Asapmi - Asociación Argentina de Prevención del Maltrato Infantojuvenil

Maltrato o Abuso Sexual Infantil.

Violencia familiar. Ley 9283. Art. 27. - Comparecimiento conjunto de la víctima y el agresor. Constitucionalidad.

Cámara de Familia de Córdoba - 29 de mayo de 2006 -

V., A. H.
Cámara de Familia de Córdoba, 1ª Nominación
Córdoba, 29 de mayo de 2006

Y VISTOS: Estos autos caratulados "V., A. H. - DENUNCIA LEY 9283 - RECURSO DE APELACIÓN", de los que resulta que:

1) A fs. 21/24vta. comparece el Sr. Fiscal de las Cámaras Civiles, Comerciales y Laboral a cargo de la Fiscalía de Familia, Dr. Francisco Junyent Bas, e interpone recurso de apelación en contra del Auto N° 406 dictado por la Sra. Juez de Familia de Tercera Nominación con fecha veintisiete de abril de dos mil seis (fs. 18/20) en cuanto resuelve:

"... 1) Declarar la inconstitucionalidad de oficio para el caso concreto de la última parte del art. 27 de la Ley 9283 en cuanto dice "...Prohibiéndose la confrontación o comparecimiento conjunto de la víctima y el agresor...".

2) Concedido el recurso de apelación (fs. 27), el impugnante expresa agravios a fs. 21/24vta.

3) Elevadas las actuaciones, se avocan los miembros de esta Cámara en los términos del art. 382 del C.P.C., por remisión del art. 183 de la Ley 7676 y se dicta el decreto de autos (fs. 28). Encontrándose firme este proveído, queda el planteo en estado de ser resuelto.

Y CONSIDERANDO:

I) Que el recurso de apelación ha sido interpuesto oportunamente, corresponde su tratamiento.

II) El recurrente se dice agraviado por el Auto N° 406 de fecha 27 de abril del año 2006 (fs. 18/20) en cuanto la Sra. Jueza argumenta que no permitir la comparecencia conjunta de los involucrados a la audiencia prevista en el art. 22 de la ley 9283, además de limitar las facultades de los magistrados, atenta contra los derechos constitucionales expresos, como el derecho de defensa y el debido proceso. Señala el representante del Ministerio Público Fiscal que la resolución atacada sostiene que resulta imposible la defensa sin el debido contradictorio, consistente en el presente caso en el comparecimiento conjunto de la víctima y el agresor a la audiencia mencionada.

