Asapmi - Asociación Argentina de Prevención del Maltrato Infantojuvenil

Daños y Perjuicios en casos de Violencia Familiar y Abuso Sexual Infantil.

Omisión en el reconocimiento filial

CNCIV – SALA J - 19/09/2011

En la Ciudad de Buenos Aires, Capital de la República Argentina, a los 19 días de Septiembre de Dos Mil Once, reunidos en Acuerdo los Señores Jueces de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil, para conocer en los recursos de apelación interpuestos en los autos caratulados: “G., I. G. c/ Z., M. s/ DAÑOS Y PERJUICIOS”, respecto de la sentencia de fs. 277/283, el Tribunal estableció la siguiente cuestión a resolver:
¿ES JUSTA LA SENTENCIA APELADA?

Practicado el sorteo resultó que la votación debía realizarse en el siguiente orden: Señores Jueces de Cámara Doctores CARLOS CARRANZA CASARES-CARLOS ALFREDO BELLUCCI-BEATRIZ AREÁN.//-

A la cuestión planteada el Señor Juez de Cámara Doctor Carranza Casares dijo:

I.- La sentencia dictada a fs. 277/283 hizo lugar a la demanda por daños y perjuicios entablada por I. G. G. contra M. Z., a quien condenó al pago de $ 16.600 más intereses.-

Expresó que había existido un obrar antijurídico del demandado al haber omitido el reconocimiento de la filiación a partir de su citación a este proceso, pero agregó que en virtud del ocultamiento de la madre al hijo y de la falta de exigencia formal y oportuna del reconocimiento por parte de los interesados al padre, a este solo le correspondía un porcentaje de la incidencia causal en los perjuicios reclamados.-

Adujo que el daño material pretendido ni siquiera había sido debidamente caracterizado o individualizado y además que correspondería a situaciones anteriores a la promoción de este juicio. Añadió que debía poseer certeza, no siendo suficiente el daño en abstracto o su simple posibilidad.-

Otro tanto dijo del lucro cesante en cuanto a la necesidad de acreditarlo y en razón de lo cual también lo desestimó.-

En relación con el daño psíquico estimó que la mayoría de los elementos informados en el peritaje como generadores de incapacidad se ubicaban en la etapa de la niñez o adolescencia, muy anterior a la fecha fijada para determinar la responsabilidad del demandado, por lo que cuantificó el requerimiento en $ 3.600.-

Por daño moral y privación de uso del apellido paterno estableció la suma de $ 10.000 y por gastos de tratamiento psicológico, la de $ 3.000.-

II.- Ambas partes apelaron el fallo. El actor en su memorial de fs. 340/350, cuyo traslado no () fue contestado, dice que está probado que su contraparte tenía pleno conocimiento de su existencia desde el momento del embarazo y que, de manera voluntaria, decidió negar su responsabilidad;; que no corresponde asignarle a él y a su madre un porcentaje de imputabilidad, pues ella tenía un nivel educativo y económico muy precario, un miedo cierto de que un proceso judicial de filiación expondría a su hijo al rechazo de su padre y no era un deber a su cargo iniciar tal pleito; que no fue responsable por la falta de reclamo dado que desconocía su identidad; que el daño material y el psicológico, y la pérdida de chance ocurridos con anterioridad a la demanda de filiación también debían ser imputados al progenitor; que el peritaje psicológico debe ser tenido en cuenta y que han de ajustarse los gastos de tratamiento a la experticia; solicita, finalmente, que se revisen los montos asignados en concepto de daño moral y uso del apellido paterno.-

El demandado al expresar sus agravios a fs. 354/356, con respuesta a fs. 358/360 aduce no haber obrado de manera antijurídica en razón de las dudas que tenía sobre la paternidad reclamada; manifiesta que el alegado daño psicológico y el tratamiento de esta índole no tienen relación causal con su conducta y que otro tanto ocurre con el perjuicio extrapatrimonial.-

