Asapmi - Asociación Argentina de Prevención del Maltrato Infantojuvenil

Las Víctimas de Delitos contra su Persona o Integridad Sexual en el Derecho Penal

Abuso sexual s/recurso de casación. Se condenó por los delitos Exhibiciones obsenas agravadas, de Abuso sexual agravado y otros

Tribunal: Tribunal Superior de Justicia de la Provincia de Córdoba - Sala/Juzgado: Penal

V. V. J. p.s.a. abuso sexual agravado, etc. s/ recurso de casación

Tribunal: Tribunal Superior de Justicia de la Provincia de Córdoba

Sala/Juzgado: Penal

Fecha: 19-oct-2010

Se condenó por los delitos Exhibiciones Obscenas Agravadas; Abuso Sexual Agravado; Abuso Sexual con Acceso Carnal Agravado; Coacción y Lesiones Leves Calificadas; Amenazas, Amenazas Calificadas; Lesiones Leves y Tenencia Ilegal de Arma de Fuego de Uso Civil, en concurso real, al imputado que cometió todos esos ilícitos en un marco de violencia de género intrafamiliar, lo cual fue ponderado al momento de graduar la pena.

Sumario:

1.-Debe rechazarse el recurso de casación interpuesto por el condenado por los delitos de Exhibiciones Obscenas Agravadas; Abuso Sexual Agravado; Abuso Sexual con Acceso Carnal Agravado; Coacción y Lesiones Leves Calificadas; Amenazas, Amenazas Calificadas; Lesiones Leves y Tenencia Ilegal de Arma de Fuego de Uso Civil, en concurso real, ya que de todo el contexto probatorio, cabe concluir que lo acontecido, lo fue en un escenario de violencia intrafamiliar, por lo que, teniendo presente el temor que el encartado despertaba a sus víctimas y la sumisión de éstas a sus exigencias, a lo que se suma que ello sucede en un ámbito privado, es fácil concluir que los argumentos defensivos dirigidos a poner en tela de juicio la veracidad de las declaraciones imputativas, no poseen sustento alguno que ameriten una investigación.

2.-Los delitos cometidos por una persona, que en una verdadera actitud de desprecio por los derechos de sus víctimas, sus hijastras, su esposa y su actual pareja hace valer su superioridad masculina, ya sea por su fuerza y/o por su carácter de proveedor de los dineros necesarios para su subsistencia, encuadran no solamente en el marco delictivo previsto por las normas penales, sino en el más amplio de los derechos humanos de las víctimas protegidas por normas supranacionales y que el Estado Argentino ha asumido la obligación de garantizar (Convención sobre la Eliminación de todas las Formas de Discriminación contra la Mujer, incorporada al art. 75 inc. 22 C.N.; Convención Interamericana para prevenir, sancionar y erradicar la Violencia contra la Mujer, ratificada por Ley 24.632 ; ley 26.485 ).

3.-Al momento de individualizar la pena del imputado respecto de los delitos de Exhibiciones Obscenas Agravadas; Abuso Sexual Agravado; Abuso Sexual con Acceso Carnal Agravado; Coacción y Lesiones Leves Calificadas; Amenazas, Amenazas Calificadas; Lesiones Leves y Tenencia Ilegal de Arma de Fuego de Uso Civil, en concurso real, debe tenerse en cuenta que el paradigma internacionalizado de superioridad masculina sobre la mujer, actuando como dueño de la misma, supera pautas educativas y se nutre de influencias culturales, pues, se obra con plena conciencia de la antijuridicidad de su accionar, lo que se refleja en la negativa de sus acciones y en el vilipendio de su víctima, la mujer. Entonces, el mayor o menor grado educativo puede hacer variar la importancia de la agravante, pero nunca jugar como un atenuante en este marco de violencia de género.



Fallo:

En la Ciudad de Córdoba, a los diecinueve días del mes de octubre de dos mil diez, siendo las diez horas, se constituyó en audiencia pública la Sala Penal del Tribunal Superior de Justicia, presidida por la doctora Aída Tarditti, con asistencia de las señoras Vocales doctoras María Esther Cafure de Battistelli y María de las Mercedes Blanc G. de Arabel, a los fines de dictar sentencia en los autos caratulados "V., V. J. p.s.a. abuso sexual agravado, etc. -Recurso de Casación-" (Expte. "V", n° 12/2008), con motivo del recurso de casación interpuesto por la Sra. Asesora Letrada del 15° turno, Dra. María Clara Cendoya, en favor del imputado V. J. V., en contra de la sentencia número veintiuno del nueve de junio de dos mil ocho, dictada por la Cámara en lo Criminal de Décima Nominación de esta ciudad.

