Asapmi - Asociación Argentina de Prevención del Maltrato Infantojuvenil

Maltrato o Abuso Sexual Infantil.

ABUSO SEXUAL GRAVEMENTE ULTRAJANTE CON ACCESO CARNAL, en dos oportunidades

TRIBUNAL DE CASACION PENAL DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES – Sala I - 04/04/2006

ABUSO SEXUAL GRAVEMENTE ULTRAJANTE CON ACCESO CARNAL, en dos oportunidades. Hechos cometidos con armas. RECURSO DE CASACION. Procedencia. DISMINUCION DEL MONTO DE LA PENA. ATENUANTE: PERSONALIDAD PSICOPATICA Y SADICA DEL IMPUTADO. DISIDENCIA: los jueces no deben introducir motivos que ni siquiera fueron expuestos por la defensa, ya que ello violenta el principio de bilateralidad e igualdad de armas entre las partes y atenta contra la seguridad jurídica.

TRIBUNAL: – TRIBUNAL DE CASACION PENAL DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES – Sala I – 04/04/2006

En la ciudad de La Plata a los cuatro días del mes de abril dos mil seis, siendo las ....... hs., se reúnen en acuerdo ordinario los Jueces de la Sala Primera del Tribunal de Casación Penal de la Provincia de Buenos Aires, doctores Carlos Angel Natiello, Horacio Daniel Piombo y Benjamín Ramón María Sal Llargués, con la presidencia del primero de los nombrados, para resolver en causa N° 9009 de este Tribunal, caratulada “S., A. F. s/ Recurso de Casación”, respectivamente. Practicado el sorteo de ley, resultó que en la votación debe observarse el orden siguiente: PIOMBO- SAL LLARGUES- NATIELLO, procediendo los nombrados magistrados al estudio de los siguientes:
A N T E C E D E N T E S
I. El Tribunal en lo Criminal N° 3 del Departamento Judicial La Plata condenó a A. F. S. a la pena de diecisiete años de reclusión e inhabilitación absoluta por igual término, con más accesorias legales como autor responsable de los delitos de abuso sexual gravemente ultrajante para la víctima con penetración de dos vías en los términos del art. 119 primero, segundo, tercer y cuarto párrafo del Código Penal;; robo con armas en grado de tentativa en concurso real con resistencia a la autoridad en dos oportunidades y abuso sexual gravemente ultrajante para la víctima con penetración por tres vías y con armas, en los términos del art. 119 primero, segundo, tercer y cuarto párrafo letra d)) del C.P., todos en concurso real entre sí.//-
II. Contra dicho decisorio interpone recurso de casación la Adjunta de la Unidad de Defensa Nº 10 departamental, doctora Verónica Garganta. Sostiene, en primer lugar, que se han inobservado los arts. 201, 202 inc. 3º y 274 del C.P.P. y 18 de la C.N. Cuestiona en tal sentido lo resuelto por el “a quo” al considerar los reconocimientos médicos practicados a las víctimas como actos irreproducibles no obstante que no () se han llevado a cabo por disposición del Juez de Garantías. Estima que la oportunidad del art. 338 del C.P.P. no es la única ya que en el debate puede apreciarse con mayor claridad si existió o no violación al derecho de defensa. Agrega que dichos actos debieron practicarse como adelanto de prueba dando de tal modo posibilidad de intervención y contralor a la defensa. Solicita la nulidad de los reconocimientos médicos y extracción de material orgánico y consecuentemente de los actos que son su consecuencia, esto es las pericias inmunohematológicas y de cotejo de ADN. Plantea luego la inobservancia de lo dispuesto en los arts. 34 inc. 1º y 210 del C.P.P., señalando lo que considera contradicciones entre las pericias incorporadas a la causa, incurriendo el “a quo” en arbitrariedad al asignar a una misma circunstancia un valor negativo y positivo. En lo que respecta a la norma de fondo señalada expresa que el Tribunal se enrola en una tesis alienista de la imputabilidad. El fallo no explica cómo es posible que, pese al severo trastorno a nivel afectivo que tiene el imputado, mantenga indemne sus esferas cognitivas y volitivas. Asimismo denuncia lo que estima un apartamiento de lo solicitado por el Fiscal al aplicar a su pupilo pena de reclusión transgrediendo así los arts. 18 de la C.N. y 374 penúltimo párrafo del C.P.P., toda vez que entiende que el agravamiento de la especie de pena importa una violación al debido proceso legal. Finalmente cuestiona el mérito asignado a las lesiones padecidas por la damnificada, como la pluralidad de penetraciones circunstancias todas que llevaron al Tribunal a calificar el hecho como “gravemente ultrajante para la víctima” lo que importa –en su criterio- imposibilidad de valorar dichos parámetros en los términos de los artículos 40 y 41 del C.P. sin transgredir la prohibición del “ne bis in idem”.-