III.- La identidad personal es lo que hace que cada cual sea uno mismo y no otro. Existe, precisamente, un derecho personalísimo que resguarda aquella identidad y tal prerrogativa cuenta con soporte constitucional.-

El art. 7 de la Convención sobre los Derechos del Niño dispone que el niño será inscripto inmediatamente después de su nacimiento y tendrá derecho desde que nace a un nombre, a adquirir una nacionalidad y, en la medida de lo posible, a conocer a sus padres y a ser cuidado por ellos. El art. 8, por su parte, establece que los Estados se comprometen a respetar el derecho del niño a preservar su identidad, incluidos la nacionalidad y las relaciones familiares de conformidad con la ley sin injerencias ilícitas, y que cuando un niño sea privado ilegalmente de algunos de los elementos de su identidad o de todos ellos, los Estados Partes deberán prestar la asistencia y protección apropiadas con miras a restablecer rápidamente su identidad. A su vez, la Convención Americana sobre Derechos Humanos regla en su art. 17 que los Estados Parte adoptarán disposiciones que aseguren la protección necesaria de los hijos, sobre la base única del interés y conveniencia de ellos y que la ley debe reconocer iguales derechos tanto a los hijos nacidos fuera de matrimonio como a los nacidos dentro del mismo. Además, en el art. 18 contempla que toda persona tiene derecho a un nombre propio y a los apellidos de sus padres o al de uno de ellos. La ley reglamentará la forma de asegurar este derecho para todos, mediante nombres supuestos, si fuere necesario. Estos derechos previstos en los citados arts. 17 y 18 entran dentro de aquellos que no pueden ser suspendidos ni siquiera en caso de guerra, de peligro público o de otra emergencia que amenace la independencia o seguridad del Estado Parte (art. 27)).-

Este derecho a la identidad -junto con las consecuencias de su desconocimiento- también ha sido sustentado en los arts. 14 bis y 33 de la Constitución Nacional (Bidart Campos, “Paternidad extrapatrimonial no reconocida voluntariamente e indemnización por daño moral al hijo: un aspecto constitucional”, en El Derecho, t. 128, p. 330).-

La falta de reconocimiento paterno al privarlo de un componente sustancial de su personalidad afecta evidentemente la identidad del hijo, lo que ya de por sí conlleva un perjuicio y todo daño injustamente padecido ha de ser resarcido.-

El principio de que quien daña a otro debe reparar ese daño surge del art. 19 de la Constitución Nacional, pues quien perjudica a un tercero es autor de una conducta que, por caer bajo “la autoridad de los magistrados” es susceptible de engendrar responsabilidad indemnizatoria frente al perjudicado (cf. Fallos: 308:1118 y 1160; 320:1996; 325:11).-

Una derivación de este deber jurídico de no dañar constituye en el derecho a una reparación. Este derecho a ser indemnizado (literalmente a quedar sin daño) reconoce también fundamento constitucional propio. Ello es así no solo por su correlación con el deber de no dañar, sino también debido a lo que se desprende de los textos constitucionales (arts. 17 y 41 de la Constitución Nacional y 10, 13, 14, 21, 63 y 68 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos).-

Considero, como ya lo he expresado, que no resulta admisible argumentar contra su procedencia sobre la base de la especialidad del derecho de familia, pues tal especialidad no puede desconocer la vigencia de un principio constitucional, que como tal no puede ser desatendido por ninguna rama del derecho -infraconstitucional- por específica que sea (“Daños provocados por la declaración de divorcio”, en Jurisprudencia Argentina 2005-I, p. 1376).-

He de poner de relieve, además que en el derecho civil también existe normativa que resguarda el aspecto del derecho a la identidad aquí debatido y advierte sobre la antijuridicidad de la omisión paterna (arts. 254, 255 y 3296 bis del Código Civil). La omisión de la conducta prevista -reconocimiento voluntario- importa un comportamiento antijurídico (cf. C.N.Civ., esta sala, L. 223.313, del 25/8/97).-