Abierto el acto por la Sra. Presidente, se informa que las cuestiones a resolver son las siguientes:

1°) ¿Es nula la sentencia por no haber evacuado las citas del imputado?

2°) ¿Es arbitraria la pena impuesta al imputado?

3°) ¿Qué solución corresponde dictar?

Las señoras Vocales emitirán sus votos en el siguiente orden: Dras. María Esther Cafure de Battistelli, Aída Tarditti y María de las Mercedes Blanc G. de Arabel.

A LA PRIMERA CUESTION:

La señora Vocal doctora María Esther Cafure de Battistelli, dijo:

I. Por sentencia nº 21 del 9 de junio de 2008, la Cámara en lo Criminal de Décima Nominación de esta ciudad resolvió -en lo que aquí interesa-: "I) Declarar a VICTOR JOSE V., ya filiado, autor de los delitos de Exhibiciones Obscenas Agravadas (art. 129, 2° párrafo del CP) -Primer Hecho-; Abuso Sexual Agravado (art. 119, cuarto párrafo letra b ) y último párrafo en función del primer párrafo de la norma citada del CP) -Segundo, Tercer, Quinto, Sexto, Octavo Hecho-; Abuso Sexual con Acceso Carnal Agravado (art.119, 4° párrafo letra b) en función del 3er. párrafo de la norma legal citada del CP) -Cuarto Hecho- y Abuso Sexual con Acceso Carnal Agravado en art. 119, 4° párrafo letra b) en función del 3er. párrafo de la norma legal citada del CP) -Séptimo Hecho (Hecho Diverso)-; Coacción y Lesiones Leves Calificadas (art. 149 bis, segundo párrafo y 92 en func. de los arts. 89 y 80 inc. 1° del CP) -Noveno Hecho-, Amenazas, Amenazas Calificadas (arts. 149 bis, segundo párrafo y 92 en func. de los arts. 89 y 80 inc. 1° del CP) Noveno Hecho-, Amenazas, Amenazas Calificadas y Lesiones Leves (art. 149 bis, primer párrafo, primera parte y 2° parte y 89 del CP) -Décimo Hecho- y Tenencia Ilegal de Arma de Fuego de Uso Civil (art. 189 bis, inc. 2°, primer párrafo del CP) -Undécimo Hecho- todo en concurso real (art. 55 del CP), e imponerle para su tratamiento penitenciario la pena de ONCE AÑOS Y SEIS MESES DE PRISIÓN con adicionales de ley y costas (arts. 5 , 9 , 12, 29 inc. 3°, 40 y 41 del C.P., 550 y 551 C.P.P.)." (fs. 390 vta./391).

II. Contra esta sentencia, la señora Asesora Letrada del 15° turno, Dra. María Clara Cendoya, interpone recurso de casación en favor del imputado V. J. V., invocando dos agravios con fundamento en el art. 468, 2° inc., CPP (fs. 396/404).

En primer término, denuncia la violación de las garantías de debido proceso y defensa en juicio por haberse omitido evacuar las citas del imputado tal cual lo prescribe el art. 267 del CPP.

Explica que el sentenciante no hizo referencia alguna que desvirtuara las circunstancias narradas por el imputado. Considera que de haber evacuado sus citas, hubiera podido llegar a una resolución diferente.Señala, además, que contrariamente a lo que la ley procesal establece en el art. 267, el a quo tampoco fundamentó los motivos por los cuales las manifestaciones del imputado no resultaron pertinentes ni útiles.

Alega que, conforme lo ha sostenido esta Sala en los precedentes "Simoncelli" (S. n° 45, 28/7/98) y "Piassentini" (S. n° 122, 26/10/98), la declaración del imputado importa un medio idóneo para la materialización de su defensa en juicio, sin perjuicio que dicho acto, eventualmente, se proyecte también como una fuente de pruebas desde la óptica del juzgador, puesto que de lo contrario, si las manifestaciones del imputado no pudieran ser sujetas a valoración alguna, no pasarían de ser meras expresiones formales, ineficaces desde el punto de vista de la defensa material.

