fallo nuestro Supremo Tribunal entendió que las múltiples declaraciones testimoniales obligarían al niño a rememorar la situación traumática vivida, con el consiguiente efecto postraumático y estado de estrés, que esas intervenciones conllevan a una edad tan temprana, sosteniéndose asimismo que tanto las características del delito cuanto la edad del niño imponían que se evitara en lo posible su sometimiento a actos procesales que pudieran afectar aún más su desarrollo psíquico.
Mas recientemente –y ante un panorama de resoluciones de las Cámaras de Casación nacional y bonaerense realmente alarmantes- dicho tribunal dictó un fallo realmente alentador; sosteniendo en un caso de A.S.I. (G. 1359 XLIII “RECURSO DE HECHO” Gallo López, Javier s/causa Nº 222) que: “Los jueces deben adoptar un estos casos las medidas que resulten adecuadas para moderar los efectos negativos del delito (victimización primaria) y también deben procurar que el daño sufrido no se vea incrementado como consecuencia del contacto con el sistema de justicia (victimización secundaria), en todas las fases del procedimiento penal, deben proteger la integridad física y psicológica de la víctima”.-
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