Asapmi - Asociación Argentina de Prevención del Maltrato Infantojuvenil

Las Víctimas de Delitos contra su Persona o Integridad Sexual en el Derecho Penal

Fallo de la Corte Suprema de Justicia de la Nación avalando sentencia de primera instancia.

7 de junio de 2011

G. 1359. XLIII.
RECURSO DE HECHO

Buenos Aires, 7 de junio de 2011


Vistos los autos: “Recurso de hecho deducido por el Fiscal
General ante la Cámara Nacional de Casación Penal en la causa
------”, para decidir sobre su
procedencia.


Considerando:


1º) Que en las presentes actuaciones se investigaron y
juzgaron, tanto la promoción de la corrupción como los abusos
sexuales que habrían sido cometidos por -------- sobre
su hija M.V.G.S, con quien convivía, desde el año 2000, fecha en
que la niña contaba con 12 años de edad, accediéndola carnalmente
por vía vaginal, ejerciendo violencia física y amenazándola de
muerte para que no lo denunciara.


El Tribunal Oral en lo Criminal nº 12 de la Capital
Federal resolvió condenarlo a la pena de dieciocho años de
prisión, accesorias legales y costas, por considerarlo autor del
delito de abuso sexual con acceso carnal agravado por haber sido
cometido por un ascendiente —al menos en dos oportunidades— en
concurso ideal con el delito de corrupción de una menor de
dieciocho años de edad agravado por la misma circunstancia.


Contra dicha decisión, el abogado defensor del
condenado, interpuso un recurso de casación argumentando la
imposibilidad que había tenido la defensa de controvertir los
dichos de la joven y su tía, denunciante en la causa, y ello, en
el primero de los casos, como consecuencia de haber sido
desaconsejada por las expertas su comparecencia en juicio a la
luz del intento de suicidio y de los episodios psicóticos
padecidos por la joven y en el segundo caso, por la imposibilidad
de dar con el paradero de la denunciante.


El mencionado recurso fue concedido y radicado ante la
Sala IV de la Cámara Nacional de Casación Penal que anuló la


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sentencia condenatoria y reenvió las actuaciones a un nuevo
tribunal, para que se ocupara de que la víctima fuera preparada
psicológicamente para prestar declaración en el debate y de la
búsqueda intensiva de la denunciante, a fin de que se realizara
un nuevo juicio.


Contra esa resolución el Fiscal General interpuso el
recurso extraordinario federal cuya denegación derivó en la
presente queja, que fue mantenida a fs. 38/40 por el señor
Procurador Fiscal ante el Tribunal.


2º) Que en el recurso extraordinario el Fiscal General
planteó la arbitrariedad del fallo recurrido por considerar
—entre otras cuestiones— que “las declaraciones omitidas en el
juicio de referencia no constituyen el único ‘hilo conductor’ de
la investigación y la responsabilidad del imputado en los hechos
denunciados. En efecto, debe reconocerse que la prueba señalada
era de suma importancia para dilucidar lo ocurrido, mas no fue la
única en la cual se basó la sentencia que culminó en la condena
de ------”.


3º) Que el fallo impugnado resulta asimilable por sus
efectos a una sentencia definitiva, ya que constituiría una
decisión exculpatoria o absolutoria, dada la imposibilidad de la
víctima —según el criterio de los médicos forenses— de prestar
declaración en el debate, razón por la cual cabe dar por
satisfecho el cumplimiento de este requisito propio de la vía
intentada.


4º) Que si bien los agravios del impugnante remiten a
cuestiones de hecho y prueba, de derecho común y procesal,
ajenas, en principio, a la revisión prevista en el art. 14 de la
ley 48 por vía del recurso extraordinario corresponde excepcionar
dicha regla cuando la sentencia en crisis no cumple con la más
elemental condición de validez que le es inherente, al carecer de
fundamentación válida y no constituir una derivación razonada y


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G. 1359. XLIII.
RECURSO DE HECHO

lógica del derecho vigente con arreglo a las circunstancias
comprobadas de la causa (Fallos: 300:412; 312:2507; 319:2959;


330: 4983, entre otros).
5º) Que el a quo decidió anular el pronunciamiento de
fs. 436/437 y 441/448 vta., reenviando las actuaciones a un nuevo
Tribunal, a fin de que, practicado un nuevo juicio, se dicte
sentencia conforme al voto mayoritario. Al fundar sus dichos, tal
como lo sostiene el recurrente, el a quo construyó una nulidad en
abierta contradicción a la doctrina sentada por esta Corte
(Fallos: 295:961; 298:312; 302:221; 306:149 y 1360; 310:1880;


311: 2337; 322:507; 323:929; entre otros y, más recientemente,
330: 4549), y prescindió de todo un cúmulo probatorio
independiente.
A ello, sumó contradicciones manifiestas al evidenciar
su opinión respecto de la salud mental de la joven pues no
obstante considerarla comprometida, sostuvo que la declaración de
aquélla debía llevarse a cabo de todos modos, si no se viera por
ello afectada, “aún más” (fs. 19 vta.) o “sin alto riesgo” (fs.
15/16), entendiendo por este último algo más que el riesgo de
vida oportunamente denunciado por las peritos profesionales de la
salud intervinientes.


