Asapmi - Asociación Argentina de Prevención del Maltrato Infantojuvenil

Daños y Perjuicios en casos de Violencia Familiar y Abuso Sexual Infantil.

Partes: S. I. J. c/ P. S. Y. s/ daños y perjuicios

Tribunal: Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil - Sala G 03/03/2006

Partes: S. I. J. c/ P. S. Y. s/ daños y perjuicios
Tribunal: Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil
Sala/Juzgado: G
Fecha: 3-mar-2006
Cita: MJ-JU-M-7277-AR | MJJ7277 | MJJ7277
Producto: Microjuris

Sumario:
1.-Es inadmisible la pretensión indemnizatoria deducida por el accionante contra la madre de su nieta, quien realizó en su contra una denuncia, que el imputado calificó como falsa e injuriante, al afirmar que había violado y abusado sexualmente de la niña, de tres años de edad al momento de los hechos denunciados, si en el caso sometido a debate no puede predicarse que la demandada hubiera formulado esta denuncia con pleno y cabal conocimiento de la falsedad de la imputación, o que hubiera actuado de manera imprudente y desaprensiva, a poco que se examinan los antecedentes más importantes de la causa.

2.-La pretensión indemnizatoria deducida por el accionante contra la madre de su nieta, quien realizó una denuncia, calificada de falsa e injuriante por el imputado, en la cual se afirmó que había violado y abusado sexualmente de la niña, debe ser desestimada, si de la prueba destinada íntegramente a justificar, infructuosamente, el carácter calumnioso de la denuncia, no se desprende cual ha sido el ?daño efectivo? o ?cesación de ganancia? a que se refiere el art. 1089 del CCiv., o el daño moral que el accionante dice haber padecido, más allá del sufrimiento derivado de la propia existencia de la denuncia, es decir, la trascendencia del hecho en su ámbito profesional o en las demás relaciones familiares y personales del reclamante.

3.-A los fines de la responsabilidad civil derivada de la figura de la acusación calumniosa, prevista por el art. 1090 del CCiv., debe presuponerse la falsedad de la denuncia, es decir, la atribución falsa a persona determinada de la comisión o autoría de un delito que de lugar a la acción pública, teniendo el denunciante plena conciencia de que esa persona no lo ha cometido o atribuyéndolo al denunciado de manera imprudente, mediante un obrar culposo o negligente, es decir, sin ninguna clase de justificación.

Fallo:

En la Ciudad de Buenos Aires, Capital de la República Argentina, a los 3 días del mes de marzo de Dos Mil Seis, reunidos en Acuerdo los Señores Jueces de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil, para conocer en el recurso de apelación interpuesto en los autos caratulados:?S., I. J. C/ P. S. Y. S/ DAÑOS Y PERJUICIOS, respecto de la sentencia de fs. 120/4, el Tribunal estableció la siguiente cuestión a resolver:

¿ES JUSTA LA SENTENCIA APELADA?

Practicado el sorteo resultó que la votación debía realizarse en el siguiente orden: Señores Jueces de Cámara Doctores OMAR JESÚS CANCELA - CARLOS ALFREDO BELLUCCI-LEOPOLDO MONTES DE OCA-

A la cuestión planteada el Señor Juez de Cámara Doctor Cancela dijo:

I.- El actor, Sr. I. J. S., interpuso a fs. 126 recurso de apelación -concedido a fs. 135-, contra la sentencia de fs. 120/4, que rechazó su pretensión indemnizatoria contra la madre de su nieta A. S., por haber realizado en su contra una denuncia que calificó como falsa e injuriante, al afirmar que había violado y a abusado sexualmente de la pequeña, que contaba a la fecha de tal denuncia la edad de tres años. También dedujeron recursos, pero tan solo respecto de la poquedad de sus respectivas regulaciones de honorarios, la perito psicóloga (fs. 128) y dos de los letrados de la demandada (fs. 134).

Los agravios del apelante fueron expresados con la presentación de fs. 148/51, centrando sus quejas especialmente en la parcial selección de los elementos probatorios existentes en la causa efectuada por la Sra. Juez, para llegar a la conclusión de que faltaba el factor de atribución de responsabilidad, es decir, la existencia de dolo o culpa, en los términos del art. 1109 del Código Civil, en la denuncia efectuada por la Sra. P., conclusión con la que, por supuesto, discrepa.Por último, sostiene que, dadas las peculiares circunstancias que rodean este proceso, las costas deben distribuirse en el orden en que fueron causadas.