III. Radicados los autos en este Tribunal y llamadas las partes a la audiencia donde toca informar en derecho, la defensa ante esta sede manifiesta sostener el remedio de origen, desarrollando en su escrito de nota (v. fs. 88/91) los agravios que el fallo ocasiona a su pupilo. En tal sentido retomando el planteo de nulidad de los reconocimientos médicos sólo restaría como elemento probatorio de cargo el testimonio de cada una de las víctimas para acreditar el hecho y su autor, lo que resulta insuficiente para fundar una condena. En segundo término invoca el señor Defensor Adjunto la existencia de una situación de duda que, en función del art. 1 del C.P.P., debe resolverse en favor del imputado. Denuncia luego arbitrariedad en el proceso de mensuración de la pena, en línea con lo expuesto por la señora Defensora de origen. En cuanto a la “espera de la víctima” que habría considerado el Tribunal como agravante, expresa que la misma no ha sido probada en la causa. Dirige también su crítica al tipo de concurrencia que el “a quo” estimó configurada entre el robo calificado en grado de tentativa y la resistencia a la autoridad en dos oportunidades, ya que se trataría –en su criterio- de una única conducta con pluralidad de resultados disvaliosos pese a que pudieron haber existido dos actos materiales en su desarrollo. Finalmente, deja planteada la reserva del caso federal( art. 14, ley 48). A su turno, el Ministerio Público Fiscal destacado ante esta sede postula el rechazo del recurso, enfatizando el doctor Roldán la correcta aplicación por el Tribunal de la fórmula mixta que contempla el derecho penal argentino para la determinación de la incapacidad de culpabilidad, rechazando la configuración de absurdo en la apreciación de la prueba. Parejo rechazo pretende en cuanto a las denunciadas causales de nulidad, repulsando de igual modo los argumentos traídos por el Defensor ante esta sede que pretenden quitar valor convictivo a las declaraciones de las víctimas. Finalmente repulsa los agravios vinculados a la imposición de la especie y monto de la pena.-
V. Hallándose la causa en estado de dictar sentencia, los magistrados de referencia en el inicio de esta relación resolvieron plantear y resolver las siguientes:
C U E S T I O N E S
1ra.) ¿Es admisible el recurso de Casación deducido?
2da.) ¿Ha mediado en autos inobservancia de los arts. 201, 202 inc. 3º y 274 del C.P.P.?; incluso, ¿se ha generado alguna nulidad por la circunstancia de que el tribunal de grado haya excogitado una calificación más agravada con el correlativo cambio de tope punitivo?
3ra.) ¿Ha incurrido el “a quo” en absurdo en la apreciación de la prueba?
4ta.) ¿Cabe modificar la especie y el monto de la pena impuesta a S.?
5ta.)¿Qué pronunciamiento corresponde dictar?
A la primera cuestión planteada el señor Juez, doctor Piombo, dijo:
El decisorio ahora en crisis fue notificado por su lectura a las partes el 27/11/2001, formulándose el 3 de diciembre la condigna reserva de recurrir ante estos estrados (fs. 64). A su turno, el remedio fue depositado en esta sede dentro del plazo previsto en el rito (fs. 74 vta.) por lo que su tempestividad resulta incontrastable.-
El examen del recurso exhibe los motivos de casación correlacionándolos con las presuntas infracciones legales que denuncia, acompañando su escrito con las piezas procesales básicas debidamente certificadas (art. 451, C.P.P.).-