El reconocimiento del hijo no constituye un acto librado a la autonomía privada - o autonomía de la voluntad - que interesa solo al libre arbitrio del reconociente, en el sentido de que la ley lo faculta a realizar o no. Que dependa de la iniciativa privada no implica que el ordenamiento niegue el derecho del hijo a ser reconocido por su progenitor. Y si el hijo tiene el derecho a obtener su emplazamiento respecto del padre o madre que no lo ha reconocido espontáneamente -de otro modo no se le conferiría la acción del art. 254 citado-, es obvio que este asume el deber de reconocer al hijo, que, como tal, es un deber jurídico (cf. Zannoni, “Responsabilidad civil por el no reconocimiento espontáneo del hijo”, en La Ley 1990-A, 1).-

Como se ha destacado, estamos ante un interés subjetivo, jurídicamente tutelado, cuya violación representa, entonces, una actitud ilícita; es decir, resulta indudable el derecho que desde su nacimiento, tiene el hijo a ser reconocido por su padre para, de ese modo, obtener emplazamiento en el estado de familia que le corresponde (C.N.Civ., sala F, “R., E. N. y otro c/ M., H. E.”, del 19/10/89, en Jurisprudencia Argentina 1990-II, p. 57).-

En el caso, de la declaración testifical de fs. 125/126 se desprende que el demandado fue anoticiado, por la misma declarante, del embarazo de la madre del actor, con la que había mantenido un noviazgo de tres o cuatro meses, antes de su traslado al extranjero donde tuvo lugar el nacimiento.-

Esta testigo no ha sido impugnada -ni menos denunciada por falso testimonio- y, a la luz de la sana crítica (arts. 386 y 456 del Código Procesal), más allá de las imprecisiones esperables debido a los más de treinta años transcurridos, no encuentro motivo para no darle credibilidad.-

Si bien, como argumenta el propio fallo, no surge de los dichos de la nombrada que la madre del demandante hubiera informado “directamente al demandado la existencia del embarazo” y que “bien pudo el accionado considerarse -en ese entonces- con derecho a dudar de la circunstancia que le relataba una tercera persona”, entiendo que ello no enerva su responsabilidad, como concluye la sentencia.-

Ante todo -y más allá de lo que hubiera resultado más apropiado- no encuentro indispensable que la comunicación del embarazo hubiera debido efectuarla la gestante. El anoticiamiento lo realizó en este caso una amiga que la conocía “desde siempre”.-

Por otra parte, entiendo que asumiendo -como lo hace el pronunciamiento- que el progenitor tenía derecho a dudar, ello no lo debió dejar inactivo, máxime teniendo en cuenta que resulta indudable que había tenido relaciones sexuales con la madre a la época de la concepción.-

Normalmente un hombre que se entera que su pareja o ex pareja -con la que ha mantenido relaciones íntimas- ha quedado embarazada, intentará saber si puede ser el padre de ese hijo (cf. C.N.Civ., sala I, “A., N.B. c/ S., A.A.” del 13/2/03, en El Derecho, t. 203, p. 573). Aun cuando se admitiere que era razonable que se le presentasen dudas, debería haber arbitrado los medios para despejarlas (cf. Solari, “Reparación por daños por la omisión del reconocimiento voluntario del hijo”, en LLBA 2006 (abril), p. 1306).-

Lo expuesto -y lo previsto en los arts. 512, 1074 y 1109 del Código Civil- me induce a tener por configurado el factor de atribución subjetivo sobre el cual reposa el reclamo en estudio (cf. Makianich de Basset y Gutiérrez, “Procedencia de la reparación del daño moral anate la omisión de reconocimiento de hijo”, en El Derecho, t. 132, p. 473; Kemelmajer de Carlucci, “Responsabilidad civil por falta de reconocimiento de la paternidad extramatrimonial”, en Trigo Represas y Stiglitz, Derecho de daños, Ed. La Rocca, Buenos Aires, 1996, p. 665; Molina Quiroga y Viggiola, “Responsabilidad derivada del no reconocimiento del hijo propio -lesión del dererecho a la identidad- resarcimiento del daño”, en Jurisprudencia Argentina, 1993-II, p. 902; Medina, “Responsabilidad civil por la falta o nulidad del reconocimiento del hijo”, en Jurisprudencia Argentina, 1998-III, p. 1166; Loyarte y Rotonda, “Daño moral por el no reconocimiento voluntario del hijo”, en Jurisprudencia Argentina 1999-IV, p. 523; Di Lella, “Del daño moral por el no reconocimiento inculpable del hijo”, en Jurisprudencia Argentina 1999-III, p. 499; Medina, “Prueba del daño por la falta de reconocimiento del hijo”, en Revista de Derecho de Daños, Rubinzal Culzoni, N° 4, p. 111).-

