Asapmi - Asociación Argentina de Prevención del Maltrato Infantojuvenil

Trata y Explotación Sexual de Personas.

Confirmando Procesamiento Trata - Falta de Consentimiento - Consentimiento Viciado de las Víctimas.

Excma Cámara Federal de Apelaciones de Mar del Plata 26-05-2009

, Av. Pta. Inf. Ley 26.364

Extracto del Fallo:
“... las constancias probatorias adunadas al presente legajo, las cuales evidencian que nos encontramos "prima facie" frente al delito de trata de personas ... no solamente se ha logrado acreditar "prima facie" que en el local denominado "La casita Azul" se desarrollaban actividades relacionadas con la explotación sexual de mujeres sino que también se ha acreditado, con la provisoriedad propia que caracteriza a esta instancia, que las víctimas ... -todas de nacionalidad paraguaya- y ... - de nacionalidad dominicana- fueron acogidas, recibidas y mantenidas en cautiverio en los términos del art. 145 bis del C.P. -mediando una situación de vulnerabilidad- para un único fin, perdiendo de modo considerable, la libertad de elección y de decisión respecto de continuar, cesar o alejarse de aquella actividad ...
... se evidencia la existencia del inmueble denominado "La casita Azul" y la actividad sexual que allí se explotaba; así como también que las mujeres que laboraban eran alojadas en el inmueble de referencia ... las declaraciones testimoniales de las víctimas del delito que se investiga en autos son concordantes en lo sustancial toda vez que las mismas refieren que vinieron al país con el fin de prestar servicios sexuales, movilizadas por su mala situación económica. Asimismo, evidencian la forma de trabajo, las ganancias que percibían por los servicios sexuales prestados; así como también como vivían, quienes las cuidaban, quien era el/los encargados del lugar y cuales eran las erogaciones que debían afrontar como contrapartida para vivir, alojarse y laborar en el lugar ...
... si bien es cierto que alguna de las nombradas en autos, "prima facie" víctimas del ilícito de trata de personas, tenían conocimiento de la actividad que iban a desarrollar en el país advertimos que el presunto consentimiento prestado, oportunamente, se encontraría viciado, pues las particulares circunstancias personales de las femeninas, su situación familiar y económica evidencian un grado de debilidad y vulnerabilidad tal, que es demostrativo "prima facie" de que aquel se encontraba afectado de alguna u otra manera por las características particulares de los sucesos previos o por la desamparada situación en que se encontraban las víctimas antes de su reclutación. De tal modo, debe destacarse además, que la falta de consentimiento o el consentimiento viciado de la víctima por el empleo de alguno de los medios típicos no sólo debe vincularse con los fines de explotación, sino que básicamente debe relacionarse con el hecho de involucrarse o permanecer en aquellas condiciones de sometimiento a la voluntad del autor del delito. Es decir, la falta de consentimiento debe ligarse a esta especie de privación de libertad, y secundariamente al ejercicio de alguna de las prácticas caracterizadas como "explotación" por el mencionado Protocolo de Palermo ... consideramos que existen elementos de convicción suficientes para considerar "prima facie" acreditada que las mujeres victimas del delito que conforma el objeto procesal en autos fueron captadas y/o acogidas y/o recibidas mediando unas situación de vulnerabilidad, lo que permitió obtener el consentimiento de las víctimas por parte de los autores, con fines de explotación ...”.

Fallo Completo:
Mar del Plata, 26 de mayo de 2009.
