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La Cámara Gesell en el proceso penal

Poder Judicial de la Nación - Sala I - 27.128 - González, José. Nulidad/ Inconstitucionalidad art. 250 ter C.P.P. Interloc. 2/59

Bunos Aires, 14 de diciembre de 2005.

Poder Judicial de la Nación
Sala I - 27.128 - González, José.
Nulidad/ Inconstitucionalidad art. 250 ter C.P.P.
Interloc. 2/59

Buenos Aires, 14 de diciembre de 2005.
Y VISTOS:

I. Llega la presente a estudio de este Tribunal a raíz del recurso de
apelación interpuesto por el Sr. Fiscal a fs. 16/18, contra el auto de fs. 10/15
mediante el cual se rechazan los planteos de nulidad formulados por él (puntos I y III) y se declara la inconstitucionalidad por irrazonabilidad del art. 250 ter del C.P.P. (punto II); el que fuera concedido a fs. 20 y mantenido respecto de los puntos II y III por el Fiscal General a fs. 27/28.

II. a) La presente incidencia se forma con la presentación del Dr.
Guillermo Cicchetti, titular de la Fiscalía Correccional nro. 3, mediante la cual
solicitó la nulidad de la declaración testimonial que se le recibiera en sede policial a J. L. R., de 14 años de edad, dado que vulnera lo establecido en
el art. 250 ter del C.P.P. Por otro lado, el fiscal de grado planteó también la nulidad del secuestro de la licencia de conducir por la prevención -retención ordenada mediante consulta a fs. 28- por cuanto no se respetaron las previsiones del art. 311 bis del código de rito que establece que recién con el auto de procesamiento el magistrado puede disponer la inhabilitación del imputado para conducir disponiendo la retención de su registro de conductor.
b) A fs. 10/15 el a quo resolvió rechazar ambos planteos nulificantes
por entender que no se violaban garantías constitucionales.
En cuanto al primer tópico, la nulidad de la declaración testimonial
del niño R., entendió que al encontrarse autorizado el acto por la madre del
deponente, no ocasionaba perjuicio alguno (punto I).
En relación a la retención de la licencia, expresó que la medida
cuestionada se encuentra prevista en el art. 231 del C.P.P. por cuanto el secuestro del documento fue dispuesto por consulta promovida al Tribunal por vía telefónica por razones de urgencia, no tratándose técnicamente de la requisa prevista en el art. 230 bis del articulado normativo señalado (punto III) En dicho auto, además, el juez de grado resolvió declarar la
inconstitucionalidad por irrazonabilidad del art. 250 ter del código de forma, por cuanto no atiende al interés superior del niño, a su derecho de acceso inmediato a la justicia y a ser oído directamente por el Tribunal (punto II).
c) Por su parte, el Sr. Fiscal General -fs. 27- no mantuvo el recurso
respecto del primer punto -la nulidad de la declaración testimonial del niño en la preventora- por cuanto entendió que si bien la normativa citada tiende al
resguardo en el cumplimiento de las diligencias judiciales atinentes a la salud
psicofísica de los menores víctimas, no advierte afectación alguna al desprenderse del legajo que la madre del declarante prestó conformidad para el acto.
Distinto es el caso de los restantes dos tópicos tratados, puesto que el Dr. José Chakass consideró que -conforme lo sostiene su inferior jerárquicono puede alegarse la irrazonabilidad de la normativa declarada inconstitucional puesto que el objetivo de la reforma legislativa fue evitar una revictimización del
niño en el ámbito judicial implementando una forma menos intimidante para la obtención de testimonios en aquellos procesos en los que resultaren damnificados.
Agregó que los medios seleccionados por la norma se adecuan plenamente al propósito tenido en miras por el legislador para la protección de la
niñez, no advirtiéndose entonces desproporción alguna que habilite la declaración de inconstitucionalidad.
Por último, mantuvo el recurso en cuanto al punto III, puesto que
según su entender el secuestro de la licencia de conducir no encuentra respaldo en ninguno de los supuestos enunciados en el art. 231 del C.P.P., por lo que no puede tenerse como válido.
III.- Ahora bien, debiendo expedirnos en el presente habremos de revocar la declaración de inconstitucionalidad del art. 250 ter del C.P.P. como así
también el rechazo del planteo de nulidad, por los motivos que se exponen a
continuación.

Inconstitucionalidad del art. 250 ter del C.P.P.N.