Constituye un elemento de convicción corroborante de esta conclusión la conducta observada por el demandado al contestar la demanda en el reclamo de filiación sosteniendo “jamás conocí a N. L. G., ni por ende jamás pude haber mantenido relaciones sexuales con esta” e insistiendo “he tenido algunas novias, pero jamás fue novia mía N. L. G., ni he conocido a nadie con ese nombre” (cf. art. 163, inc. 5 del Código Procesal). Hasta la perito ha llegado a expresar, en tal sentido, que “atendiendo a que hubo negativas que no fueron tales, es dudoso dar crédito a las posteriores negativas de la contestación” (fs. 186 vta.).-

Sin perjuicio de lo expuesto, no puedo pasar por alto que si se ha señalado que “la demora de la madre en efectuar el reclamo judicial, aunque no exime de responsabilidad al demandado indudablemente ha contribuido al agravamiento del daño cuyo resarcimiento se trata” (cf. C.N.Civ., esta sala, L. 465.096 del 9/3/07 y “P.,C. c/ A., G.E., del 13/8/99, en El Derecho, t. 188, p. 705; íd., sala I, “A., N.B. c/ S., A.A.” del 13/2/03, en El Derecho, t. 203, p. 573 ya citado; íd., sala D, “A., N.B.c/ R., J., del 19/12/02, en El Derecho, t. 205, p. 329), con mayor razón ello es así cuando no solo omitió promover la correspondiente demanda -lo cual ya es mucho más que haberla demorado-, sino que ocultó a su hijo la identidad de su progenitor durante toda su vida.-

De allí que corresponde tener en cuenta esta circunstancia al valuar las partidas indemnizatorias, sin desmedro de la responsabilidad del demandado.-

Contrariamente, no advierto que la víctima de este entuerto -el hijo- haya asumido actitud alguna que le pueda ser reprochable o tenga vinculación causal con el perjuicio, toda vez que poco tiempo después de haber sido anoticiado de la identidad de su padre intentó un acercamiento con él, como dan cuenta las declaraciones testificales de fs. 125/126 y fs. 128; y ante lo infructuoso de tal intento, entabló la demanda de filiación, primero, y la de daños y perjuicios, después.-

Por ende corresponde revocar el pronunciamiento en este aspecto.-

IV.- a) La configuración de un daño moral como consecuencia de la falta de asunción de la paternidad resulta evidente y, por ende, no precisa de prueba que lo avale, sin perjuicio -claro está- de que se arrimen a la causa elementos que permitan evaluar con mayor precisión su extensión.-

En este sentido reiteradamente se ha sostenido que la lesión a este derecho personalísimo aquí vulnerado -aun sin prueba al respecto- permite presumir la existencia de un perjuicio extrapatrimonial (cf. C.N.Civ., sala D, “A., N.B. c/ R., J., del 19/12/02, en El Derecho, t. 205, p. 329; íd., sala L, “B., O.N. c/ M., O.O.”, del 23/12/94, en La Ley 1995-E, p. 12; íd., sala E, “M., V. c/ M., V.”, del 12/5/98, en La Ley 1999-F, p. 8; íd., sala I, “U., A.M. c/ M., J.O.”, del 19/8/97, en La Ley 1997-F, p. 478; íd., sala I, “U., A.M. c/ M., J.O.”, del 19/8/97, en La Ley 1997-F, p. 478; íd., esta sala, L. 223.313, del 25/8/97 y L. 557.067, del 14/12/10; S.C.J. Mendoza, sala I, “DRC c/ AMB”, del 24/7/01, en La Ley Gran Cuyo 2001, p. 808).-