Destaca que esta Sala también ha sostenido en autos "Cortez" (S. n° 14, 18/5/98) que el fundamental derecho a ser oído en juicio no se satisface con la sola recepción formal de la declaración del imputado, sino que si éste opta por declarar y expone una versión del hecho atribuído tendiente a excluir o aminorar la respuesta punitiva, es obligación del tribunal examinar si la prueba destruye la existencia de los hechos invocados y recién después analizar la relevancia jurídica de ellos.

Con apoyo en estos criterios, señala la impugnante que en el caso, el acusado brindó una explicación que lo libera de responsabilidad (ver fs. 232/235), por lo que el juzgador debió incluir esta hipótesis en su razonamiento a los efectos de examinar si el resto de la prueba incorporada le posibilitaba enervar la defensa esgrimida.Destaca que el prevenido ofreció un relato de corte exculpatorio, afirmando que ya habría una denuncia anterior por hechos de entidad sexual en contra del padre biológico de las menores, como así también de la conducta de las mismas, y esas circunstancias que no han sido meritadas, ni si quiera investigadas, avasallándose de esta manera el derecho de defensa y del debido proceso que, con jerarquía constitucional, tutela el ordenamiento jurídico (CN, 18; DUDH, 10; DAD y DH, XXVI, segundo párrafo; CADH, 8 , 1; Const. Pcial., 39 y 40 ).

Por todo ello, solicita se declare la nulidad parcial de la sentencia, en relación a los hechos nominados primero, segundo, tercero, cuarto, quinto, sexto y octavo (art. 468 inc. 2° en función del 184 inc. 3° CPP; 18 CN; 39 y 40 Const. Pcial.)

III.1. Esta Sala ha destacado en varias oportunidades que el fundamental derecho a ser oído en juicio no se satisface con la sola recepción formal de la declaración del imputado, sino que si éste opta por declarar y expone una versión del hecho atribuído tendiente a excluir o aminorar la respuesta punitiva, es obligación del tribunal examinar si la prueba destruye la existencia de los hechos invocados y recién después analizar la relevancia jurídica de ellos a los efectos de la procedencia legal de la eximente o atenuante cuya aplicación se pretende (TSJ, Sala Penal, "Cortez", S. 14, 18/3/98; "Olmos", S. n° 12, 28/3/06; "Murúa", S. nº 265, 5/10/07; "Juncos", S. nº 273, 2/10/08; entre otros).

Con apoyo en tal criterio se ha dicho que si el imputado ha alegado hechos o circunstancias que lo liberaban de responsabilidad, debe el Juzgador incluirlos en su razonamiento, a los efectos de examinar si la prueba le posibilitaba destruir con certeza la defensa esgrimida (TSJ, Sala Penal, "Camacho de Gerez", S.n° 64, 23/8/02; "Murúa", cit.). Todo ello, obviamente, conforme al sistema de valoración de la evidencia escogido por la ley de rito en materia criminal vigente en nuestra provincia, esto es, el sistema de la sana crítica racional (CPP. 193)(TSJ, Sala Penal, "Santalises", S. 20, 12/4/02; "Olmos", cit.).

2. El recurrente se agravia de la fundamentación de la sentencia por entender que el juzgador omitió pronunciarse sobre cada una de las explicaciones que brindó el imputado para eximirse de responsabilidad penal por los hechos que se le achacaban.

La posición exculpatoria del imputado consta en las declaraciones vertidas en sede instructoria (fs. 167/169, 232/235), incorporadas en el debate (fs. 337) y la prestada en el curso de éste (fs. 335//337 vta.), en el que niega los hechos que se le atribuyen, agrega circunstancias referidas a relaciones de noviazgo con terceros de una de sus hijastras y alega que su ex-esposa, por las diferencias que tenía con ella respecto de la educación de sus hijos, lo amenazó con que lo denunciaría por violación, como ya había hecho con el padre de las mismas.

a. A poco que se repasa la reseña de los fundamentos en que se sustenta la condena (fs. 374/389), se advierte que el vicio denunciado resulta inexistente habida cuenta el análisis del juzgador no sólo incluyó el examen de los elementos probatorios de cargo y de descargo, sino también la viabilidad de la explicación brindada por el acusado, desechándola al concluir que el cúmulo de probanzas configura un cuadro probatorio "sólido, macizo, vigoroso" (fs. 374) que lleva a la certeza de la existencia de la totalidad de los hechos atribuídos al incoado y su participación responsable en cada uno de ellos.