Finalmente la definitividad del fallo permite dar positiva respuesta al interrogante planteado (arts. 450, 454 inc. 1, cód. cit.).-
Voto por la afirmativa.-
A la misma primera cuestión planteada el señor Juez, doctor Sal Llargués, dijo:
Adhiero al voto del doctor Piombo, en igual sentido y por los mismos fundamentos.-
Voto por la afirmativa.-
A la misma primera cuestión planteada el señor Juez, doctor Natiello, dijo:
Adhiero al voto de los colegas preopinantes, en igual sentido y por los mismos fundamentos.-
Voto por la afirmativa.-
A la segunda cuestión planteada el señor Juez, doctor Piombo, dijo:
En la sentencia del 22/9/1999 recaída en causa 91, tuvo este Tribunal la oportunidad de valorizar el principio de preclusión, señalando que se halla presente en las distintas etapas del proceso como también poniendo de relieve su raigambre constitucional connatural a la seguridad jurídica.-
En virtud de dicho cartabón procesal, que pone énfasis en el avance hacia la finalización del trámite, no se puede desandar el camino ya hecho, ni retrogradar etapas. De otra forma, el proceso se equipararía a algo “proteico y maleable”, totalmente elástico y de final impredecible (ver Sala I, sent del 7/10/99 en causa 126, “Rey”).-
En la especie, gravitan dos normas expresas y, también, un acrisolado criterio de esta sede que, adelanto, comparto plenamente. En efecto, el art. 205 del adjetivo pone plazo a la argución de la nulidad y el art. 338 del mismo texto determina un momento preciso para oponer las objeciones que, basándose en los defectos rituales, comprometen “la validez constitucional de los actos de la investigación penal preparatoria”. Precisando la mira en lo último dicho, es claro que la exigencia tiene un claro objetivo, más allá del orden y la seguridad jurídicos: que la convicción por adquirir en el debate no se contamine con pruebas contrarias al principio de legalidad procesal. Al debate, afirmo de manera terminante, sólo deben llegar los elementos relevantes para la solución del caso.-
En cuanto al planteo referido a la presunta infracción al art. 274 del ceremonial, el mismo es anacrónico toda vez que parece referido al primitivo texto de la norma –es decir al anterior al impreso por la ley 13.260-, que estatuía la nulidad, y no al actual tenor que, conforme fluye de la frase inicial, deja librado a la voluntad de las partes acudir al medio allí excogitado, sin establecer sanciones por su no uso. Más aún, si la defensa en algún momento desconfió de la realización y resultado de las labores periciales, el camino era, ante la posible negativa fiscal de producir nuevas experticias, obtener su realización mediante la facultad que le otorgaba la norma en cuestión y no tratar de extraer una invalidez del decir de este precepto.-
Tampoco puede dimanar una nulidad por el encuadramiento y la penalidad seleccionada, toda vez que se ha respetado el principio de congruencia a tenor de los criterios establecidos en esta sede, a saber:
“No media inobservancia del principio de congruencia si:
..... la configuración del hecho acriminado permaneció invariable, habiéndosele agregado sólo circunstancias agravatorias de la calificación (doctrina de la mayoría, sent. del 25/11/99 en causa 184, “ Gómez”).-
..... el tribunal se abstuvo de incluir en su decisión hechos novedosos, circunscribiéndose a la prueba rendida en el debate que si demostró el mayor disvalor de la acción en función de los medios empleados, forma de ejecución y finalidad del sujeto-agente; situación esta última que no menoscaba el derecho de defensa dado que la accionada quedó en situación de igualdad con la acusación respecto de la eventualidad de una calificación distinta de la adelantada en el pedido de elevación a juicio” (Sala III, sent. del 30/11/00 en causa 3696 , “Alvarez”).-
Acoto que el plenario recaído en causa 6467 pone punto conclusivo a todo lo que resta de la queja traída.-
Voto por la negativa.-
A la misma segunda cuestión planteada el señor Juez, doctor Sal Llargués, dijo:

Expreso la minoría en el Tribunal –en soledad- respecto de la imposibilidad del Tribunal de ultrapasar el límite de la pena reclamada por el acusador.-
En lo demás, adhiero al preopinante.-
Voto por la negativa.-
A la misma segunda cuestión planteada el señor Juez, doctor Natiello, dijo:

Adhiero al voto del doctor Piombo, en igual sentido y por los mismos fundamentos.-
Voto por la negativa.-
A la tercera cuestión planteada el señor Juez, doctor Piombo, dijo:

El absurdo, como el movimiento, se demuestra andando. Y esto no sucede en el “sub-lite”.-
El meollo de la impugnación finca en la valoración de la prueba pericial. Al respecto, cabe recordar que es posición de este Tribunal que:
“Es facultad de los jueces de grado, al valorar las distintas pericias obrantes en la causa, preferir unas en desmedro de otras con la única limitación de la razonabilidad en que funden su decisión (Sala II, sent. del 19/7/2001 en causa 1208, “Banegas”).-
Apoyarse en las conclusiones de una pericia en lugar de hacerlo en otra es parte de la potestad que tienen los jueces de grado con miras a formar convicción sobre los hechos materia de proceso” (Sala I, sent. del 22/9/2000 en causa 86, “Lombardo”).-
Esto último es lo que han hecho los magistrados de grado: han desechado una pericia y elegido otras que les permiten arribar a una asertiva conclusión en punto a la imputabilidad del encartado. Lo han hecho razonadamente por vía del magistrado de primer voto, sin que el pensamiento vertido muestre fisuras de orden lógico. Por otra parte, es aplicable al caso el precedente de este Cuerpo que paso a transcribir:
“Si el inculpado presenta patologías orgánicas, resulta más lógico y adecuado a la índole de los estudios que se realizan en la etapa del debate que un médico forense con especialidad en psiquiatría y no un psicólogo sea quien, en definitiva, fije las repercusiones conductales de la atrofia en la esfera volitiva que padecería la encartada” (Sala I, sent. del 22/9/2000 en causa 86, “Lombardo”).-
El órgano de juicio, precisamente, siguió la tesitura marcada por el criterio médico por sobre la del psicólogo actuante. Incluso, el parecer del galeno fue coincidente con otras experticias suscriptas por profesionales de la psicología. Nada nos lleva a despreciar la valoración efectuada, en la que campeó entre otros factores gravitantes los principios científicos, la mayor cantidad de entrevistas sostenidas y la coherencia del dictamen a la luz de la sana crítica.-
Tampoco hay desvío de la legalidad por haber tenido por acreditado hechos, según se afirma, a través de los dichos de testigos singulares. Esto es miope y contrario a la jurisprudencia de nuestro Tribunal.-
Lo primero porque cada una de las acciones relatadas por las víctimas tienen tras si el respaldo de elementos probatorios de orden pericial e, incluso testimonial. Las lesiones sufridas son, para decirlo con un lenguaje carrariano, otros mudos deponentes que tornan inconmovibles al pormenorizado relato de quienes sufrieron el accionar delictivo. Lo segundo porque lo ha dicho esta sede que:
“Pretender descalificar un testigo a través de razonamientos basados en el sistema de prueba tasada que consagraba para el proceso escrito el Código de Jofré, implica olvidar el profundo hiato que separa lo escrito inquisitorial de lo acusatorio oral, en cuyo ámbito todos los aspectos dinámicos de la expresión testimonial –precisión en las respuestas, tranquilidad en el continente, hilación en el relato-, son plenamente apreciados por el Tribunal que hasta puede optar por los dichos de un único deponente (Sala I, sent. del 28/8/01 en causa 1680, “Chamorro Pacheco”).-
Un único testimonio puede conducir, en consonancia con otros elementos, a un coherente cuadro acerca de la reconstrucción histórica de lo ocurrido, más aún cuando no existen en la causa otros elementos que permitan demostrar que el razonamiento empleado por el sentenciante resulta falaz, o que la valoración hubiera reposado en apreciaciones puramente subjetivas” (Sala I, sent. del 13/4/00 en causa 456, “Ruíz”).-
Firmes los presupuestos de hecho, devienen incontestables el encuadramiento y la imputabilidad atribuída por el órgano de grado; esto último sin perjuicio de lo que se puntualiza al contestar la quinta cuestión.-
Una reflexión más: no tengo duda que un psicópata, como lo son muchos de los criminales de la guerra servio-bosnia, tiene al momento del accionar genocida plena comprensión de la antijuridicidad de sus actos; pero subordinaron todo al objetivo de eliminar a quienes juzgan inferiores o verdaderos obstáculos para alcanzar el desideratum de la limpieza étnica. Tampoco abrigo vacilaciones en punto a que los grandes criminales seriales de la historia del delito comprendieron el disvalor de injusto; pero también prefirieron obtener el placer de sentirse dioses dispensando la vida o la muerte o el de abastecer su sadismo viendo agonizar a sus víctimas. No en vano, la profesión de verdugo tuvo muchos postulantes en la Edad Media, como también la de manejar los instrumentos de tortura en las mazmorras inquisitoriales. Y en el caso, el placer de transformar a mujeres solitarias en forzadas servidoras de los repetidos orgasmos que apetecía, pudo más que cualquier otro elemento disuasorio o desmotivante, máxime frente a la alta expectativa de impunidad que ofrece nuestro sistema jurídico.-
Voto entonces por la negativa.-
A la misma tercera cuestión planteada el señor Juez, doctor Sal Llargués, dijo:

