Asapmi - Asociación Argentina de Prevención del Maltrato Infantojuvenil

Daños y Perjuicios en casos de Violencia Familiar y Abuso Sexual Infantil.

Daños y Perjuicios derivados de Abuso Deshonesto.

Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil - Sala M - 26 de noviembre de 2004.

JUZG. 106 Exp. 21.461/01 Sala M 396848

ACUERDO Nº 196.- En Buenos Aires, a los 26 días del mes de noviembre del año dos mil cuatro, hallándose reunidos los señores jueces de la Sala "M" de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil, Dres. Miguel Ángel Vilar, Gladys S. Alvarez y Hernán Daray a fin de pronunciarse en los autos "M., M. E. C/ M., R. L. S/ daños y perjuicios", la Dra. Álvarez dijo:

Contra la sentencia de fs.146/154 que hace lugar a la demanda por daños y perjuicios derivados del abuso deshonesto que cometiera respecto a su hijo, apela el demandado expresando agravios a fs.183/184, los cuales han merecido respuesta a fs.185/188. Por su parte, el Sr. Defensor de Menores de Cámara emite su dictamen a fs.190/192.

En primer lugar, puedo señalar que coincido con la parte actora y el Sr. Defensor de Menores en cuanto a que el escrito de fs.183/184 no cumple con los recaudos que el art.265 del Código Civil establece, lo cual amerita que se declare desierto el recurso del demandado. Es que tal como lo señalara en innumerables oportunidades, la expresión de agravios, como su nombre lo indica, supone manifestar, expresar el perjuicio, la ofensa que el pronunciamiento le produce al agraviado, fundado en hechos y derecho. No es una simple fórmula carente de sentido, sino que constituye una verdadera carga procesal, y para que cumpla su finalidad debe contener una exposición jurídica que contenga una "crítica concreta y razonada de las partes del fallo que el apelante considere equivocadas". Lo concreto se refiere a lo preciso, indicando, determinando, cuál es el agravio. Deben precisar así, punto por punto, los pretendidos errores, omisiones y deficiencias que se le atribuyen al fallo, especificando con toda exactitud los fundamentos de las objeciones. Es decir, que deben refutarse las conclusiones de hecho y de derecho que vertebren la decisión del a- quo, a través de la exposición de las circunstancias jurídicas por las cuales se tacha de erróneo el pronunciamiento (conf. Morello, Códigos Procesal en lo Civil y Comercial de la Pcia de Buenos Aires y de la Nación. Comentado y Anotado, TIII, pág.351, Abeledo Perrot, 1988).

Esta crítica debe tender a demostrar los errores que atribuye al juzgador, en cuanto a los hechos, la apreciación de éstos y de la prueba y de la interpretación y aplicación del derecho. Debe concretar los agravios, sobre cada "capítulo", manifestando con precisión las razones en que se apoya.

Por ello conforme lo tiene establecido reiterada jurisprudencia, las afirmaciones genéricas, las impugnaciones en general, el mero desacuerdo con lo resuelto o simples consideraciones subjetivas o disgregaciones inconducentes o que carezcan del debido sustento jurídico, o la acumulación de alegaciones meramente sumadas o añadidas, la remisión a escritos anteriores de la causa o la reproducción literal de una anterior presentación, entre otras situaciones, no satisfacen las exigencias del art. 265 del Código Procesal (conf. esta Sala, expte.105.464 "Far J.J c/ Aspeche C.M. s/cobro de sumas de dinero").

Tal es el caso de autos, donde el recurrente lejos de atacar y refutar los sólidos argumentos expuestos por la a-quo, vierte consideraciones inconsistentes y carentes de sustento probatorio que no logran conformar la crítica exigida por el ordenamiento procesal.

No obstante lo expuesto, teniendo en miras el amplio criterio con el que debe apreciarse el derecho de defensa en juicio, y dada la gravedad del caso, estimo pertinente efectuar las siguientes consideraciones.

En la causa penal nº 502/97 caratulada "M., R. L. s/ abuso deshonesto agravado por el vínculo reiterado" el aquí demandado resultó condenado por el delito de abuso deshonesto cometido respecto de su hijo, R. D., sentencia que al día de la fecha se encuentra firme. Si bien el demandado sostiene que ese fallo podría haber sido distinto de haber contado con una defensa coherente y que cuenta con elementos suficientes como para reabrir la causa y propiciar una absolución, en ningún momento menciona cuáles serían estas pruebas que demostrarían su inocencia, lo cual impide evaluar una solución distinta a la aportada por el Tribunal Oral que lo juzgara.

Amén de ello, parece desconocer el apelante que el art. 1102 del Código Civil dispone que "después de la condenación del acusado en el juicio criminal, no se podrá contestar en el juicio civil la existencia del hecho principal que constituya el delito, ni impugnar la culpa del condenado" ..

Pero aún prescindiendo de la fuerza vinculante del fallo dictado en sede penal que emana de este precepto legal, en el caso el minucioso y profundo análisis de la prueba efectuado por los Jueces a fs. 218/233 logra determinar, pese a la dificultad probatoria en este tipo de delitos, la existencia real del ilícito, en forma reiterada, concretamente en dos oportunidades. Y cabe aclarar que no se trata aquí de que "no existieran elementos probatorios determinantes para llegar a una conclusión certera", como dice el recurrente, sino que el Tribunal remarcó que pese a que en este tipo de delitos la prueba es escasa y difícil de reunir, se logró acreditar claramente la comisión de este delito por parte del aquí demandado.

