Asapmi - Asociación Argentina de Prevención del Maltrato Infantojuvenil

Maltrato o Abuso Sexual Infantil.

Competencia. Familia. Menores. LEY 26.061. Derogación del Patronato.

Juzgado de Familia de Córdoba - 31/03/06

La madre de un menor de edad planteó la inhibitoria del Juzgado de Menores. Manifestó que ante dicho tribunal se tramitó la puesta a disposición de los niños que fueron declarados en estado de abandono y que actualmente se tramitan cuestiones vinculadas a la supuesta situación de riesgo de uno de ellos y la guarda judicial formulada por los tíos paternos. Sostuvo que el Patronato de Menores N° 10903 ha sido derogado por la Ley 26061, por lo que es competente el Juez de Familia. Agregó que la nueva ley al derogar dicho patronato, ha dado cumplimiento al art. 4° de la Convención de los Derechos del Niño, estableciendo la intervención judicial con carácter subsidiario y absolutamente excepcional.- Asimismo expresó que el art. 40 de la ley 26061 establece que..."la autoridad judicial competente en familia de cada jurisdicción", por lo que considera que no hay razón para que continúe interviniendo el juez de menores. La contraria al evacuar el traslado peticiono el rechazo del planteo de inhibitoria incoado. La Juez de Familia interviniente hizo lugar a la cuestión de competencia planteada por vía de inhibitoria.
1) La inhibitoria es el remedio utilizado para plantear cuestiones de competencia territorial, así lo dispone expresamente el artículo 9 del C.P.C., dicho requisito no se da cuando ambos jueces intervinientes pertenecen a la misma circunscripción judicial, sin embargo esta no es óbice, cuando existen supuestos en que puede darse una superposición de presuntas competencias materiales, con asuntos que pueden ser concurrentes o excluyentes en el mismo ámbito territorial, cuando subsiste un fuero especial y un fuero de excepción sobre la misma cuestión, por lo que el remedio utilizado es la única vía procesalmente admisible para hacer cesar la que no corresponde, haciendo extensiva esta figura legal a dichos supuestos.-
2) A partir de la sanción de la ley 26061 se produce la derogación de la ley 10903, en función de la cual cada provincia dictó sus propias normas tutelares de la infancia, y con ella la extinción del Patronato del Estado, el sistema tutelar, la disposición tutelar y toda intervención coactiva del Estado en la familia. La cuestión ha cambiado radicalmente, porque el juez de menores no solo es incompetente sino que su intervención en función de dicha normativa ha quedado sin ningún sustento legal. Es decir el juez de menores no solo no puede sino que no debe intervenir utilizando un sistema tutelar derogado en forma absoluta por la ley mencionada, y que justificaba otrora su intervención coactiva en el seno familiar con conceptos ambiguos como el riesgo material y moral, hoy también ausentes de la propia normativa de la ley 9053. –
3) La operatividad de las disposiciones contenidas en la ley 26061 no dejan lugar a ninguna duda. Ello es así porque, si el fin de la ley es dar operatividad a los derechos de niñas, niños y adolescentes, reafirmando lo establecido en la Convención sobre los Derechos del Niño que doctrina y jurisprudencia unánime han establecido en materia de derechos humanos, consecuente con ello y por el principio de no-discriminación contenido en el artículo 28 (operativo), existe a partir de su sanción un solo estatuto legal para la infancia y adolescencia y con ello una sola justicia, se termina con la distinción entre menores y niños en todos los ámbitos.
4) La derogación del patronato era una condición necesaria e imprescindible para hacer operativos los derechos de la infancia, es decir, sostener subsistente el sistema tutelar es negar la esencia misma de la ley, ya que ello es incompatible con la operatividad que se declara.
5) El artículo 10 de dicho cuerpo legal ha establecido en forma terminante el derecho del niño a la vida privada e intimidad familiar, manifestando en su segunda parte que estos derechos no pueden ser objeto de injerencias arbitrarias o ilegales, si este derecho es operativo conforme la acordada citada por el propio Ministerio Fiscal, ya que se encuentra contenido en el Titulo II de la ley, hace caer cualquier argumento que sostenga que es necesario la reglamentación de la ley para exigirlo o hacerlo efectivo.
6) La competencia del Juez de Familia nace de la ley 7676, toda vez que las cuestiones relativas a la patria potestad deben ser dirimidas en el ámbito del fuero de familia, y en este caso particular los curadores del padre si sostienen su mayor idoneidad para ejercer la guarda de E. B., en los mismos términos que dicha contienda se hubiera plateado entre madre y padre, aún cuando es discutible que el planteo fuera procedente, lo deben realizar ante la suscripta que tiene la competencia material, funcional y por turno al tramitarse por ante este tribunal no solo el régimen de visitas de los abuelos, sino también la tenencia oportunamente acordada a la progenitora por acuerdo homologado.
7) El articulo 29 de la ley 26061, establece que “ Los organismos del estado deberán adoptar todas las medidas administrativas, legislativas, judiciales y de otra índole, para garantizar el efectivo cumplimiento de los derechos y garantías reconocidos en esta ley”, lo que obliga a la suscripta en los términos de su redacción a hacer lugar al remedio intentado al encontrarse vulnerado en el sublite el derecho a crecer con los padres y el derecho a la vida privada e intimidad familiar del menor, con el procedimiento seguido ante juez de menores, por carecer en la actualidad de fundamento su intervención tutelar y coactiva.
Juzgado de Flia. de Cba. de 4º Nom. A. Nº 139- 31/3/06. Autos: "R. C. E. J. Y OTRA - HOMOLOGACION".

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