Y VISTOS:
El presente expediente N° 5.385 procedente del Juzgado Federal N° 3, de esta ciudad, caratulado "Av. Pta. Inf. Ley 26.364", registrado con el Nº 6.082 ante la Secretaría Penal de esta Excma. Cámara Federal de Apelaciones de Mar del Plata;
Y CONSIDERANDO:
I) Que viene la presente a estudio de este Tribunal en virtud del recurso de apelación interpuesto a fs. 301/8 y vta. por el Dr. Horacio Mariano Ayesa, en su carácter de abogado defensor de Cristian Jesús Nazar y Graciela Del Valle Carabajal, contra el auto de fs. 282/89 a través del cual se resolvió decretar el procesamiento de los nombrados Nazar y Carabajal -con prisión preventiva y bajo la modalidad del arresto domiciliario, respectivamente- por encontrarlos "prima facie" responsables del delito previsto y reprimido por el art. 145 bis, segundo párrafo apartado 2do y 3ero. del C.P., ambos en grado de autor.
El apelante se agravia toda vez que entiende que no se encuentra acreditada en autos la exteriorización criminal del hecho enrostrado ni la responsabilidad de los encausados, así como también cuestiona el encuadre jurídico de los hechos objeto de imputación.
Por otro lado, respecto del imputado Nazar, cuestiona las conclusiones a las que ha arribado el Sr. Juez a quo en relación a la peligrosidad procesal del nombrado.
Por último, se agravia del monto fijado para responder por la eventual responsabilidad civil y penal, ante la inexistencia fáctica y jurídica de fundamentación.
II) Importa referir en este punto los hechos que motivaron la formación de las presentes actuaciones y el cuadro fáctico objeto de imputación.
Que estas actuaciones se forman como consecuencia de las declaraciones testimoniales prestadas en el marco de la causa nro. 5.375, de trámite por ante el Juzgado nro. 3, Secretaría Penal nro. 8, de esta ciudad. De allí surge la existencia de una vivienda conocida con el nombre de "Casita Azul", donde diferentes mujeres ejercerían la prostitución, residiendo, además, en el lugar en condiciones de hacinamiento, bajo un régimen de vigilancia estricto, (conf. testimonial de fs. 1 y vta.).
Formulado el requerimiento fiscal (conf. fs. 3 y vta.), el representante de la vindicta pública ciñe el objeto procesal el cual consistió en la posible comisión de los delitos previstos en los arts. 145 bis y 145 ter del C.P. (conf. ley 26.364), sin perjuicio de la concurrencia de otras figuras del orden migratorio y de profilaxis. En efecto, el Sr. Juez de grado direcciona la instrucción encomendando discretas tareas de inteligencia tendientes a corroborar la información aportada en la testimonial citada con anterioridad, (conf. fs. 1 y vta.).
Ante este escenario, se incluye como objeto de la plataforma fáctica el hecho de haber captado o acogido y/o recibido en forma organizada a personas de sexo femenino (extranjeras) con fin de explotación sexual, abusando de la situación de vulnerabilidad. Hecho que resulta agravado en atención a la cantidad de víctimas y por haber sido cometido por tres o mas personas en forma organizada, (conf. art. 145 bis. con el agravante de los puntos 2 y 3 del seg. párr. del C.P.).
Habiéndose cumplido con los trámites de rigor en esta instancia se celebró la audiencia prevista en el art. 454 del código de forma (ley 26.374), a la que concurrió el Dr. Horacio Mariano Ayesa, quien procedió a informar oralmente sobre las motivaciones del recurso impetrado, (conf. acta de fs. 317).
Finalizada la exposición el Tribunal deliberó en los términos del art. 455 del C.P.P.N.
III) Una exhaustiva lectura de las distintas piezas procesales que conforman el legajo y un análisis minucioso de los cuestionamientos planteados por el apelante permiten a esta Alzada concluir que la resolución de mérito habrá de confirmarse; ello en orden a los antecedentes de hecho y fundamentos de derecho que a continuación pasaremos a exponer.
Que se le imputa a los nombrados Nazar y Carabajal el hecho de haber acogido y/o recibido en forma organizada y junto a otras personas, con anterioridad al día 17 de febrero de 2009 a M. R. L., A. S. D., C. R. F. de A., S. A. P., N. E. M. O., L. A. P., M. E. F. G., N. N., M. L. G. G. (todas de nacionalidad paraguaya) y A. S. D. S. (dominicana), con fines de explotación sexual, abusando de la situación de vulnerabilidad, hecho que resulta agravado en atención a la cantidad de víctimas (mas de tres) y por haber sido cometido por tres o mas personas en forma organizada.