Adhiero al voto del doctor Piombo, en igual sentido y por los mismos fundamentos.-
Voto por la negativa.-
A la misma tercera cuestión planteada el señor Juez, doctor Natiello, dijo:

Adhiero por sus fundamentos al voto del doctor Piombo, con excepción de lo expresado en su reflexión final.-
Voto por la negativa.-
A la cuarta cuestión planteada el señor Juez, doctor Piombo, dijo:

Lo dicho por el doctor Violini (fs. 90) en cuanto a que resulta arbitrario valorar como agravante el lugar en que ocurrió el acceso sexual por vulnerar más la intimidad de la víctima cuando ello resulta que aumenta la vulnerabilidad del autor, es acertado, como también que no puede utilizarse en el plano mensuratorio de la sanción que en el hecho de la causa 60 se considere como agravante que se trate de un sitio “público” y que en la causa 62 se invoque en tal carácter el haber ingresado al domicilio de la víctima para perpetrar el acceso.-
Pasando a otro enfoque de la relación jurídica en estudio, esta sede tiene dicho que desde el polo de la inimputabilidad por inconciencia a la imputabilidad plena, se dibuja un largo camino en el cual campea el axioma de a mayor libertad o mayor capacidad de determinación, mayor responsabilidad (Sala I, sent. del 14/8/00 en causa 773, “Godoy”). En la especie, los peritos convinieron en lo siguiente:
“El médico psiquiatra y el licenciado en Psicología, Camino y Zelaschi respectivamente, puntualizaron que el imputado “padece una grave alteración de la personalidad, con rasgos psicopático perversos, estado que se caracteriza por una progresiva y creciente agresividad proyectada contra el mundo circundante, resultando de liberación de instintos”, concluyendo que S. “padece un trastorno de personalidad psicopática que permanece inmodificable, asociado a un trastorno sexual que ha variado desde un `trastorno escoptofílico´ a un `sádico´, presentando peligrosidad para sí y terceros...”.(fs. 98/99 autos principales)
A fs. 100/101 de la causa 62 (víctima G. N.) se glosa copia certificada de la pericia psicológica efectuada en el año 1997, suscripta por los peritos Zelaschi y Villano –psicólogo y médico respectivamente- en la que se expresó que S. presentaba un trastorno escoptofílico “que cursa con una gran angustia y fundamentalmente con compulsión”, la que “...compromete el control adaptativo de sus impulsos sexuales (patológicos) y no le permite la adecuación de sus conductas a la realidad circundante”.-
A fs. 228/230 del principal se glosa la pericia practicada por Virginia Vidotto de Ayllon, psicóloga, quien refiere como conclusión que S. padece un “trastorno anormal de la personalidad de características perversas que lo conducen a una marcada desadaptación social tornándolo peligroso para terceros”.-
Los peritos Médicos psiquiatras Flores y Virgini (fs. 216/217 autos principales)(cuyas opiniones en la audiencia son invocadas por el juez de primer voto) refieren que S. en el área de la afectividad se destaca “una falta de repercusión afectiva” en tanto que en el área de la voluntad se destacan “indicadores de agresividad y hostilidad dirigida hacia el exterior”.-
Lo expresado, a mi juicio, si bien no puede ser atendido en sede de imputabilidad, corresponde que sea tenido en cuenta al momento de fijar la pena, conforme lo signaron los precedentes “Tablado” y “Moreno” (Sala I, sent. del 27/6/00, en causa 180; ídem del 7/6/01 en causa 964, mayoría).-
Voto parcialmente por la afirmativa
A la misma cuarta cuestión planteada el señor Juez, doctor Sal Llargués, dijo:

Adhiero al voto del doctor Piombo, en igual sentido y por los mismos fundamentos.-
Voto parcialmente por la afirmativa.-
A la misma cuarta cuestión planteada el señor Juez, doctor Natiello, dijo:
No puedo adherir, en punto a la introducción novedosa por el preopinante de un motivo casatorio, que ni siquiera encaja en la doctrina de los motivos colindantes y subsecuentes, que habitualmente esgrimen mis colegas. Pues estos motivos de trato en la presente, no han sido expuestos ni siquiera por la Defensa ante este Tribunal.-
Me he manifestado siempre, por el rechazo de nuevos motivos introducidos por las partes al momento de la audiencia que tiene prevista el código procesal, ante esta Sede, ello, por violentar el principio de bilateralidad e igualdad de armas de las partes, y por la seguridad jurídica que debe imperar en el estado de derecho. Con mayor razón aún manifiesto mi rechazo, cuando esos nuevos motivos son introducidos por los magistrados de la casación, que deben circunscribir su cometido a los agravios planteados (Cfr. Sala I causa 8.236; S.C.J.B.A., P.81.375, P.81.725, P. 83.922).-
El Tribunal de Casación carece de competencia para revisar la legitimidad del fallo en todos sus aspectos, debiendo ceñirse en su consideración a aquellos que constituyen los motivos de agravio, y si bien excepcionalmente puede ir "más allá" de lo pedido (art. 435 del C.P.P.) sólo puede hacerlo cuando ello no importe conocer en un motivo distinto a los primitivamente planteados (art. 451 tercer párrafo del C.P.P.).-
No mediando causales de nulidad absoluta que autoricen la intervención de oficio, este Tribunal no podrá considerar otras cuestiones que las contenidas en el agravio.-
Tal como lo ha señalado la Sala II de éste Tribunal (causa N° 5.691, caratulada "Maidana"), en nuestro nuevo código de procedimientos la instancia recursiva constituye un tramo eventual del juicio que depende en forma exclusiva de la voluntad de las partes.-
Y así como resulta inaceptable que un Tribunal de Alzada se avoque al conocimiento de decisiones consentidas por las partes, es igualmente inadmisible la revisión oficiosa de aquellos puntos del fallo que merecieron la conformidad del interesado al no haber sido incluidos como motivo del recurso.-
En materia de impugnaciones debe prevalecer el principio dispositivo y ello hace que las facultades del Tribunal de Alzada en principio queden restringidas a la medida del agravio, sin el cual no hay recurso ni competencia del órgano revisor. De ahí que nuestro ritual hable de "pretensión" (art. 451 C.P.P.) y admita el "desistimiento" (arts. 432, 456, seg. párr. y 485 C.P.P.) y la "deserción" (art. 445 C.P.P.).-
La limitación del Tribunal a los motivos de agravio asegura además el contradictorio, que resulta esencial en la etapa recursiva, según se desprende de la sola lectura de los arts. 437 -vista antes de resolver la reposición-, 446 -audiencia en la apelación-. 458 -audiencia oral en casación- y 487 -eventual dictamen del Procurador y memoria de las partes.-
Debe asimismo notarse que en nuestro actual código de formas se cambió la redacción que tenía el antiguo art. 342 del C.P.P. ley 3.589 y no se habla ya de "puntos no incluidos" en el recurso, sino del conocimiento "más allá de los motivos" de agravio, lo cual sólo autoriza a extender los agravios primitivos hacia aspectos del fallo que deriven de la consideración de los mismos y nunca respecto de otros no incluidos en la presentación originaria ni directamente vinculados a los agravios que ella contiene.-
Tampoco hay razón lógica o jurídica que permita entender que el Tribunal puede pronunciarse respecto de puntos sobre los que ni las propias partes se pueden explayar una vez vencido el plazo recursivo (conf. art. 451 párr. 3° del C.P.P.), o para suponer que aquello que se le prohibe a la defensa en la oportunidad del art. 458 puede luego hacerlo de oficio el Tribunal sin posibilidad alguna de requerimiento o contradicción de los interesados.-
Si bien son propias del recurso casatorio las funciones normofiláctica, uniformadora y dikelógica, en nuestro nuevo ritual ellas se encuentran subordinadas al principio dispositivo y a los de igualdad y contradicción y sólo resultan operativas en el marco que la ley fija para la competencia del Tribunal.-