Particularmente, en lo que es motivo de agravio, el Tribunal a quo ponderó que los testimonios de las menores víctimas, P.A.F., N.B.F.y su madre, H.F., fueron "veraces, sinceros, y dieron muestras de poseer condiciones objetivas y subjetivas de credibilidad, testimonios mesurados, firmes, sin excesivas cargas imputativas, pero a la vez seguros y precisos en su parte medular, no demostrando ninguna animosidad para con el encartado, sino contando los hechos que vieron o los que fueron víctimas, sin agregar nada que no hayan sufrido, escuchado o visto, basta para ello el testimonio de H.F. o N.B.F." (fs. 376).

Explicó que las testigos "podrían -en virtud de los propios hechos que les hacía padecer V.- demostrar animosidad para con el imputado o tratar de 'cargar las tintas' sobre el accionar de éste, sin embargo con total sinceridad dicen lo que le contaron o lo poco que vieron al respecto, emergiendo de estas declaraciones perfectamente creíbles la certeza de la existencia de los hechos y que por lo único que 'dicen lo que dicen' es porque fueron verdaderas víctimas d el accionar del imputado y que no hay ningún otro tipo de intereses subalternos que los mueva en sus manifestaciones" (fs. 376 y vta.).

Resaltó, también, las conclusiones de las pericias psicológicas practicadas a las menores víctimas, que descartan tendencias a la fabulación, confabulación, o mitomanía, a la vez que señalan sintomatología compatible con las situaciones de violencia y abusos sexuales (fs.377 y vta.).

Asimismo, consignó que los dichos de la menor N.B.F., respecto de los abusos a que era sometida por el encartado, fueron corroborados por prueba independiente, tal como el testimonio de L.M., a quien la víctima conoció luego de abandonar la vivienda familiar (allá por finales del año 2003) y confió que había sido abusada por su padrastro, efectuando un relato idéntico -en lo sustancial- al suceso descripto en el hecho "cuarto" de la acusación; y el informe médico, practicado por orden del Juez de Menores con fecha 12/11/03, que constató a la época de los hechos, desgarros en el himen de la menor compatibles con la introducción de objeto romo y duro (dedos, pene) (fs. 379).

Por otra parte, el sentenciante desechó la versión exculpatoria del acusado argumentando: "no surge del debate algún motivo distinto de la propia existencia del hecho para que (las víctimas) sindiquen al encartado como lo hacen. Por el contrario, de la propia prueba surge que la Sra. H.F. ni siquiera denunció el hecho, ni la menor víctima quiso narrarlo cuando fue llevada por la madre a Delitos Especiales, derivada allí por. profesionales pertenecientes a la Secretaría de Justicia -repartición dependiente del Gobierno Provincial-, sino que fue el propio Juez de Menores en una audiencia para fijar el régimen de visitas que, al anoticiarse porqué la Sra. H.F. no quería que su esposo viera a su hija, la derivó al Sr. Médico forense y, al constatarse desgarro de himen, resolvió pasar los antecedentes al Sr. Fiscal" (fs. 379 vta.).

Explicó que la causa "estuvo demorada por varios años, no notándose de dichas actuaciones que haya habido por parte de la Sra. H.F. o de sus hijas insistencia en su tramitación o resultado."; por el contrario, "en su trámite hubo una demora mayor a la normal, ya que la remisión de los antecedentes al Sr.Fiscal, se realizó por parte del Juez de Menores en noviembre de 2003, y la elevación a juicio se efectivizó recién en diciembre de 2007." (fs. 379 vta., in fine), por lo que razonablemente dedujo que "no fue una maniobra de las víctimas ya que si hubieran demostrado un interés particular en perjudicar a V. o en el resultado de la misma, no hubieran esperado que fuera el Juez de Menores quien diera inicio a las actuaciones, ni hubieran permitido que el Sr. Fiscal de Instrucción recién resolviera la situación del imputado cuatro años después" (fs. 380).