Respecto al ilícito en estudio importa señalar, tal como lo resolviera este Tribunal en los autos caratulados "Dirección Nacional de Migraciones Mar del Plata s/ Dcia., (antecedentes causa N° 5.157)", que " ... el delito de trata de personas no es ni más ni menos que una forma coactiva o fraudulenta de restringir la libertad ambulatoria de la víctima, que es orientada a algunas de las específicas intenciones del autor (prostitución, trabajos forzados, servidumbre o extracción de órganos). Se constituye así, como un modo de privación ilegal de libertad calificado por el agregado de un plus conformado por la persecución de una finalidad típica por parte del autor ...; .... Se ha construido con este nuevo tipo penal una especie de privación ilegal de la libertad calificada por la finalidad de "explotación" tal como reza la norma típica, que se complementa con el Protocolo de Palermo, que señala a la esclavitud, servidumbre o condición análoga, los trabajos forzados, el comercio sexual o la extracción de órganos como finalidades perseguidas por el autor dentro de aquél concepto de "explotación"...; ... no debe olvidarse que en razón a esa especial naturaleza y a su ubicación sistemática dentro de los delitos contra la Libertad, esta nueva figura penal debe participar de aquellas características, es decir, debe tratarse de un modo de sometimiento similar o equivalente a la privación de libertad ambulatoria. Es por ello que es considerado este delito como una moderna forma de esclavitud. (Ver Cilleruelo, Alejandro, LL del 25-6-2008, pag. 1 y sgtes.) ..." , (conf. C.F.A.MdP.; Sent. interl. de fecha 14 de enero de 2009; Reg. Nro. 8.236; T. XXXVIII; F. 356; Causa nro. 5.157; voto del Dr. Alejandro Tazza).
Atento a los lineamientos trazados por el Tribunal en el antecedente traído a colación y tomando como punto de partida las constancias probatorias adunadas al presente legajo, las cuales evidencian que nos encontramos "prima facie" frente al delito de trata de personas, es que pasaremos a describir los elementos de convicción que avalan el temperamento que habremos de adoptar respecto al encuadre típico de los hechos que nos motiva en esta instancia y al grado de reproche del imputado.
En este sentido, no solamente se ha logrado acreditar "prima facie" que en el local denominado "La casita Azul" se desarrollaban actividades relacionadas con la explotación sexual de mujeres sino que también se ha acreditado, con la provisoriedad propia que caracteriza a esta instancia, que las víctimas (M. R. L., A. S. D., C. de R., S. A. P., N. E. O., M. E. G., N. N., M. L. G. -todas de nacionalidad paraguaya- y A. S. De S. - de nacionalidad dominicana-) fueron acogidas, recibidas y mantenidas en cautiverio en los términos del art. 145 bis del C.P. -mediando una situación de vulnerabilidad- para un único fin, perdiendo de modo considerable, la libertad de elección y de decisión respecto de continuar, cesar o alejarse de aquella actividad, (conf. declaración testimonial de fs. 1 y vta., informes de fs. 47/50, 59/60, 86/7 y vta., documental de fs. 6/45, 57/8, 66/9, 84/5, acta de allanamiento de fs. 101/3 y vta., testimoniales de las víctimas del delito de trata de personas de fs. 161 y vta., 162 y vta, 163 y vta., 164 y vta., 165 y vta., 166/7, 168/9, 181y vta., 182 y vta., 183 y vta., 184 y vta., acta de constatación labrada por la Dirección Nacional de Migraciones de fs. 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114,115, testimoniales de la licenciada María C. Dallia de fs. 166/7 y testimonial de Psicóloga María E. Cuadra de fs. 168, entre otras pruebas).