Como ya lo ha sostenido este Tribunal en pronunciamientos
anteriores, los arts. 250 bis y ter del C.P.P.N., aportan un nuevo procedimiento
para la recepción de declaraciones a menores damnificados por delitos de lesiones y contra la integridad sexual. En esos casos, el juez queda relevado de interrogar, practicándose tal medida a través de personas expertas en el tratamiento de menores, tales como psicólogos o eventualmente psiquiatras.
De tal modo, lo que se evita es la revictimización del niño ante el
interrogatorio de sujetos, tales como jueces o empleados del tribunal, que por no haber sido formados en la materia, provoquen un nuevo perjuicio (causa nro. 27.178 Saldivar, Miriam Rta. 12/10/05).
En este sentido, consideramos que no se vulnera la potestad
jurisdiccional contenida por el art. 116 de la Carta Magna por cuanto el
magistrado y las partes tienen la facultad de seguir las alternativas del acto, desde el exterior del recinto denominado Camara Gesell, pudiendo controlar la prueba que se produce al sugerir preguntas cuya formulación al menor queda a criterio del profesional que lleva a cabo el interrogatorio.
En cuanto al derecho a ser oído, tampoco se encuentra vulnerado por
la norma, puesto que en dicho acto el niño se encuentra plenamente facultado para libremente brindar su versión de los hechos, cuidandose en todo momento que no vuelva a ser victimizado, pero en esta oportunidad por los operadores de la justicia. Así, mediante la aplicación del procedimiento especial que aquí se trata, se torna efectivo el cumplimiento del art. 3 de la Convención de Derechos del Niño que establece como prioridad en la materia el interés superior del niño.
Por dicho motivo, corresponde revocar el punto II) del auto de fs. 10/15, mediante el cual se decreta la inconstitucionalidad del art. 250 ter del
C.P.P.N., por cuanto no vulnera derecho constitucional alguno; sino por el
contrario, introduce un procedimiento fundado en la actividad interdiciplinaria
como herramienta de trabajo, con el objeto de lograr una materialización de los derechos fundamentales.

Nulidad del secuestro de la licencia de conducir.
Conforme luce a fs. 28 del principal, el secretario del magistrado interviniente dispuso la retención de la licencia de conducir del imputado Gonzalez, no encontrando ello sustento alguno en la normativa legal vigente puesto que al investigarse un accidente de tránsito, este elemento no resulta ser
objeto de prueba.
Así las cosas, al no encontrarse debidamente fundada la medida –en los términos del art. 123 del C.P.P.- para que permita una apreciación en cuanto
a la necesidad de la incorporación de dicho documento al proceso como tampoco se encuentra dentro de los parámetros previstos en los arts. 230 bis y 231 del C.P.P.N., debe decretarse la nulidad de su secuestro, máxime cuando no se ha cumplido con las formas legales (mediante acta de estilo en presencia de dos testigos hábiles) para arribar a dicho resultado. Ello es así, puesto que -
conforme lo apunta el Sr. Fiscal- se torna en una vulneración de derechos
constitucionales sin sentido alguno.
Por lo relatado precedentemente, corresponde revocar el punto III) del auto de fs. 10/15 y declarar la nulidad del secuestro dispuesto a fs. 28 del principal, puesto que dicha retención implica un cercenamiento de derechos que
no se encuentra justificado en el marco de la investigación.

Por lo expuesto, el Tribunal RESUELVE:
I. REVOCAR la declaración de inconstitucionalidad del art. 250
ter del C.P.P. dispuesta en el punto II) del resolutorio de fs. 10/15 de la presente incidencia, en cuanto ha sido materia de recurso.
II. REVOCAR el rechazo resuelto en el punto III) del auto de
mención y disponer la nulidad del secuestro de la licencia de conducir por
cuanto dicho cercenamiento de derechos no se encuentra debidamente fundado en los términos del art. 123 del C.P.P. ni se encuentra justificado conforme los parámetros de los arts. 230 bis y 231 del código de forma, en cuanto ha sido materia de recurso.
Notifíquese al Sr. Fiscal y oportunamente devuélvase, sirviendo lo
proveído de muy atenta nota de envío.
GUSTAVO A. BRUZZONE
ALFREDO BARBAROSCH JORGE LUIS RIMONDI
Ante mi:
En lo pasé a la ujería. Conste.

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