Destacó, asimismo, que "los hechos se dieron en un contexto de sumisión, temor, violencia psicológica y física por parte del acusado, no sólo con respecto a la menores víctimas sino a todo el grupo familiar, sumado a la dependencia económica, hacía que el encartado fuera el 'amo y señor' de la casa y que ninguna de sus víctimas comentaran entre ellas o a su madre al momento de los hechos, que eran víctimas de V.", así como que "los reiterados hechos de violencia por parte de éste y el temor de lo que pudiera hacer, surge de las actuaciones que en el Juzgado de Menores. se tramitaban, en donde con claridad meridiana se pone de manifiesto que desde el año dos mil V. maltrataba a sus hijas y esposa y el temor que éstas le tenían, a tal punto que N.F. y B.F. presentaban -por esta cotidiana situación de violencia para con ella o su madre-, un problemático rendimiento escolar", y que "asimismo consta en dichas actuaciones que V. por esas razones, en diversas oportunidades fue excluido del hogar y en otras la madre y los menores fueron alojados en (otros hogares)." (fs. 381).

Finalmente, consideró que "en ese contexto de violencia y opresión, V.desenvolvía su accionar abusivo para con las menores que callaban lo que eran objeto por parte de su padrastro, que no sólo las amenazaba con matarlas 'si decían algo de lo que les hacía', sino que efectivamente las golpeaba con dureza por cuestiones nimias, lo que hacía que sus amenazas de muerte tuvieran un profundo efecto atemorizante" (fs. 381).

b. De todo el contexto probatorio, cabe concluir que lo acontecido, lo fue en un escenario de violencia intrafamiliar, que en relación a las menores, hijastras de su cónyuge se materializó en actos de invasión violenta e intimidatoria de carácter sexual.

Si tenemos presente el temor que el encartado despertaba a sus víctimas y la sumisión de éstas a sus exigencias, a lo que se suma que ello sucede en un ámbito privado, es fácil concluir que los argumentos defensivos dirigidos a poner en tela de juicio la veracidad de las declaraciones imputativas, no poseen sustento alguno que ameriten una investigación.

Las víctimas han hablado tiempo después de los hechos, aún atemorizadas y frente a las lesiones sufridas por su madre y la pretensión del encartado de acercarse a sus otros hijos menores, y muy lejos de un propósito vengativo.

Una vez más, nos encontramos frente a una persona, el imputado, que en una verdadera actitud de desprecio por los derechos de sus víctimas, sus hijastras, su esposa y su actual pareja (estas dos últimas en hechos que han merecido condena (sentencia de fs. 355/391), hace valer su superioridad masculina, ya sea por su fuerza y/o por su carácter de proveedor de los dineros necesarios para su subsistencia.

Estas inconductas, encuadran no solamente en el marco delictivo previsto por las normas penales, sino en el más amplio de los derechos humanos de las víctimas protegidas por normas supranacionales y que el Estado Argentino ha asumido la obligación de garantizar (Convención sobre la Eliminación de todas las Formas de Discriminación contra la Mujer, incorporada al art. 75 inc.22 C.N.; Convención Interamericana para prevenir, sancionar y erradicar la Violencia contra la Mujer, ratificada por Ley 24.632 ; ley 26.485 ).

Por lo expuesto, voto por la negativa.

La señora Vocal doctora Aída Tarditti, dijo:

La señora Vocal preopinante da, a mi juicio, las razones necesarias que deciden correctamente la presente cuestión. Por ello adhiero a su voto, expidiéndome en igual sentido.

La señora Vocal doctora María de las Mercedes Blanc G. de Arabel, dijo:

Estimo correcta la solución que da la señora Vocal del primer voto, por lo que adhiero a la misma en un todo, votando en consecuencia, de igual forma.

A LA SEGUNDA CUESTION:

La señora Vocal doctora María Esther Cafure de Battistelli, dijo:

I. Invocando asimismo el motivo formal de casación (CPP, 468 inc. 2°), denuncia la violación del principio de razón suficiente en lo que atañe a la individualización de la pena.

Considera la quejosa que se han meritado en forma omisiva las circunstancias personales que señalan los arts. 40 y 41, y que se ponderó la naturaleza de los hechos y cantidad de los mismos limitándose sólo a enunciarlos sin valorarlos lógicamente en su aspecto positivo o negativo ni indicar la fuente de donde se las extrae.