Resulta esclarecedor, en este sentido, los resultados que arrojo las tareas de inteligencia, en cuanto refiere que " ... se dispuso un dispositivo de vigilancia especial a modo fijo y dinámico, obteniéndose filmaciones y fotografías por parte del personal de esta sección de movimientos de personas en un domicilio ubicado en las inmediaciones de la calle 20 de septiembre, entre calles Río Negro y Santa Cruz de esta ciudad, centrando dicha vigilancia sobre el inmueble sito a la altura del N° 57 al 20 de septiembre, en donde funciona un lugar de los denominados vulgarmente como "privado", conocido popularmente con el nombre de "La casita azul" ... ; ... en relación a las mujeres que desarrollan su actividad en el domicilio y conforme las tareas desarrolladas, se informa que las mismas residen en la finca de manera permanente en su gran mayoría y son de nacionalidad paraguaya ...", (conf. informes de fs. 47/50, 59/60, 86/7 y vta., documental de fs. 6/45, 57/8, 66/9, 84/5).
De allí se evidencia la existencia del inmueble denominado "La casita Azul" y la actividad sexual que allí se explotaba; así como también que las mujeres que laboraban eran alojadas en el inmueble de referencia.
Corrobora lo expuesto los resultados que arrojó el allanamiento desarrollado en el "privado" citado con anterioridad, (conf. acta de fs. 101/3 y vta.). Pues, allí, además de describirse las circunstancias de modo, tiempo y lugar en que se llevó a cabo el registro domiciliario, se deduce, entre otros extremos, la actividad que -en el lugar- desarrollaban M. R. L., A. S. D., C. de R., S. A. P., N. E. O., M. E. G., N. N., M. L. G. -todas de nacionalidad paraguaya- y A. S. De S. - de nacionalidad dominicana-.
Por otro lado, las declaraciones testimoniales de las víctimas del delito que se investiga en autos son concordantes en lo sustancial toda vez que las mismas refieren que vinieron al país con el fin de prestar servicios sexuales, movilizadas por su mala situación económica. Asimismo, evidencian la forma de trabajo, las ganancias que percibían por los servicios sexuales prestados; así como también como vivían, quienes las cuidaban, quien era el/los encargados del lugar y cuales eran las erogaciones que debían afrontar como contrapartida para vivir, alojarse y laborar en el lugar, (conf. testimoniales de fs. 161 y vta., 162 y vta, 163 y vta., 164 y vta., 165 y vta., 166/7, 168/9, 181y vta., 182 y vta., 183 y vta., 184 y vta.).
En este sentido, importa referir a lo declarado por M. R. L. en cuanto manifiesta que " ... vivía con sus padres y su tía, que se desempeñaba como empleada doméstica y también se dedicaba a cuidar niños ... ; ... que es madre de tres hijos, los que ha dejado al cuidado de sus padres y de su tía ... ; ... ante la difícil situación económica por la que atravesaba decidió en el mes de enero de este año venir a Mar del Plata ...; ... duermen en las mismas habitaciones donde trabajan ... ; ... que semanalmente deposita pesos ciento treinta para pagar el alquiler, la luz, comprar profilácticos y papel higiénico ... ; ... que al principio dejaba el 560% de lo que ganaba ...; ... que puede salir cuando quiera solo debe avisar ...", (conf. declaración test. de fs. 162 y vta.).
Similar lectura se deduce de las declaraciones de A. De S., en cuanto refiere que " ... decide venir a Argentina para buscar mejor vida para sus hijos ... ; ... que anteriormente era pareja de un Sr. mayor que la mantenía y le pagaba todos los gastos pero al pelearse decidió buscar trabajo en este privado ... ; ... que las condiciones era trabajar y del pase dejar el 20 % para asumir los gastos de alquiler, luz, profilácticos y papel higiénico ... ", (conf. testimonial de fs. 164 y vta.).