No resulta difícil inferir el dolor que entraña no haber querido ser reconocido por su padre, no contar con apellido paterno y no haber sido considerado, en el ámbito de las relaciones humanas, hijo de su progenitor (cf. C.N.Civ., sala F, “R., E.N. c/ M., H.E.”, del 19/10/89, en La Ley 1990-A, p. 2; Méndez Costa, “Sobre la negativa a someterse a la pericia hematológica y sobre la responsabilidad civil del progenitor extramatrimonial no reconociente”, en La Ley 1989-E, p. 563). Por lo demás, considero que no contradice lo expuesto la circunstancia de que el actor, después de la sentencia dictada en el juicio de filiación, no haya modificado aun su apellido, pues ello es independiente del padecimiento de no haber contado con el de su padre -que le correspondía- a lo largo de su vida. Por lo demás es dable pensar que no resulta tan sencillo modificar ya adulto el apellido que venía utilizando (el art. 5 de la ley 18.248 contempla tal dificultad).-

En lo atinente a la reparación del daño moral - prevista en el art. 1078 del Código Civil - sabido es que está dirigida a compensar los padecimientos, molestias e inseguridades, únicamente desde el plano espiritual, para mostrar en qué medida ha quedado afectada la personalidad y el sentimiento de autovaloración.-

Para estimar pecuniariamente tal reparación falta toda unidad de medida, pues los bienes espirituales no son mensurables en dinero. Sin embargo, al reconocerse una indemnización por este concepto, no se pone un precio al dolor o a los sentimientos, sino que se trata de suministrar una compensación a quien ha sido injustamente herido en sus afecciones íntimas. Si la indemnización en metálico no puede por sí restablecer el equilibrio perturbado del bienestar de la víctima, puede sin embargo, procurarle la adquisición de otros bienes que mitiguen el daño (cf. C.N.Civ., esta sala L. 465.066, del 13/2/07 y L. 563.986, del 22/2/11, entre otros).-

Este tribunal ha recordado que la determinación de este daño no se halla sujeta a parámetros objetivos, pues las aflicciones se producen en el ámbito espiritual de la víctima, por lo que su valoración debe efectuarse según la cautelosa discrecionalidad del juzgador ceñido a considerar la situación personal de aquella (cf. arts. 163, inc. 5?, 165, 386, 456, 477 y cc. del Código Procesal; arts. 1078, 1083 y cc. del Código Civil; C.N.Civ., esta sala, L. 488.078, del 6/11/07 y sus citas).-

A la luz de todo lo expuesto con anterioridad, valorando las condiciones personales del demandante que surgen del incidente de beneficio de litigar sin gastos (fs. 11,12 y 13) y lo que se desprende del peritaje psicológico (fs. 181/210), estimo que corresponde establecer $ 35.000 por esta partida.-

b) Es criterio reiterado de esta sala que el daño psíquico no constituye una partida independiente ya que carece de autonomía indemnizatoria pues, en tanto daño patrimonial indirecto, integra el de incapacidad y en cuanto a aspecto extrapatrimonial, el daño moral. En realidad, no cabe confundir el bien jurídico afectado, esto es la integridad física y psíquica, con los perjuicios que de ella derivan que solo pueden comportar daños patrimoniales indirectos -incapacidad- o daño extrapatrimonial -moral- (cf. Zannoni, Eduardo, El daño en la responsabilidad civil, 2a.ed., p. 157/166 y sus múltiples referencias; esta sala, L. 163.509, del 6/6/95; L. 169.841, del 20/7/95; L. 205.632, del 26/11/96; L. 219.296, del 2/7/97 y L. 521.482, del 21/4/09, entre muchos otros concordantes). En tal orden de ideas la Corte Suprema ha postulado que aunque se reconozca autonomía conceptual al daño psíquico o psicológico por la índole de la lesión que se causa a la integridad psicofísica de la persona, ello no significa que haya de ser individualizado como un rubro compensatorio autónomo para ser sumado al daño patrimonial o moral (cf. Fallos: 326:847).-