a) El Sr. Fiscal de Cámaras apelante se refiere, en primer lugar, a la declaración de invalidez y dice que la inconstitucionalidad constituye una de las actividades de mayor gravedad que puede ejercer el órgano jurisdiccional, pues implicaría la invalidez de una norma dictada por quien ha recibido el respaldo electoral del soberano, y que tan grave son los efectos que esa declaración produce que en doctrina del máximo interprete federal ha sido catalogada como la razón última del sistema, y cita fallos estiman avalan su posición. Sostiene que la gravedad de esta decisión preconiza el examen restrictivo de la materia, la interpretación integral y armónica del ordenamiento jurídico, a partir del principio de constitucionalidad de la norma y el deber de buscar una vía interpretativa en concordancia con la Constitución. Afirma que, por estas razones, es que la declaración de invalidez sólo puede arribarse luego de que el Juez haya realizado un examen integral del ordenamiento positivo; que si mediante una correcta exégesis de los textos legales es posible sostener su vigencia, corresponde desechar la declaración de inconstitucionalidad; que debe respetarse el principio liminar en que se apoya el estado de derecho, que indica estar a la validez del sistema legal (T.S.J Cba. "Gangi Salvador L. c/ Fiat Auto Argentina SA y otros- indem. por incap. - Recurso de casación e inconstitucionalidad- Sentencia Nº 4 12/03/02); que si de una correcta e integral hermenéutica de la Ley de Violencia Familiar surge una solución que guarde concordancia con la Constitución, debe desecharse todo intento de declarar la invalidez de la norma. Afirma, entonces, que es por ello que ese Ministerio, como contralor del orden público, se ve en la obligación de instar el reexamen del resolutorio cuestionado y se agravia de la declaración de inconstitucionalidad del art. 27 de L.V.F por entender que dicha norma no vulnera el sistema de la Carta Magna. Se señala que el art. 27 L.V.F. dispone que "...En todos los casos el principio orientador será prevenir la revictimización, prohibiéndose la confrontación o comparecimiento conjunto de la víctima y el agresor". Estima que ello no quebranta el derecho de defensa en juicio, ni el debido proceso, porque la norma establece la modalidad en la que se llevará a cabo la audiencia, el modo de escuchar a las partes, pero no conjuntamente y ni en el mismo momento. Entiende el impugnante que con esta norma no se le está vedando a ninguna de las partes su derecho a manifestar las circunstancias y derechos sino que se establece un mecanismo de recepción de sus dichos- lo que dista de un contradictorio- de modo que no produzcan mayores daños en un posible nuevo enfrentamiento con motivo de la audiencia; que si bien es cierto que, en principio, limita las facultades de los jueces, es una limitación expresa, específica y excepcional, establecida con el fin de priorizar el menor perjuicio para la parte que resulte víctima de la situación, y de no exponerla a nuevas situaciones de violencia. Agrega que el texto de la misma norma habla de un "principio orientador" que será el de prevenir la revictimización, por lo que se trata de una guía para el magistrado quien, con todos los elementos colectados antes de la audiencia y como director del proceso, evaluará si efectivamente es factible o no que se produzca dicha situación. Se afirma que si el magistrado cuenta con los elementos suficientes corresponderá hacer valer la prohibición de realizar la audiencia conjunta con la víctima y el agresor; pero, si por el contrario, se considera que no se desencadenarán nuevos hechos violentos, podrá evaluar la posibilidad de realizar la audiencia en conjunto, sin que ello afecte el art. 27 de la L.V.F.. El Sr.Fiscal entiende que la garantía de la defensa en juicio no se reduce al otorgamiento de facultades para el ejercicio del poder de defensa, sino que se extiende a la provisión por el Estado de los medios necesarios para que el juicio, al que se refiere el art. 18 de la Constitución Nacional, se desarrolle en paridad de condiciones respecto tanto de la víctima como del presunto agresor; que en ese sentido la norma analizada pretende otorgar paridad de condiciones escuchando a ambas partes, pero con la particularidad de que, si existe la posibilidad de una revictimización, la audiencia no se realice con el comparecimiento conjunto de víctima y agresor; se señala que, a fs. 13/14, ese Ministerio entendió que, adoptadas las medidas preventivas y ordenados los informes referidos al diagnóstico interdisciplinario, cabía fijar la audiencia a fin de evaluar el curso a seguir.

b) En segundo término, el impugnante se agravia por estimar que la Juez mal interpreta la finalidad de la audiencia del art. 22 y, en consecuencia, el proceso establecido en ese punto de la ley de Violencia Familiar; que la finalidad de dicha audiencia no es transformar la medida urgente en un juicio, sino que se fija a los fines de evaluar la situación que se plantea en el caso concreto. Considera que en ese ordenamiento normativo, los arts. 19 a 30 reglan un procedimiento sumario y tutelar que cubre dos facetas claves: la primera, la medida cautelar que pueda ordenar el órgano jurisdiccional; y la segunda, el diagnóstico de situación mediante el abordaje interdisciplinario.

Así estima que la intervención del órgano judicial se estructura como una herramienta que se ha calificado como "tutela anticipada" o "sesgo autosatisfactivo" en un procedimiento "monitorio", urgente y sumario; que la denuncia que habilita todo el proceso previsto por la ley 9283 deja traslucir una pretensión de urgente cautela por parte de la jurisdicción, cuyo fin principal es el cese perentorio y urgente de la situación de violencia. En definitiva, conforme lo expuesto, concluye que no se trata de un proceso contradictorio, sino de un proceso monitorio, por lo que en este punto tampoco le asiste razón a la a-quo al sostener que no se cumple con el "debido contradictorio", pues no es esa la naturaleza del proceso en cuestión y, que corresponde se rechacen los argumentos esgrimidos.