Téngase presente, también, las declaraciones testimoniales de A. S. D. (fs. 161 y vta.), C. de R. (fs. 163 y vta.), S. A. P. (165 y vta.), N. E. O. (fs. 184 y vta.), M. E. G. (181 y vta.), N. N. (fs. 182 y vta.), M. L. G. (fs. 183 y vta.), de las que se deducen relatos similares a los descriptos precedentemente, a los cuales remitimos su lectura en honor a la brevedad.
Por otro lado, los testimonios vertidos por S. P. evidencian el régimen de vigilancia y cuidado que ejercían, en el lugar y con relación a las chicas que allí laboraban, los sujetos llamados con los nombres Luciano, Cristian y Mariano. Y ello se deduce en cuanto la deponente P. refiere " ... que hay tres personas encargados que cuidan el lugar de día y de noche, que su nombres son Luciano, Cristian y Mariano ....", (conf. decl. Testimonial de fs. 165 y vta.).
Avanzando aún más en el análisis del encuadre jurídico de los hechos objeto de imputación, si bien es cierto que alguna de las nombradas en autos, "prima facie" víctimas del ilícito de trata de personas, tenían conocimiento de la actividad que iban a desarrollar en el país advertimos que el presunto consentimiento prestado, oportunamente, se encontraría viciado, pues las particulares circunstancias personales de las femeninas, su situación familiar y económica evidencian un grado de debilidad y vulnerabilidad tal, que es demostrativo "prima facie" de que aquel se encontraba afectado de alguna u otra manera por las características particulares de los sucesos previos o por la desamparada situación en que se encontraban las víctimas antes de su reclutación.
De tal modo, debe destacarse además, que la falta de consentimiento o el consentimiento viciado de la víctima por el empleo de alguno de los medios típicos no sólo debe vincularse con los fines de explotación, sino que básicamente debe relacionarse con el hecho de involucrarse o permanecer en aquellas condiciones de sometimiento a la voluntad del autor del delito. Es decir, la falta de consentimiento debe ligarse a esta especie de privación de libertad, y secundariamente al ejercicio de alguna de las prácticas caracterizadas como "explotación" por el mencionado Protocolo de Palermo (conf. voto del Dr. Alejandro Tazza; Sent. Int. de fecha 14 de enero de 2009; Causa nro. 5.157; Reg. 8.236; T. XXXVIII; f. 356).
En este razonado entendimiento consideramos que existen elementos de convicción suficientes para considerar "prima facie" acreditada que las mujeres victimas del delito que conforma el objeto pocesal en autos fueron captadas y/o acogidas y/o recibidas mediando unas situación de vulnerabilidad, lo que permitió obtener el consentimiento de las víctimas por parte de los autores, con fines de explotación.
Similar temperamento habremos de adoptar con relación al grado de reproche de los nombrados Nazar y Carabajal. Y ello es así por cuanto los, informes de fs. 47/50, 59/60, 86/7 y vta., documental de fs. 6/45, 57/8, 66/9, 84/5, acta de allanamiento de fs. 101/3 y vta., testimoniales de las víctimas del delito de trata de personas de fs. 161 y vta., 162 y vta, 163 y vta., 164 y vta., 165 y vta., 166/7, 168/9, 181y vta., 182 y vta., 183 y vta., 184 y vta., acta de constatación labrada por la Dirección Nacional de Migraciones de fs. 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114,115, testimoniales de la licenciada María C. Dallia de fs. 166/7 y testimonial de Psicóloga María E. Cuadra de fs. 168, entre otras pruebas) los vinculan directamente con el inmueble denominado "La Casita Azul" y con la actividad que -allí- se explotaba.
Los primeros elementos de convicción que describen al sujeto que "prima facie" estaría al frente del denominado privado "Casita Azul" es el informe de fs. 47/50, en cuanto refiere " ... respecto de quien se encuentra al frente del lugar, como dueño o titular del mismo, se informa que pudo verse a un NN masculino joven de aproximadamente veinticinco años de edad, el que se moviliza en un vehículo marca MINI modelo CUPER ...; ... con dominio alfanumérico colocado ELY 903 ...", (conf. informe de fs. 47/50, ver también fotografías de fs. 12,13,14,15).