6º) Que sin desmedro de lo anterior y de las demás
cuestiones que —al decir de la parte recurrente— el a quo debió
también atender, tales como los mecanismos especiales de


protección de los derechos de quienes ya se encuentran en
situación de vulnerabilidad, el agravio relativo a la prueba
independiente, importa referir que el tribunal de juicio

fundamentó las declaraciones de culpabilidad de ----- en
otras pruebas. A tal fin resultaron determinantes para la
construcción de la sentencia condenatoria, a) el examen
ginecológico de fs. 73/75, por el que se constató que la menor
presentaba a nivel genital desgarros himeneales de
características antiguas —que habían completado su período de


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cicatrización de alrededor de 7 a 10 días—, cuyo mecanismo
determinante fue la penetración de un objeto romo, duro o
semiduro; b) las conclusiones del peritaje efectuado sobre el
colchón de la víctima —en el que se habrían producido las
vejaciones— toda vez que “…se comprobó la presencia de sangre y
semen humano” compatible “…con la información genética obtenida
de la muestra de sangre perteneciente al encausado, con una
probabilidad del 99,9999999990385%” (cfr. fs. 444 vta.), c) la
declaración en el debate de la licenciada Norma Griselda Miotto,
psicóloga del Cuerpo Médico Forense, quien señaló que la menor de
edad —durante las entrevistas que realizó— siempre se mantuvo
en su discurso sobre los abusos de los que había sido objeto por
parte de su padre, que no existían dudas de las consecuencias
traumáticas de lo que había sufrido y, por último, que la
damnificada se encontraba en un estado de extrema vulnerabilidad
por las vivencias de intensa agresión padecidas, siendo factible
que pudiera intentar suicidarse, lo que sumado al resultado de
los peritajes médicos de fs. 125/127 y 428/429 permitirían
corroborar la veracidad de la imputación.


7º) Que, en tales condiciones, no puede sino colegirse
de lo anterior que las pruebas objetivas —que en modo alguno
fueron impugnadas por la defensa— consideradas por el tribunal de
juicio a los fines de emitir su fallo condenatorio, debieron
cuanto menos ser atendidas por el a quo en orden a examinar si
constituían un curso causal probatorio independiente, lo que
fundamenta per se el carácter arbitrario del pronunciamiento
recurrido.


8º) Que en virtud de lo expuesto cabe concluir que la
sentencia impugnada no constituye una derivación razonada y
lógica del derecho vigente con arreglo a las circunstancias


comprobadas de la causa, lo que configura un supuesto de
arbitrariedad que justifica su descalificación como acto
jurisdiccional válido.

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G. 1359. XLIII.
RECURSO DE HECHO

Por todo lo expuesto, de conformidad con lo dictaminado por
el señor Procurador Fiscal, se hace lugar a la queja, se declara


-//


-//-procedente el recurso extraordinario y se deja sin efecto el
pronunciamiento recurrido. Agréguese al principal. Hágase saber y
devuélvase junto a los autos principales para que se dicte una
nueva resolución de acuerdo con los considerandos del presente
fallo. RICARDO LUIS LORENZETTI -ELENA I. HIGHTON de NOLASCO
(según su voto)-CARLOS S. FAYT -ENRIQUE SANTIAGO PETRACCHI (en
disidencia)-JUAN CARLOS MAQUEDA -E. RAÚL ZAFFARONI.


ES COPIA


VO-//


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G. 1359. XLIII.
RECURSO DE HECHO

-//-TO DE LA SEÑORA VICEPRESIDENTA DOCTORA DOÑA ELENA I. HIGHTON
de NOLASCO


Considerando:


1°) Que en el marco del recurso de casación que había
articulado la defensa, la sala IV de la Cámara Nacional de
Casación Penal anuló la sentencia condenatoria y reenvió las


actuaciones a un nuevo tribunal, para que se ocupe de que la
víctima sea preparada psicológicamente para que pueda prestar
declaración en el debate, de la búsqueda intensiva de la

denunciante y —al cabo de ello— de dictar un pronunciamiento de
acuerdo con el voto mayoritario.


2°) Que el Fiscal General interpuso contra el fallo el
recurso extraordinario federal cuya denegación derivó en esta
queja, que fue mantenida a fs. 38/40 por el señor Procurador
Fiscal ante el Tribunal, doctor Eduardo E. Casal.


3°) Que decisiones como la cuestionada pueden
equipararse a una sentencia definitiva, con sustento en el daño
psicológico que podría sufrir la víctima y la consiguiente lesión
de los derechos que le asisten en tal carácter.