III) Este Tribunal ha sido llamado a resolver un recurso de apelación intentado por el señor Fiscal de Cámaras Civiles, a cargo de la Fiscalía de Familia, en contra del Auto N° 406 de fecha 27 de abril del año 2006 (fs. 18/20) por el cual la señora Juez de Familia de Tercera Nominación declara la inconstitucionalidad del art.27 de la Ley Provincial Nº 9283. a) La resolución impugnada considera que la redacción del art. 27 de la referida ley es clara y expresa: "...prohibiéndose la confrontación o comparecimiento conjunto de la víctima y agresor". Entiende la magistrado actuante que los términos del artículo impiden que el Juez convoque a comparecer conjuntamente a los involucrados; que ello restringe las amplias facultades que tiene como director del proceso para resolver la manera de llevar a cabo la audiencia prescripta por el art. 22 de la ley; que entender que esta prohibición es principio orientador consistente en "evitar la revictimización", no se ajusta al significado del verbo empleado por el art. 27; que "prohibir" se define como "vedar o impedir el uso o ejecución de algo", según el Diccionario de la Real Academia Española; que tal prohibición también atenta contra derechos constitucionales, tales como el derecho de defensa y el debido proceso pues resulta imposible la defensa sin el contradictorio; que en el caso concreto éste se plasmaría en el comparendo conjunto de víctima y agresor a la audiencia citada. En atención a todo ello declaró de oficio la inconstitucionalidad de la última parte del mencionado art. 27 de la ley 9283, en cuanto dispone la prohibición del comparecimiento conjunto de la víctima y el agresor. b) El representante del Ministerio Público Fiscal, al apelar expresa que sólo puede declararse la inconstitucionalidad luego de un examen integral del ordenamiento positivo y que si de una correcta hermenéutica de la Ley de Violencia Familiar surge una solución que guarde concordancia con la Constitución no debe declararse la invalidez de la norma. Afirma que el art. 27 L.V.F no vulnera el sistema de la Carta Magna pues no quebranta el derecho de defensa en juicio, ni el debido proceso y procura evitar la "revictimización" de los afectados, sin vedar a las partes manifestar sus derechos; que este mecanismo intenta evitar un nuevo enfrentamiento con motivo de la audiencia; que la limitación a las facultades de los jueces es expresa, específica y excepcional; que el "principio orientador" de prevenir la producción de nuevos daños es guía para el magistrado quien, con todos los elementos colectados y como director del proceso, evaluará si es factible que se produzca tal situación; que si se considera que no ocurrirá podrá realizar la audiencia en conjunto sin que se afecte el art. 27 L.V.F.; que la norma otorga paridad de condiciones al escuchar a ambas partes con la particularidad de que, si existe posibilidad de revictimización, la audiencia no se realice en forma conjunta con víctima y agresor. En segundo término, el impugnante se agravia por estimar que la Juez mal interpreta la finalidad de la audiencia del art. 22; que ésta no es transformar la medida urgente en un juicio sino evaluar la situación en el caso concreto; que los arts. 19 a 30 L.V.F. reglan un procedimiento tutelar que cubre la medida cautelar y el diagnóstico mediante el abordaje interdisciplinario; que se trata de una "tutela anticipada" o "sesgo autosatisfactivo" en un procedimiento "monitorio", urgente y sumario, cuyo fin principal es el cese perentorio de la situación de violencia; que no se trata de un proceso contradictorio sino de uno monitorio. Por todo ello se entiende que no corresponde un reclamo de "debido contradictorio", pues no es esa la naturaleza del proceso en cuestión y que corresponde se rechacen los argumentos esgrimidos.

c) A los fines de resolver debe señalarse, en primer lugar, que en el subexamen no se ha cuestionado la potestad de los jueces para declarar de oficio la inconstitucionalidad de las leyes. Ello pues, en nuestra organización constitucional, los tribunales de justicia tienen la atribución y el deber de examinar las leyes, en los casos concretos que se traen a su decisión, en comparación con el texto de la Constitución para averiguar si guardan o no conformidad con ésta y, en éste último supuesto, abstenerse de aplicarlas (art. 31 CN); lo dicho es sin necesidad de petición expresa de parte interesada pues, en caso de colisión de normas, debe aplicarse la de mayor rango desechando la de rango inferior. Esto no se opone a la presunción de validez de los actos estatales en general, ya que dicha presunción se quiebra si se contraría una norma de jerarquía superior, lo que ocurre cuando las leyes se oponen a la Constitución. Tampoco puede verse en el control oficioso de constitucionalidad el menoscabo del derecho de defensa de las partes, pues si así fuese debería, también, descalificarse toda aplicación de oficio de cualquier norma legal no invocada por ellas so pretexto de no haber podido los interesados expedirse sobre su aplicación al caso (conforme doctrina de CSJN 19/8/2004 "Banco Comercial Finanzas S.A.- en liquidación Banco Central de la República Argentina, s/ quiebra").