Por otro lado, téngase presente lo descripto en el acta de mención de la cual se deduce que " ... de las averiguaciones practicadas en el lugar ... ; ... pudo saberse que el Sr. Cristian NAZAR, resulta ser el hijo de "GRACIELA", quien oficiaría como encargado del lugar, es quien les brindaría seguridad a las femeninas, es quien lleva un registro de los pases y recaudaría el dinero, es también el que les paga a las chicas, previo descuento de un concepto de "gastos", los cuales rondarían el 60% de los montos cobrados ..." , (conf. acta de sfs. 101/3 y vta.).
Resulta esclarecedor, en este sentido, las declaraciones vertidas por las femeninas que laboraban en el lugar, pues a raíz de las testimoniales vertidas se corre -aún más- el velo exponiéndolo al nombrado Nazar como uno de los sujetos vinculados directamente con el inmueble allanado así como también con la actividad que -allí- se explotaba. Y ello es así por cuanto todas las víctimas del delito que en autos se investiga declararon que "Cristian" sería el empleador y encargado del lugar, así como también que las cuidaba y que la plata que recaudaban por los servicios sexuales se la entregaban a Cristian. Asimismo, sería el encargado de descontar -de las ganancias- un porcentaje aproximado del 60% en concepto de gastos, (conf. declaración de M. L. de fs. 162 y vta., Alexandra Sena de fs. 164 y vta., S. P. de fs. 165 y vta., entre otras. Ver también acta de declaración de fs. 107, 108, 109, 112, entre otras).
Otro elemento de convicción -más- a tener en cuenta, que vinculan al encartado con el inmueble denominado "La casita Azul" y en consecuencia, lo relacionan aun más con el manejo del "privado" y la actividad que allí se explotaba, son las escuchas telefónicas de fs. 73, 79 correspondiente al abonado 0223-..., (teléfono ubicado en el domicilio donde funcionaba el "La casita Azul").
Lo hasta aquí expuesto evidencia el rol que tenía el imputado en el "privado", lo que induce a este Tribunal a compartir el temperamento adoptado por el Sr. Juez de grado respecto al grado de reproche que pesa sobre el epigrafiado Nazar.
Similar temperamento habremos de adoptar con relación a la nombrada Carabajal. Y ello es así toda vez que los elementos adunados al presente legajo la vinculan con el concausa Cristian, no simplemente por el vinculo familiar que los une (madre e hijo) sino con el "privado", y la actividad allí explotada.
Lo expuesto encuentra apoyatura fáctica en las tareas de la prevención que determinaron que el teléfono número 0223-..., abonado correspondiente a la "Casita Azul", presenta como titular a la imputada Carvajal. Téngase presente para ello el informe glosado a fs. 47/50, en cuanto refiere que "... es de mención que personal de esta dependencia, cuando tuvo la oportunidad, obtuvo de la vereda la basura de la finca; extrayendo de la misma papelería ... ; ... aportando estos un número de aparato telefónico dispuesto en la propiedad, o como extensión de uno cercano, el (0223) ... averiguándose posteriormente que la titularidad del mismo se encuentra a nombre de Graciela Del Valle Carvajal, como así también listado de los femeninos que desarrollaban su actividad en dicho privado ....
Por otro lado, las escuchas telefónicas de fs. 70/1 vinculan a la nombrada con la actividad que se explotaba en el privado denominado "la Casita Azul". Pues de allí se deduce que la imputada Graciela mantiene una conversación con una persona denominada "pedrín" respecto de la actividad ilícita objeto de marras, así como también con relación a un ex empleado al que lo llaman "el gordo Mariano".
Importa referir -también- que, conforme surge de las tareas de inteligencia de fs. 47/50, en la finca ubicada en la calle Remolcador Guaraní nro. 1949, de esta ciudad, vive la nombrada Carabajal con su hijo Cristian Nazar y Eduardo Muelas (siendo, este último, presumiblemente pareja de la nombrada Carabajal). Y que, en relación al domicilio mencionado, pudo averiguarse que -aquel- posee líneas telefónicas fijas con titularidad a nombre de la encartada Carabajal, siendo los abonados los números 0223-... y ....