Puntualmente, sostiene que al analizar las circunstancias tenidas en cuenta a favor del imputado, el a quo se centró exclusivamente en su faz cuantitativa, análisis que tacha de parcial e incompleto, no contemplativo del real contexto familiar, puesto que su defendido no sólo carece de antecedentes y trabaja para lograr el sustento familiar, sino que lo hace para mantener a dos familias, lo cual torna aún más imprescindible su presencia en el hogar.

Asimismo se queja que no se haya mencionado como favorable y revelador de la escasa peligrosidad del imputado su "escasa instrucción", circunstancia que la doctrina señala como atenuante de la pena (Laje-Gavier en Notas al Código Penal Argentino Tomo I Parte General, Ed. Marcos Lerner, Córdoba, Nov.1994, pág. 235).

Esgrime que el sentenciante también incurrió en fundamentación omisiva al considerar como circunstancia desfavorable al imputado la naturaleza de los hechos cometidos y la cantidad importante de ellos, pues se limitó a enunciarlos sin hacer una valoración acerca de la modalidad o consecuencias que ocasionaron o pudieron ocasionar, es decir, omitió explicar cuáles fueron las causales, motivos y fuentes que lo persuadieron a catalogar dichas circunstancias en contra de su defendido para aumentar la sanción a imponerle siendo que tal descripción ya fue tenida en cuenta por el tipo penal.

En síntesis, entiende que, demostrada la escasa peligrosidad de su defendido, en atención a las circunstancias a su favor que no fueron tomadas en cuenta por el tribunal y a la única circunstancia valorada en su contra -la naturaleza de los hechos y cantidad importante de ellos- corresponde, por el principio de proporcionalidad, aplicar una sanción menor a la impuesta que se acerque más al mínimo legal.

Por ello, solicita se declare la nulidad parcial de la sentencia por incumplimiento de las normas adjetivas conminadas con dicha sanción (art. 468 inc. 2° en función del 413 inc. 4° y 193 del CPP), y sean derivadas las actuaciones a fin que se imponga una nueva sanción con arreglo a derecho.

II. Esta Sala reiteradamente ha señalado que la facultad discrecional de fijar la pena es exclusiva del tribunal de juicio y únicamente es revisable en casación en supuestos de arbitrariedad (TSJ, "Gutiérrez", S. nº 14, 7/7/88; "Ullua", S. nº 4, 28/3/90; "Farías", S. nº 69, 17/11/97; "Grosso", S. n° 215, 31/08/07; "Suárez", S. nº 31, 10/3/08; "Barrera", S. nº 154, 10/6/10; entre muchas otras).

Dentro de ese estrecho margen de recurribilidad relativo a las facultades discrecionales del tribunal de sentencia, se ha fijado el estándar de revisión en los supuestos de falta de motivación de la sentencia, de motivación ilegítima o de motivación omisiva (TSJ, Sala Penal, "Carnero", A.nº 181, 18/5/99; "Tar ditti", A. nº 362, 6/10/99; "Bertoldi", S. nº 3, 14/2/2001; "Defago", S. nº 133, 23/12/2004;, entre otras).

En relación a este estándar casatorio, particularmente se ha dicho que la omisión de valorar circunstancias fácticas sólo nulifica el decisorio si reviste valor decisivo (TSJ, Sala Penal, "Mansilla", A. nº 45, 5/7/85; "Gudiño", A. nº 47, 28/5/96; "Andrada de Ferretti", A. nº 198, 1/6/99; "Messori", A. nº 224, 16/6/99, "Rojas", A. n° 84, 5/4/00; S. n° 215, 31/08/07, "Grosso", entre muchos otros) y pone en evidencia la arbitrariedad del monto de la pena impuesta (TSJ, Sala Penal, A. n° 251, 21/7/99, "Lescano"; A. n° 47, 13/3/00, "Delbasi"; A. n° 95, 16/3/01, "Sosa"; A. n° 170, 4/6/02, "Cejas"; S. nº 12, 8/4/97, "Medina Allende"; A. n° 111, 26/6/97, "Gallardo"; S. n° 215, 31/08/07, "Grosso", entre muchos otros).