Resulta entonces que, ceñido el análisis a los agravios temporáneamente introducidos, el planteo debe rechazarse.-
Voto por la negativa.-
A la quinta cuestión planteada el señor Juez, doctor Piombo, dijo:
Por los argumentos expuestos al votar las cuestiones precedentes, propongo al acuerdo: a) por lo votado al tratar la primera cuestión, declarar admisible el recurso de Casación interpuesto por la Adjunta de la Unidad Funcional de Defensa Nº 10 del Departamento Judicial de La Plata, doctora Verónica Garganta en favor de A. F. S.; b) por lo votado al abordar la segunda cuestión, rechazar las nulidades argüídas; c) por lo expresado al examinar la tercera cuestión, rechazar los planteos concernientes al absurdo probatorio y correlativo cambio en la imputabilidad y calificación del hecho; en esto último también de conformidad a lo dicho al examinar el interrogante inmediato siguiente; d) por lo votado al tratar la cuarta cuestión, por mayoría, determinar una nueva constelación de circunstancias atenuantes, suprimiendo también dos de las circunstancias agravatorias traídas en el fallo de instancia; e) en consecuencia, fijar la pena de catorce años de privación de libertad bajo la forma de reclusión; sin costas (arts. 18 C.N.; 34 inc. 1°, 40, 41, 42, 55, 119 primero, segundo, tercer y cuarto párr. letra d), 166 inc. 2 en función del 42 y 239 del C.P.; 201, 202 inc. 3°, 210, 274, 373, 433, 448, 450, 451, 454, 456, 460; 530 y 531 del C.P.P.) f) ante los dictámenes contestes de los peritos, propongo a mis colegas de voto disponer que el condenado sea sometido a tratamiento psicológico permanente a efectos de morigerar o intentar corregir la deformación en su personalidad de amplia información en autos; g) tener presente la reserva del caso federal planteada por el Defensor Adjunto de Casación a tenor del art. 14 de la ley 48.-
Así lo voto.-
A la misma quinta cuestión planteada el señor Juez, doctor Sal Llargués, dijo:
Adhiero al voto del doctor Piombo, en igual sentido y por los mismos fundamentos.-
Así lo voto.-
A la misma quinta cuestión planteada el señor Juez, doctor Natiello, dijo:
El recurso debe ser declarado admisible y rechazado en la totalidad sus planteos casatorios, con costas a la vencida por no haberse acreditado las trasgresiones que se denuncian (art. 210, 373, 421, 448, 451 C.P.P.; art. 168 y 171 de la Constitución provincial).-
Así lo voto.-
Con lo que terminó el Acuerdo dictándose la siguiente
S E N T E N C I A
Por lo expuesto en el Acuerdo que antecede, el Tribunal resuelve:
I.- Declarar admisible el recurso de Casación interpuesto por la Adjunta de la Unidad Funcional de Defensa Nº 10 del Departamento Judicial de La Plata, doctora Verónica Garganta en favor de A. F. S.;
II.- Por los fundamentos dados, rechazar las nulidades argüídas, así como los planteos concernientes al absurdo probatorio y correlativo cambio en la imputabilidad y calificación del hecho.-
III.- Por mayoría, determinar una nueva constelación de circunstancias atenuantes, suprimiendo también dos de las circunstancias agravatorias traídas en el fallo de instancia.-
IV.- Por mayoría, fijar la pena de catorce años de privación de libertad bajo la forma de reclusión; por mayoría, sin costas.-
Arts. 18 C.N.; 34 inc. 1°, 40, 41, 42, 55, 119 primero, segundo, tercer y cuarto párr. letra d), 166 inc. 2 en función del 42 y 239 del C.P.; 201, 202 inc. 3°, 210, 274, 373, 433, 448, 450, 451, 454, 456, 460;; 530 y 531 del C.P.P.-
V.- Por mayoría, disponer que el condenado sea sometido a tratamiento psicológico permanente a efectos de morigerar o intentar corregir la deformación en su personalidad.-
VI.- Tener presente la reserva del caso federal planteada por el Defensor Adjunto de Casación a tenor del art. 14 de la ley 48.-
VII.- Cumplido con el registro legal, pase a la Mesa Única General de Entradas, conforme al Acuerdo Extraordinario del pleno suscripto con fecha 28/12/04, para su notificación con copia certificada de lo aquí resuelto a al Tribunal Criminal Nº 3 del Departamento Judicial La Plata.-
Arts. 33 y 36 del Reglamento Interno del Tribunal de Casación.-
Oportunamente archívese.//-
Fdo.: Dr. Horacio Daniel Piombo – Dr. Benjamin Ramon Sal Llargues – Dr. Carlos Angel Natiello
Ante Mi: Cristina Plache


Citar: elDial AA36EB
Publicado el: 15/08/2006
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