Que las escuchas de fs. 82 (correspondiente al abonado ...), dan cuenta de una comunicación entre Graciela y Luciano, refiriéndose -también- a la actividad desarrollada en la "Casita Azul". Y ello es así toda vez que en uno de los pasajes de la comunicación Luciano le dice a Graciela "... ahí mande dos recién, salieron a las seis y media de la tarde ..., (Graciela le contesta) ... va pedrín a buscarlas? ... (y Luciano le responde) ... no no no, salieron para allá directamente, ya las mande para allá GRA (por Graciela), ya las mande, les di la plata de los pasajes... ; ... les di todo anotado, el teléfono de la casita, tienen como tienen que hacer, tienen que tomar un taxi pedir por la casita azul y si, quedate tranquila ...", (conf. escuchas de fs. 82).
Por otro lado, resulta esclarecedor los resultados obtenidos en el allanamiento desarrollado en el domicilio Remolcador Guaraní nro. 1949, de esta ciudad. Pues, de allí, se logró constatar, entre otros extremos, que la nombrada vive con su hijo Cristian (concausa) y que, entre otros efectos de importancia, se secuestraron gran cantidad de dinero, comprobantes de envío de dinero de la empresa Western Union, así como también comprobantes en donde aparecen como beneficiarios y remitentes -de dinero- muchas de las víctimas que laboraban en el "privado", (ejemplo E. N. O., L. S. O. M., M. L., entre otras).
De tal modo, lo apuntado vincula directamente a la nombrada Carabajal con el inmueble denominado "La Casita Azul" y, en consecuencia, con la actividad que desplegaban las chicas que laboraban y, allí, se alojaban.
Por ello, todos los elementos de convicción que conforman el plexo probatorio en autos mencionados ut-supra concuerdan en lo sustancial, evidenciando así la existencia de un plan común entre la imputada Carabajal y el nombrado Nazar. Pues las mismas constancias de autos grafican una participación, de ambos, activa y simultanea en la comisión de los hechos; vale decir, ambos, han tomado parte en la ejecución del suceso.
De allí, que los imputados en autos no solo han realizado la acción principal o típica consumativa sino que han tomado parte en su ejecución cumpliendo actos que integran la objetividad y la subjetividad del suceso delictuoso con su presencia activa y concomitante y queriendo el hecho como obra propia.
Lo expuesto permite a este Tribunal tener por acreditados "pima facie" la materialidad delictiva de los hechos enrostrados, así como también, que los imputados Carabajal y Nazar cumplían el rol de dueña y de encargado, respectivamente, del inmueble "La Casita Azul", con específico control de la actividad que allí se explotaba. Y ello es así por cuanto los testimonios descriptos ut-supra revelan la situación de vulnerabilidad de las víctimas, y la falta de un consenso válido; constituyendo así, un modo de privación ilegal de libertad calificado por el agregado de un plus conformado por la persecución de una finalidad típica por parte de los epigrafiados, la que no era otra que la de explotarlas sexualmente.
Similar temperamento habremos de adoptar en relación al agravante previsto por el apartado 2, 2do y 3er. párrafo del art. 145, pues tal como surge de las constancias adjuntadas al presente el hecho enrostrado ha sido cometido "prima facie" por tres o mas personas (Cristian J. Nazar, Graciela Del Valle Carabajal, Eduardo A. Muelas y Marcelo Luciano Muelas), así como también las víctimas del ilícito objeto de marras son mas de tres (M. R. L., A. S. D., C. R. F. de A., S. A. P., N. E. M. O., L. A. P., M. E. F. G., N. N., M. L. G. G. -todas de nacionalidad paraguaya- y A. S. De S. -dominicana-).