III. Al mensurar la pena a imponer al acusado, el Tribunal ponderó como circunstancias atenuantes "que carece de antecedentes penales y que es un hombre trabajador, desenvolviéndose como chofer de taxi durante la mayor parte del día, con lo que se gana la vida honradamente" y como agravantes "la naturaleza de los hechos cometidos, la cantidad importante de ellos: dos abusos sexuales a la menor P.F. que contaba en la época trece y catorce años de edad, tres abusos sexuales a N.F. de doce años, en el cual uno de ellos le introdujo el pene entre sus piernas hasta eyacular, dos hechos de abuso sexual con acceso carnal -uno por vía anal y otro vaginal- contra esta misma menor, las lesiones que le causara a su esposa (por la que tuvo que ser internada en terapia intensiva para su recuperación), otro hecho de similares características contra su concubina y las amenazas hacia ambas, entre otros delitos.", estimando justo imponerle la pena de once años y seis meses de prisión (fs.390).

IV. Entrando al análisis del presente embate, adelanto mi opinión en sentido desfavorable a las pretensiones de la recurrente. Doy razones:

La defensa tacha de arbitraria la sanción impuesta por entender que el Tribunal de juicio omitió ponderar como atenuantes, al momento de fijar la pena, circunstancias personales del imputado (ser el sostén económico de dos familias, su escasa instrucción) que a su ver, demuestran una escasa peligrosidad y deberían haber reducido la sanción de un modo tal que se acerque más al mínimo legal.

Si bien le asiste razón en cuanto a que las circunstancias invocadas no han sido ponderadas por el Tribunal a quo, el agravio no resulta de recibo puesto que no ha procurado demostrar que esas condiciones subjetivas, no seleccionadas por el juzgador, sean claramente demostrativas de una menor peligrosidad del incoado tal que resulte ineludible que sean reflejadas de un modo favorable en la graduación de la pena.

Tal demostración -como se ha dicho más arriba- resulta una condición imprescindible para la procedencia sustancial del gravamen, puesto que las circunstancias de mensuración de la pena no computan per se de manera agravante o atenuante, ni se encuentran preestablecidas como tales, sino que la previsión del artículo 41 CP es "abierta" y por ello permite que sea el Juzgador quien oriente su sentido según el caso concreto (Ziffer, Patricia, Lineamientos de la determinación de la pena, Ad-Hoc, 2° ed., Bs. As., 2005, págs. 100/101; De la Rúa, Jorge, Código Penal Argentino - Parte General, Depalma, Bs.As., 1997, págs. 698 y 705/706; TSJ, "Druetta", S. n° 259, 2/10/09).

Precisamente, en relación al grado de instrucción, Ricardo Núñez expresa que "la educación del condenado, en el sentido de formación intelectual y moral, tiene valor sintomático delictivo, según los casos, como demostrativa de la capacidad del condenado para insistir en la delincuencia o para abstenerse de ella.Sin embargo, debe rechazarse la idea de que la falta de educación representa siempre una atenuante por sí misma. La apreciación debe ser totalmente relativa en vista del delito y de sus circunstancias" (Derecho Penal Argentino, E.B.A., Lerner, Bs.As., 1965, T.II, págs. 461/462). En similar sentido se ha expedido esta Sala (S. n° 259, 2/10/09, "Druetta")

Estimo que en el caso, la falta de inclusión -en el juicio de ponderación que impone la determinación de la pena- de la instrucción incompleta del imputado, no configura una circunstancia de incidencia atenuante.

La educación, entre otros aspectos, resulta útil para "determinar la capacidad del autor para reconocer la antijuridicidad del hecho y para determinarse conforme ese conocimiento" (Ziffer, ob.cit., pág. 139).

En el caso y conforme lo señalado supra, el paradigma internacionalizado de superioridad masculina sobre la mujer, actuando como dueño de la misma, supera pautas educativas y se nutre de influencias culturales, no obstante obrar con plena conciencia de la antijuridicidad de su accionar, lo que se refleja en la negativa de sus acciones y en el vilipendio de su víctima, la mujer. El mayor o menor grado educativo puede hacer variar la importancia de la agravante, pero nunca jugar como un atenuante en este marco de violencia de género.