Ahora bien, en el caso, bajo la denominación de daño psíquico se ha tratado el tópico incapacidad -limitada a los aspectos psíquicos en este supuesto- y este sí admite una cuantificación independiente.-

Tal como se ha señalado reiteradamente, cuando la víctima resulta disminuida en sus aptitudes psíquicas de manera permanente, esta incapacidad deber ser objeto de reparación al margen de que se desempeñe o no una actividad productiva pues la integridad tiene en sí misma un valor indemnizable y su lesión afecta diversos aspectos de las personalidades que hacen al ámbito doméstico, social, cultural y deportivo con la consiguiente frustración del desarrollo pleno de la vida (cf. Fallos: 308:1109; 312:752, 2412; 315: 2834; 316: 2774; 318:1715; 320: 1361;321: 1124; 322: 1792, 2002 y 2658; 325:1156; 326:874).-
Es decir que, a los fines de establecer el monto que debe resarcirse por este concepto, deben tenerse en cuenta las condiciones personales de la víctima, así como las familiares y socioeconómicas, sin que el grado de incapacidad comprobado científicamente por la perito médica traduzca, matemáticamente, una cierta cuantía indemnizatoria. Solo constituye un parámetro de aproximación económica que debe ser conjugado con las múltiples circunstancias vitales que contribuyen a definir razonablemente el monto de la reparación (cf. C.N.Civ., esta sala L. 465.066, del 13/2/07; íd. L. 462.383, del 21/2/07; ver asimismo Fallos: 320:1361; 325:1156).-

La perito psicóloga designada de oficio, después de describir los estudios practicados y desarrollar el marco teórico de su dictamen de fs. 181/210, concluyó que el actor padecía una incapacidad psicológica con relación causal con la falta de reconocimiento. Explicó que le faltaron alternativas por las que debe transcurrir el proceso de identificación y que por ello presentaba graves fallas en la constitución subjetiva que se expresaban a través de una personalidad borderline.-

Al responder a la impugnación del demandado, la experta reiteró que la incapacidad psicológica definitivamente tenía relación causal con los hechos motivos del pleito, puesto que la ausencia de la función paterna le había ocasionado un daño en la estructura psíquica que perduraba en el tiempo (fs. 225/227).-

Habida cuenta de lo precedentemente considerado y en especial de lo expresado respecto al tiempo en el cual el demandado habría incurrido en la omisión del reconocimiento, ha de modificarse la evaluación de la incapacidad psíquica detectada en el peritaje -que ya no ha sido cuestionado en esta instancia- para determinar por este tópico un total de $ 20.000.-

c) Otro tanto cabe decir de la admisión de una partida atinente al tratamiento psicoterapéutico, que se dirige a resarcir un aspecto diferente de la incapacidad acreditada. La señalada necesidad de la terapia apunta, obviamente, a los aspectos reversibles de las afecciones, como así también a los paliativos de las secuelas no modificables y a la prevención de ulteriores deterioros (cf. C.N.Civ., esta sala L. 450.661, del 13/3/97; L. 471.881, del 22/5/07; L. 472.341 del 17/9/07 y L. 570.670, del 29/6/11). De allí que, en atención a lo señalado por la experta a fs. 186 y fs. 225vta. y las demás consideraciones ya efectuadas, estimo prudente fijar $ 10.000 por este ítem.-

d) El recurso concerniente al llamado daño material, pérdida de chance y lucro cesante ha de considerárselo desierto (arts. 265 y 266 del Código Procesal) puesto que el apelante omite refutar uno de los argumentos centrales expresados en el fallo para rechazar tales partidas, esto es, su falta de comprobación. El memorial elude señalar elemento alguno que corrobora la existencia de tales perjuicios.-