4°) Que superado el obstáculo formal, se debe
determinar qué alcance corresponde otorgar al derecho del
imputado a controlar de modo útil la prueba (art. 14 párrafo 3
inciso “e” del Pacto Internacional de Derechos Civiles y
Políticos y 8 párrafo 2 inciso “f” de la Convención Americana
sobre Derechos Humanos) frente a los derechos de una víctima en
condición de vulnerabilidad, pues incumbe al Estado la carga de
justificar la limitación que se deba verificar.


5°) Que se encuentra en condición de vulnerabilidad
aquella víctima del delito que tiene una relevante limitación
para evitar o mitigar los daños y perjuicios derivados de la
infracción penal o de su contacto con el sistema de justicia o


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para afrontar los riesgos de sufrir una nueva víctimización. La
vulnerabilidad puede proceder de sus propias características
personales o bien de las circunstancias de la infracción penal.
Se destacan, entre otras víctimas, las menores de edad y las que
padecieron delitos sexuales. Todas estas condiciones se
presentaron en la damnificada.


6°) Que los jueces deben adoptar en estos casos las
medidas que resulten adecuadas para moderar los efectos negativos
del delito (víctimización primaria) y también deben procurar que
el daño sufrido no se vea incrementado como consecuencia del
contacto con el sistema de justicia (victimización secundaria);
en todas las fases del procedimiento penal, deben proteger la
integridad física y psicológica de la víctima.


7°) La sentencia anulada por la cámara de casación
había garantizado el cumplimiento de esos parámetros y si bien es
cierto que para ello necesitó restringir el derecho a interrogar
del imputado, lo hizo en la medida estrictamente necesaria para
preservar la salud psicofísica de la damnificada, con argumentos
pertinentes que se basaron en un informe médico que demostró
objetiva y concretamente, superando toda mención genérica, el
alto riesgo que para su salud mental una decisión en contrario
podía aparejar.


8°) Que, además, este límite al control fue compensado
por otras pruebas en las que la sentencia se fundó para formular
el juicio de culpabilidad al acusado, que la defensa pudo
fiscalizar y que habían confirmado el relato de la menor.


9°) Que desde esta perspectiva, no puede sostenerse
que la incorporación por lectura de los dichos de la víctima
hubiera generado una iniquidad inaceptable entre los derechos
colisionantes. No toda restricción del derecho a interrogar es
incompatible con la noción de un juicio justo, en tanto y en


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RECURSO DE HECHO

cuanto —como en el caso— no se resigne definitivamente a mantener
el equilibrio que debe mediar entre la acusación y la defensa.


10) Que con la anulación de una sentencia en estas
condiciones, el tribunal a quo prescindió de los elementos
señalados, renunció al parámetro de proporción que debió tener
presente para resolver la colisión de intereses que se le
presentó y descalificó una resolución que trató a la víctima con
compasión y respeto por su dignidad, principios fundamentales de
justicia para víctimas de delito adoptados por la Asamblea
General de las Naciones Unidas —resolución 40/34 del 29 de
noviembre de 1985—.


11) Que en tales condiciones resulta admisible la
tacha de arbitrariedad que se apoya en las circunstancias
indicadas, pues de este modo se verifica que la sentencia carece
de argumentos serios y que los derechos constitucionales
invocados guardan nexo directo e inmediato con lo resuelto, según
lo exige el artículo 15 de la ley 48.


Que por ello, de conformidad con lo dictaminado por el
señor Procurador Fiscal se hace lugar a la queja, se declara
procedente el recurso extraordinario y se deja sin efecto el
pronunciamiento impugnado. Agréguese al principal. Hágase saber y
devuélvase junto a los autos principales para que se dicte una
nueva resolución de acuerdo con los considerandos del presente
fallo. ELENA I. HIGHTON de NOLASCO.


ES COPIA


DISI-//


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G. 1359. XLIII.
RECURSO DE HECHO

-//-DENCIA DEL SEÑOR MINISTRO DOCTOR DON ENRIQUE SANTIAGO
PETRACCHI


Considerando:


Que el recurso extraordinario, cuya denegación dio
origen a la presente queja, es inadmisible (art. 280 del Código
Procesal Civil y Comercial de la Nación).


Por ello, y oído el señor Procurador Fiscal, se desestima
la queja. Hágase saber y archívese, previa devolución de los
autos principales. ENRIQUE SANTIAGO PETRACCHI.


ES COPIA


Recurso de hecho interpuesto por el doctor Pedro Narvaiz, Fiscal General ante
la Cámara Nacional de Casación Penal y mantenido por el señor Procurador Fiscal
ante esta Corte.


Tribunal de origen: Cámara Nacional de Casación Penal, Sala IV.
Tribunales que intervinieron con anterioridad: Tribunal Oral en lo Criminal n°


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