En cuanto al rol que el imputado tendría como proveedor del sustento familiar, cabe destacar que si bien la recurrente sugiere que la dependencia económica de sus descendientes se vería frustrada en caso de que se extienda el encarcelamiento del imputado más allá de lo razonable, no procura explicar de qué manera dicha circunstancia influiría en la peligrosidad del encausado forzando una disminución de la pena.Por el contrario, esta dependencia económica es la utilizada como instrumento para anular la resistencia de las víctimas y su capacidad para sustraerse del ámbito de violencia que se ha referido.

En cuanto a las circunstancias agravantes meritadas, cuadra apuntar que si bien el juzgador no ha descripto detalladamente las modalidades de los hechos que ponderó en contra del imputado, ellas surgen del relato acusatorio que se ha tenido por acreditado, el cual claramente refleja particularidades en la ejecución delictiva que tornan más gravoso el reproche penal. Ello se advierte en los modos de ejecución, la violencia utilizada, su prolongación en el tiempo, el silencio bajo amenazas impuesto a las víctimas. Lo mismo cabe predicar de las lesiones inferidas a su esposa atento a que, si bien resultan atrapadas por la figura más leve, fueron de tal intensidad que debió ser internada en terapia intensiva para su recuperación.

Como corolario, cabe agregar que tampoco se avizora que la pena impuesta resulte desproporcionada en relación a los ilícitos por los cuales fue condenado el imputado. Es que, dentro de un marco punitivo que parte de un mínimo de ocho años y se extiende hasta un máximo de cincuenta años de prisión por la limitación contenida en el art. 55, 2° párr. , CP, se ha establecido una pena que apenas supera el mínimo legal -fijada en el primer cuarto de la escala-, incluso valorando varios y trascendentes agravantes, como la naturaleza de los hechos cometidos -básicamente de índole sexual y personal-, la cantidad y modalidad de los mismos -previamente detalladas-, la escasa edad de las víctimas y las consecuencias dañosas que tuvieron en las damnificadas.

Las omisiones alegadas, en consecuencia, no constituyen arbitrariedad alguna y la pena impuesta debe ser confirmada.

Así voto.

La señora Vocal doctora Aída Tarditti, dijo:

La señora Vocal preopinante da, a mi juicio, las razones necesarias que deciden correctamente la presente cuestión.Por ello adhiero a su voto, expidiéndome en igual sentido.

La señora Vocal doctora María de las Mercedes Blanc G. de Arabel, dijo:

Estimo correcta la solución que da la señora Vocal del primer voto, por lo que adhiero a la misma en un todo, votando en consecuencia, de igual forma.

A LA TERCERA CUESTION:

La señora Vocal doctora María Esther Cafure de Battistelli, dijo:

Atento al resultado de la votación que antecede, corresponde rechazar el recurso de casación deducido por la Sra. Asesora Letrada del 15° turno, Dra. María Clara Cendoya, en favor del imputado V. J. V. Con costas (CPP, 550 y 551).

Así voto.

La señora Vocal doctora Aída Tarditti, dijo:

La señora Vocal preopinante da, a mi juicio, las razones necesarias que deciden correctamente la presente cuestión. Por ello adhiero a su voto, expidiéndome en igual sentido.

La señora Vocal doctora María de las Mercedes Blanc G. de Arabel, dijo:

Estimo correcta la solución que da la señora Vocal del primer voto, por lo que adhiero a la misma en un todo, votando en consecuencia, de igual forma.

En este estado, el Tribunal Superior de Justicia, por intermedio de la Sala Penal;

RESUELVE: Rechazar el recurso de casación deducido por la Sra. Asesora Letrada del 15° turno, Dra. María Clara Cendoya, en favor del imputado V. J. V. Con costas (CPP, 550 y 551).

Con lo que terminó el acto que, previa lectura y ratificación que se dio por la señora Presidente en la Sala de Audiencias, firman ésta y las señoras Vocales todo por ante mí, el Secretario, de lo que doy fe.

Dra. Aída TARDITTI

Presidenta de la Sala Penal del Tribunal Superior de Justicia

Dra. María Esther CAFURE DE BATTISTELLI

Vocal del Tribunal Superior de Justicia

Dra. M. de las Mercedes BLANC G. DE ARABEL

Vocal del Tribunal Superior de Justicia

Dr. Luis María SOSA LANZA CASTELLI

Secretario del Tribunal Superior de Justicia
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