La declaración de inconstitucionalidad de una norma jurídica es, sin embargo, un recurso extremo, de aplicación restricta y procedente cuando la interpretación sistemática de la norma, en el contexto del sistema legal que la incluye, contraviene el orden constitucional y no permite otra vía que su descalificación para eludir su aplicación. Por ello debe verificarse si la única interpretación posible de la norma cuestionada afecta su coherencia y adecuación constitucional.

c.1. En el Auto N° 406 de fecha 27 de abril del año 2006 (fs. 18/20) la Sra. Juez argumenta que no permitir la comparecencia conjunta de los involucrados a la audiencia prevista en el art. 22 de la ley 9283 limita las facultades de los magistrados y atenta contra el derecho de defensa y el debido proceso al imposibilitar el contradictorio; que tales restricciones resultan del texto del art. 27 L.V.F. al disponer que "...En todos los casos el principio orientador será prevenir la revictimización, prohibiéndose la confrontación o comparecimiento conjunto de la víctima y el agresor".

c.2. Del cotejo de los agravios vertidos con los fundamentos de la resolución en examen y de la confrontación del texto del art. 27 de la Ley Nº 9283 con los principios constitucionales que se han afirmado vulnerados se concluye que no existe menoscabo constitucional que amerite su declaración de invalidez.

En primer lugar, la declaración de inconstitucionalidad no puede fundarse en apreciaciones de mérito de las soluciones legislativas sino en la repugnancia manifiesta de la norma cuestionada con cláusulas de mayor jerarquía. Por ello, aunque la Ley de Violencia Familiar, de reciente dictado en la Provincia de Córdoba, adolezca de inconsecuencias, contradicciones y deficiencias de técnica legislativa y la expresión utilizada por la norma cuestionada no es feliz, quienes la aplican deberán interpretarla sistemáticamente para que no se frustren los objetivos que enuncia el Capítulo Primero de dicho cuerpo legal. En el sentido mencionado es dable señalar que esta ley se ocupa de una forma de actuación que no debe desnaturalizarse con el planteo de trámites que excedan el limitado encuadre de las medidas urgentes (conf. C. Nac. Civ., sala C, 30/12/1999-C.,R.M. s/ Protección- Lexis Nº10/8149); las decisiones que se adopten en su marco apuntan a la prevención o cesación de una situación de violencia para lo que el juez goza de amplitud de facultades a la hora conocer los hechos, lo que no se restringe a tomar "conocimiento de la denuncia" (conf. Sosa, Toribio. Apuntes procesales sobre la nueva Ley de Violencia Familiar de la Provincia de Buenos Aires. LLBA-2001-421). Este tipo de medida urgente no es ajena a los Jueces de Familia quienes, antes de esta nueva regulación, las disponían en los términos de los arts. 16 inc. 14 y 21 inc. 4 de la ley 7676; los principios de este cuerpo legal también deben inspirar la aplicación de la ley específica (art.34 L.V.F.). Por lo tanto, a la luz de la experiencia, los señores magistrados dispondrán, a fin de enervar la crisis violenta, medidas especiales, urgentes y transitorias (conf. Arts. 20,21 y 23 L.V.F.); éstas, por las particularidades del conflicto, no son accesorias ni dependen de ningún procedimiento posterior, hacen prevalecer el principio de celeridad, reducen la cognición y postergan la bilateralidad (conf. Medina, Graciela. Violencia familiar en la Provincia de Bs. As.. RDF 2003-24-83). Se advierte así, que este tipo de decisión procura solucionar coyunturas urgentes ante la evidencia del riesgo y puede adoptarse sin oír al presunto autor de la agresión, como ocurre aún en hipótesis de las llamadas "cautelares clásicas", sin perjuicio de ordenar el diagnóstico interdisciplinario de la situación (arts.20 y 25 L.V.F.). Se colige, entonces, que la prohibición que sienta el art. 27 L.V.F. no cercena derechos constitucionales pues si el Juez convocara a audiencia sería con la sola finalidad de evaluar los resultados de la medida dispuesta, tal como lo reza la norma del art. 22 L.V.F.; no se trata de iniciar un juicio "principal", a lo que la ley no alude en ningún momento. Por el contrario, el tratamiento jurisdiccional de estas medidas urgentes se agota en sí mismo y no debe sacarse del acotado marco procesal señalado. Esto resulta del propio texto legal que expresa: "la aplicación de la presente ley no afectará el ejercicio de los derechos que correspondan a la víctima de violencia familiar, conforme los ordenamientos jurídicos en materia civil y penal, así como tampoco afectará los principios procesales aplicables en controversias de orden familiar" (art. 6º L.V.F.); debe entenderse que dichos derechos también se garantizan al presunto agresor. En similar sentido, la ley cordobesa en cuestión también prevé la posibilidad de fijar provisoriamente alimentos, la guarda o regímenes de contacto "...mientras se inician, sustancian y resuelven estas cuestiones por el trámite que para ellas prevén las normas procedimentales en vigencia..." (art. 21 inc.h L.V.F.). Por lo dicho, no se afecta el "contradictorio" pues éste no es propio del proceso urgente y el derecho de defensa del eventual victimario se satisfará si se lo oye después de tomada la medida o ésta es impugnada, como puede ocurrir en todas las decisiones urgentes dispuestas "inaudita parte" en materia familiar (conf. Arts. 139 y 140 Ley 7676). En cuanto a la veda de convocatoria conjunta de los protagonistas, que la juez ha estimado inconstitucional, es dable señalar que las leyes de violencia familiar, en general, contemplan la fijación de una audiencia después de dictar las medidas urgentes. Su finalidad es conocer y evaluar el resultado de lo decidido y apunta, asimismo, a instar la búsqueda de apoyo para superar las causas de la violencia o se la convoca para disponer el procedimiento a seguir (art. 5, Ley Nº 11.529 de Santa Fé). Ciertas regulaciones requieren que la citación se produzca para días y horas diferentes (art.5, Ley Nacional Nº 24.417) o para "audiencias separadas" (art. 11, Ley Nº 12.569 de la Provincia de Bs. As.). A este respecto la doctrina ha entendido que la vigencia de otras normas (C.P.C) y las circunstancias del caso, autorizan al magistrado a citarlas conjuntamente con miras a lograr la celebración de acuerdos (conf. Medina, G., ob. y lug. citado; Di Lella, Pedro y Di Lella Pedro (h) La Ley de Protección contra la violencia familiar de la Provincia de Bs. As.. J.A. 2001-II-1258). Otros ordenamientos provinciales de la materia no realizan tal distingo y simplemente expresan que, después de conocidos los hechos o de adoptadas las medidas, se citará a "las partes" (art. 5º, Ley Nº 5019 de Corrientes; art. 11, Ley Nº 2212 de Neuquén; arts. 19 y 25, Ley 3040/96 de Río Negro) o a la víctima y al agresor (art. 9, Ley Nº 39 de Tierra del Fuego), sin perjuicio de que pueda disponerse la comparencia de ambas en forma separada según las características de la situación (art. 11 Ley Nº 9198 de Entre Ríos). En nuestro caso el artículo cuestionado de la Ley 9283 sienta el principio de tutela efectiva que tiende a evitar otra situación de violencia en los Tribunales, al prohibir la "confrontación o el comparecimiento conjunto", pero no "obliga" a citar a los involucrados en días diferentes. Por lo tanto, si a la luz del principio tutelar de la víctima se considera riesgosa la presencia simultánea se los podrá convocar en horarios sucesivos. Lo dicho no impide que, verificada la efectividad de la medida y que la decisión anterior ha logrado desarticular la violencia de la crisis, se reúna a ambas partes para intentar que concilien, inmediatamente después de oírlos por separado. El principio de conciliación es rector en la actuación del fuero familiar y ya se ha visto que limitaciones legales similares no empecen la aplicación de normas supletorias que posibiliten los acuerdos (v. gr. comentario de Di Lella, padre e hijo al art. 11 de la Ley 12.569 de la Pcia. Bs.As..). Por todo lo expresado se estima que la postergación de la bilateralidad, propia de estos procesos urgentes, no afecta sustancial ni definitivamente la potestad judicial de escuchar a ambas partes en conjunto.