No puedo soslayar en tal orden de ideas que se ha entendido, en relación con este tipo de reclamos, que el daño patrimonial -a diferencia del moral- ha de ser objeto de prueba (cf. Arianna, “El daño material por falta de reconocimiento”, en RC y S 2004, p. 519; Méndez Costa, Visión juresprudencial de la filiación, Rubinzal-Culzoni, Buenos Aires, 1997, p. 176; Azpiri, “Daños y perjuicios en la filiación”, Revista Derecho de Familia, n° 20, 2002, p. 33; Gregorini Clusellas, “El daño moral en la negativa de filiación y la legitimación al resarcimiento”, en La Ley 1995-C, p. 405; Famá, “Los daños y perjuicios derivados de la falta de reconocimiento voluntario del hijo”, en Jurisprudencia Argentina 2010-II, p. 1391).-

Consecuente, postulo la confirmación del fallo respecto de estos tópicos.-

V. En su mérito, después de haber examinado los argumentos y prueba conducentes, propongo al acuerdo revocar parcialmente la sentencia apelada para fijar por daño moral la suma de $ 35.000, por incapacidad psíquica $ 20.000 y por tratamiento psicoterapéutico $ 10.000, y confirmarla en lo demás que decide y ha sido materia de agravios no atendidos, con costas a la parte demandada sustancialmente vencida (art.68 del Código Procesal).-

Los Señores Jueces de Cámara Doctores Carlos Alfredo Bellucci y Beatriz Areán votaron en el mismo sentido por razones análogas a las expresadas en su voto por el Doctor Carranza Casares. Con lo que terminó el acto.-

Buenos Aires, de septiembre de 2011.-

Y VISTOS:

Por lo que resulta de la votación de que instruye el acuerdo que antecede, SE RESUELVE: I.- Revocar parcialmente la sentencia apelada y en su mérito fijar por daño moral la suma de TREINTA Y CINCO MIL PESOS ($ 35.000), por incapacidad psíquica VEINTE MIL PESOS ($ 20.000) y por tratamiento psicoterapéutico DIEZ MIL PESOS ($ 10.000), y confirmarla en lo demás que decide y ha sido materia de agravios no atendidos, con costas a la parte demandada. II.- Devueltas que sean las actuaciones se proveerá lo pertinente a fin de lograr el ingreso de la tasa judicial (arts. 13 y conc. de la ley 23.898). III.- En atención al nuevo resultado del proceso; a la calidad, extensión y mérito de la labor profesional desarrollada en este proceso, etapas cumplidas y resultado obtenido; a lo que establecen los arts. 6, 7, 9, 10, 14, 19, 37, 38 y conc. de la ley 21.839 y la ley 24.432, y el art. 279 del Cód. Procesal se adecuan los honorarios regulados en autos; en consecuencia se fijan la remuneración de los letrados patrocinantes del actor, DRES. M. A. V. y F. A. A. C., en la suma de .... ($ ...) y ... ($ ...), respectivamente; la de la letrada patrocinante del demandado, DRA. L. B. G. se establece en .... ($ ...). Por los trabajos de alzada se fija la remuneración de los DRES. A. C. y G. en .... ($ ...) y ... ($ ....), respectivamente. En atención a la calidad de la labor pericial desarrollada en autos; a su mérito y eficacia y a la adecuada proporción que deben guardar las retribuciones de los expertos con las de los letrados intervinientes (Fallos: 314:1873; 320:2349;; 325:2119, entre otros) se fija la remuneración de la psicóloga B. E. R. en .... ($ ....).//-

Se deja constancia de que la publicación de esta sentencia se encuentra sujeta a lo establecido por el art. 164, segundo párrafo, del Código Procesal. Notifíquese y devuélvase.

Fdo.: Carlos Carranza Casares - Carlos Alfredo Bellucci - Beatriz Areán.

Citar: elDial AA6FB3
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