Sucede, entonces, que el cuadro probatorio obrante en autos nos crea un estado de certidumbre respecto a la materialidad delictiva, y de la participación de los imputados en el delito que se le enrostra. De adverso, no contamos con otra hipótesis que permita desvincular al encausado respecto de los hechos que conforman la plataforma fáctica de la imputación.
Por último, respecto a los planteos deducidos por el apelante en cuanto cuestiona el monto fijado por el Sr. Juez a quo para responder por eventual responsabilidad civil y penal, consideramos que el juez de grado a dado motivos fundados que avalan el monto fijado para garantizar la eventual pena pecuniaria, la indemnización civil y las costas, (conf. art. 516 y 518 C.P.P.N.).
En este sentido, teniéndose en consideración el monto del perjuicio que dimana de las conductas atribuidas, así como también el número de víctimas ha de concluirse en que el monto justipreciado por el Sr. Juez de grado se ajusta al objeto de la garantía exigida en el caso y hallan sustento en la misma génesis que dimana de los arts. 516 y 518 del C.P.P.N.. Así, entonces, el planteo deducido por la defensa tampoco habrá de prosperar.
Finalmente resta analizar el pedido que efectuara el representante de la Fiscalía General, cuando solicita la clausura del local en los términos del art. 193 del Código Procesal Penal de la Nación. A esto, y sin perjuicio de la justeza o no de la medida solicitada, lo cierto es que su introducción en esta instancia procesal, deviene improcedente.
Es que conforme lo normado por el art. 445 del ritual, la Cámara Federal de Apelaciones solo puede abocarse al tratamiento de los motivos de agravio indicados por el apelante al momento de interponerse el recurso, no pudiendo, en este caso, la vindicta pública pretender que este Tribunal resuelva una cuestión que ni siquiera fue materia de análisis por parte del Sr. Juez de Grado.
Por ello es que esta Alzada no se expedirá sobre esta cuestión planteada por la vindicta pública, haciéndosele saber que dicha petición deberá ser planteada por ante el Magistrado de grado quien resuelve, como en todos los casos, las peticiones formuladas por las partes.
Conforme lo precedentemente expuesto, teniendo en consideración la prueba colectada en autos, se colige entonces que "prima facie" los extremos exigidos por el art. 145 bis. Parr. 2 apartado 2do. y 3ro. del código de fondo se evidencian de la propia actividad desplegaba por los encartados, lo que amerita la ratificación judicial del pronunciamiento dictado en la instancia anterior en cuanto fuera expreso motivo de agravio, y sin perjuicio de la calificación legal que en definitiva pudiere corresponder y que, con el decurso y profundización de la investigación pudiere hacer variar la solución jurídica hoy propiciada en esta instancia, con los elementos probatorios aportados con los que se cuenta hasta aquí en el presente expediente.
En razón de lo expuesto el Tribunal RESUELVE:
I) CONFIRMAR el auto de fs. 282/89 a través del cual se resolvió decretar el procesamiento de Cristian Jesús Nazar y Graciela Del Valle Carabajal -con prisión preventiva y bajo la modalidad del arresto domiciliario, respectivamente- por encontrarlos "prima facie" responsables del delito previsto y reprimido por el art. 145 bis, segundo párrafo apartado 2 y 3 del C.P., ambos en grado de autor; debiendo continuar el trámite de la causa según su estado y sin perjuicio de la calificación legal que en definitiva pudiere corresponder.
II) CONFIRMAR el monto de prefijado por sus eventuales responsabilidades civiles y penales en la suma de pesos cincuenta mil ($ 50.000).
III) NO HACER LUGAR por improcedente, la solicitud de clausura del local requerida por el Representante de la Fiscalía General, Dr. Gustavo Rodríguez, haciéndosele saber que dicha petición deberá ser planteada por ante el Magistrado de grado.
REGÍSTRESE, NOTIFÍQUESE Y DEVUÉLVASE.
Fdo. Dr. Alejandro Tazza - Dr. Jorge Ferro

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