En consecuencia, la contradicción del art. 27 L.V.F. con el orden jerárquico superior es sólo aparente y no se afectan las garantías de igualdad, debido proceso y defensa al no formularse criterios arbitrarios, de indebido favor, disfavor, privilegio personal o de clase o de ilegítima persecución. Por todo lo dicho, debe ratificarse que no existe inconstitucionalidad en esta norma, ya que la prohibición cuestionada no genera una repugnancia clara, precisa y manifiesta con el ordenamiento normativo superior. Finalmente, en caso de duda entre validez o invalidez de las normas jurídicas debe estarse por la primera (Fallos 171:87). Por todo lo expresado y disposiciones legales citadas, se resuelve:

I) Hacer lugar al recurso de apelación intentado por el Sr. Fiscal de Cámaras, Civiles, Comerciales y Laboral, Dr. Francisco Junyent Bas y, en consecuencia, revocar el Auto Nº Cuatrocientos seis, dictado con fecha veintisiete de Abril de dos mil seis, por el Juzgado de Familia de 3ª Nominación, en tanto declarara la inconstitucionalidad del art. 27 de la ley 9283.

II) Protocolícese, hágase saber y bajen



RODOLFO ROLANDO GROSSO - MARIA VIRGINIA BERTOLDI DE FOURCADE

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