II.- La doctrina jurisprudencial formada en torno de la figura de la acusación calumniosa, prevista por el art. 1090 del Código Civil, presupone la falsedad de la denuncia, esto es, que se haya atribuido falsamente a una persona determinada la comisión o autoría de un delito que da lugar a la acción pública, teniendo el denunciante plena conciencia de que esa persona no lo ha cometido o atribuyéndolo al denunciado de manera imprudente, mediante un obrar culposo o negligente, es decir, sin ninguna clase de justificación (confr. esta Sala, en ?Lazzari. c/ Fortunato. s/ daños.?. L. 436.984, del 18-X-05; id. en ?Bargalló. c/ Sichel. s/ daños.?. L. 435.262, del 16-XI-05, con cita de un valioso precedente, en E.D., t. 137, pág. 203, voto del Dr. Burnichón; C.N.Civ., Sala A, en L.L. , t. 1989-B, pág. 484, fallo n°87.385, voto del Dr. Molteni, entre otros; Llambías y otros, ?Cód. Civ. Anotado.?, t., II-B, pág. 375, coment. arts. 1089/ 90 y fallos citados en pág. 377; Cifuentes-Sagarna, ?Cód. Civ. Comentado?, t. I, art. 1090, pág. 835; Cazeaux-Trigo Represas, ?Derecho de las Obligaciones?, t. IV, pág. 287, n° IX y sus citas, 2a. ed., año 1976).

En uno de los antecedentes citados quedó recogida, con criterio que en general comparto, la exigencia, de que se haya llegado a la sentencia absolutoria, a la que puede asimilarse el sobreseimiento definitivo, en sede penal, para que pueda realmente configurarse el delito o cuasidelito extracontractual de acusación calumniosa, sea dolosa o imprudente, lo que no ocurre con el sobreseimiento provisional, dictado por razones generalmente procesales y sin haberse investigado a fondo la conducta del denunciado (confr. consid. 2° del voto del Dr. Molteni, en L.L., 1989-B, pág. 484 y su cita, en E.D., t. 116, pág.258, voto del Dr. Zannoni y sus citas). Se trata, ni más ni menos, que el criterio estricto con que deben juzgarse esta clase de delitos o cuasidelitos civiles, por cuanto el interés general de la sociedad exige que no se desaliente, a través de injustificadas condenas a indemnizar daños y perjuicios, la formulación de denuncias acerca de delitos penales de acción pública, por la sola circunstancia de que la investigación no haya podido colectar los elementos de convicción necesarios para llegar al procesamiento de los eventuales culpables y sin que pueda imputarse al denunciante el conocimiento concreto de la falsedad de su imputación o la grave negligencia o imprudencia de su conducta al realizarla.

III.- La aplicación de esta exigencia como previa o inevitable para el reclamo resarcitorio, llevaría inevitablemente al rechazo de la demanda y consiguiente confirmación del pronunciamiento de grado, en razón del sobreseimiento - que se encuentra firme -, dictado según constancias de fs. 53 de la causa penal fotocopiada y agregada por cuerda, sin el calificativo de provisional o definitivo, debido a la reforma procesal en la materia. En efecto, cualquiera sea el alcance que quiera darse a dicha forma de conclusión de la causa penal, lo cierto y concreto es que fue dictado ante la circunstancia de que la Sra. Juez, acertada o no, consideró definitiva ?.la imposibilidad de progresar en la pesquisa.? (fs. 53) y que ?.sin otras comprobaciones posibles. (el) imputado (tiene derecho) de obtener en su caso un pronunciamiento que defina su situación de una vez para siempre.? (fs. 53 vta., siempre de la causa penal).

A lo expuesto cabe agregar que, desde un principio la denunciante dejó claramente establecido, como motivo de su denuncia, la necesidad de contar con una orden judicial para realizar un ?psicodiagnóstico? de la niña, ante la negativa del hijo del demandante y padre de la menor a dar su conformidad para ello (confr. fs. 6 vta.; dictamen fiscal, fs. 9 vta.) y, finalmente, que la propia niña hizo referencia al presunto tocamiento ante la Dra.Taylor, del Cuerpo Médico Forense, quien recomendó la profundización de la investigación en un ámbito terapéutico apropiado (fs. 28 de la causa penal; informe psicológico de fs. 29, especialmente fs. 30 ?in fine? y conclusión de fs. 34 ?in fine?).