A la luz de las pruebas reunidas en sede penal y el lúcido análisis de ese material por parte del Tribunal Oral, sumado a los elementos probatorios colectados en autos, es indudable la comisión del delito de abuso deshonesto por parte del recurrente hacia su propio hijo.

Ello así el daño moral surge in re ipsa loquitur, sin necesidad de prueba alguna, pues el hecho en sí implica un grave quebrantamiento a la integridad espiritual de la víctima, una afectación a su equilibrio, a su tranquilidad y a sus afecciones legítimas más íntimas. Porque, en definitiva, tal como lo refiere la perito psicóloga, el abuso sexual va ligado inexorablemente al abuso emocional (fs.116 vta.).

Escasos e incomparables son los casos en los que el daño moral es tan gravoso, donde se tras toca de tal forma el ámbito espiritual de la víctima que ésta se sentirá afectada durante toda su vida y en distintas aspectos sumamente importantes de ella, pues los casos de abuso sexual a temprana edad traen consecuencias luego no sólo en el ámbito sexual, sino también en lo social, en lo académico, etc. (conf. Michael Freedman, "El papel del abuso sexual en la infancia en la formación de síntomas psicosomáticos en el adulto: un caso ilustrativo", citado a fs.224 vta./225 de la causa penal; y conf. pericia de fs.113/119 de estos autos).

Y no se trata sólo de la angustia, el desconsuelo y el intenso sufrimiento que trae aparejado el acto en sí, sino que se ve agravado en este caso por ser el propio padre el autor del hecho. De allí se puede colegir el desconcierto y, fundamentalmente, el inmenso y profundo dolor que produce el quebrantamiento de algo tan vital en la vida del ser humano como la confianza en el propio padre; y en consecuencia, la pérdida de la relación paterno-filial.

Así, cabe recordar que, según el autor citado anteriormente, "el abuso sexual de los niños se considera como trauma de la peor especie ya que los niños están mal preparados para enfrentarse a la traición por parte de los adultos y a la sexualidad prematura del abuso".

A poco que se advierta la gravedad del daño, y si se recuerda que la función de la indemnización a conceder es netamente resarcitoria y no punitoria, mal puede atenderse la queja del demandado que intenta reducir la suma concedida haciendo referencia a su condición económica.

Por si quedaran dudas, la situación patrimonial del deudor es irrelevante, pues lo que se trata es de reparar de alguna manera el daño experimentado por el menor. Indudablemente, el dinero no alcanza en estos casos para colocar a la víctima en la misma situación que se encontraba con anterioridad al suceso, pero de todas formas, el juzgador se ve compelido a determinar la indemnización. "No se trata de compensar dolor con dinero, sino de otorgar al damnificado cierta tranquilidad de espíritu en algunos aspectos materiales de su vida a fin de mitigar sus padecimientos" (conf. C.N.Civ., Sala F,"Riavec Carlos Pedro cl Ciudad Autónoma de Buenos Aires si daños y perjuicios", del 04-02-00, publicado en El Derecho el 22-03-01).

En atención a lo expuesto, y dadas las particularidades del caso que ya he expuesto, estimo prudente confirmar la indemnización fijada en la anterior instancia.

Igual solución propiciaré respecto del daño psicológico y su tratamiento, pues la existencia y necesidad de cada uno, han sido suficientemente acreditadas con la pericia de fs.113/125, que el demandado no ha impugnado en forma oportuna. Aún así, teniendo en cuenta que esta pericia resulta coincidente con otras practicadas en distintos procesos (causa penal) y que sus conclusiones, analizadas a la luz de la sana crítica, merecen ser atendidas por encontrarse debidamente fundadas, la procedencia de ambos rubros es incuestionable. La suma fijada, $ 20.000.-, no resulta excesiva, por lo que propongo también su confirmación.

Por último, en atención a lo solicitado por el Sr. Defensor de Menores de Cámara, y toda vez que la tutela de los intereses del menor es una cuestión de orden público, corresponde aclarar que las sumas indemnizatorias concedidas en favor de R. D. M. deberán ser depositadas en una cuenta a nombre del beneficiario y a la orden del juzgado, hasta que se proponga otra inversión más provechosa.

Por las consideraciones que preceden, voto por confirmar la sentencia de fs.146/154, aclarando que las sumas indemnizatorias concedidas en favor de R. D. M. deberán ser depositadas en na cuenta a nombre del beneficiario y a la orden del juzgado, hasta que se proponga otra inversión más provechosa.

Por las consideraciones que preceden, voto por confirmar la sentencia de fs. 146/154, aclarando que las sumas indemnizatorias concedidas a favor de R. D. M. Deberán ser depositadas en una cuenta a nombre del beneficiario y a la orden del Juzgado, hasta que se proponga otra inversión más provechosa. Con costas de alzada al demandado en su calidad de vencido (art. 68 del Código Procesal).

Los Dres Daray y Villar adhieren por análogas consideraciones al voto precedente. Con lo que terminó el acto, firmando los señores jueces por ante mí que doy fe. Fdo: Gladys S. Alvarez, Hernán Daray, Miguel A. Vilar y Mario J. Isola (Secretario). Ante mi, Mario J. Isola (Secretario). Lo transcripto es copia fiel de su original que obra en el libro de la Sala. Conste.

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