En otras palabras y sin desconocer la existencia de denuncias maliciosas en esta materia tan delicada, que los jueces de este fuero, con especialización en derecho de familia, hemos podido comprobar en algunos casos, en que se las destinaba a separar a un menor de una parte importante de su familia, en el caso sometido a debate no puede predicarse que la demandada hubiera formulado esta denuncia con pleno y cabal conocimiento de la falsedad de la imputación o que hubiera actuado de manera imprudente y desaprensiva, a poco que se examinen los antecedentes más importantes de la causa (como el informe que en copia obra a fs. 25/6 de autos, reconocido por la declarante de fs. 88/9; confr. pregs. 5a. a 12a.; pericia psicológica, fs. 90/93, impugnación de fs. 90/7 y contestación de fs. 102/3).

Obsérvese que he prescindido de las constancias de la prueba testimonial, tanto por la vinculación con las partes, que impone suma cautela en orden a la veracidad de sus dichos (confr. fs. 69, T., pareja de la hija del actor; fs. 70, M. P., hermana de la actora, fs. 71, G. L., ex-pareja de la demandada), como por la circunstancia de que, sean o no exactos (p.ej, 7a. preg. de fs. 70 vta.), ello no modifica la razonabilidad de la denuncia, destinada a averiguar la posible existencia del abuso evidenciado, según parece, por la misma nieta del demandante, sin que se haya acreditado que fue inducida a ello.

Finalmente, debe tenerse en cuenta que de la prueba cumplida, íntegramente destinada a justificar, infructuosamente, el carácter calumnioso de la denuncia, no se desprende cual ha sido el ?daño efectivo? o ?cesación de ganancia? a que se refiere el art.1089 del Código Civil o el daño moral que el actor dice haber padecido, más allá del sufrimiento derivado de la propia existencia de la denuncia, es decir, la trascendencia del hecho en su ámbito profesional o en las demás relaciones familiares y personales del reclamante.

Por los fundamentos expuestos y los propios del fallo en recurso, al que me remito en homenaje a la brevedad (especialmente fs. 123/4), voto por la afirmativa, es decir, por su confirmación. En esa confirmación debe incluirse el rubro costas que, de acuerdo con uniforme doctrina jurisprudencial, no constituye un castigo para el perdedor, sino la compensación de los gastos del proceso que ha debido afrontar la contraria para ver reconocido su derecho. Este principio objetivo de la derrota (art. 68, Cód. Procesal) solo cede en situaciones excepcionales que, a mi juicio, no se dan en el caso. Las costas de alzada también deben imponerse el apelante vencido, siguiendo el mismo criterio apuntado.

El Señor Juez de Cámara Dr. Bellucci dijo:

Las consideraciones que vierte mi distinguido par pre-opinante discurren por andariveles que expuse al llevar la voz en el acuerdo recaído ?in-re? ?Barrios Héctor R c/ Cavallín Benito?, publicado como fallo n° 102.229 en L.L., t° 2001-D-104/105, fechado el día 10 de Octubre de 2000, especialmente lo dicho en el considerando II -en lo pertinente- y citas jurisprudenciales y doctrinales que doy aquí por enteramente reproducidas por razón de brevedad.-

De tal modo que concurro con aquéllas y concuerdo en un todo con su ponencia.-

Tal, mi parecer y consiguiente voto por la afirmativa.-

El Señor Juez de Cámara Doctor Montes de Oca votó en el mismo sentido por razones análogas a las expresadas en su voto por el Doctor Cancela. Con lo que terminó el acto.

Es copia fiel de su original que obra a fs. del Libro de Acuerdos de la Sala ?G? de la Excma. Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil. CONSTE.-

Buenos Aires, 03 de marzo de 2006.-

Y VISTOS:

Por lo que resulta de la votación de que instruye el acuerdo que antecede, se confirma la sentencia de fs. 120/4, en cuanto decide y fue mater ia de agravios. Costas de alzada al actor vencido en el recurso. Teniendo en cuenta el mérito, extensión e importancia de la labor realizada, las tres etapas cumplidas y el monto reclamado (arts. 6,7, 14, 19 y 38 del arancel), se eleva la retribución de los Dres. María Silvia Bensi y Rodolfo Miguel Vaini (únicos apelantes), para cada uno de ellos y los de la perito psicóloga, Lic. Silvia Nora Justo. Notifíquese y devuélvase.-
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