Asapmi - Asociación Argentina de Prevención del Maltrato Infantojuvenil

Notas de Actualidad

PROTECCION DE LOS PROFESIONALES QUE ASISTEN A LAS VICTIMAS DE LA VIOLENCIA.

PROYECTO FINAL DE LEY

PROTECCION DE LOS PROFESIONALES QUE ASISTEN A LAS VICTIMAS DE LAS VIOLENCIAS


Los procesos en que se encuentran afectados los derechos individuales de las personas, en especial los que conciernen o derivan de relaciones familiares, poseen características propias y diseños procesales singulares que exigen extremar los recaudos necesarios para garantizar una eficaz defensa y protección de esos derechos.

En los casos en que se debaten los derechos de los cónyuges -discusión interpares-, más allá de los avatares propios de las tradicionales contiendas judiciales, aparecen dificultades en el orden probatorio que desembocarán en una sentencia de mérito, declarando el derecho de las partes.

Esas dificultades - consistentes en situaciones de violencia familiar o maltrato o abuso sexual infantil - surgen cuando se presentan conflictos interpersonales derivados de relaciones asimétricas de poder dentro del núcleo familiar, que complejizan los pronunciamientos correspondientes en cuanto a un eficaz reconocimiento judicial.

El reconocimiento normativo a estas situaciones se singulariza en el derecho argentino con tres leyes marco que regulan en el orden local los principios contenidos en dos de los tratados que sobre derechos humanos ha suscripto nuestro país: La Convención sobre los Derechos del Niño y la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer, incorporadas a nuestra Constitución Nacional (art. 75 inc. 22 ) y proyectadas en el marco local a través de las leyes 24.632, 26.061 y 26.485.

La consecuencia de este reconocimiento jurídico a sujetos vulnerables merecedores de un trato especial, incide dentro de una categorización reconocida como es el Derecho de Familia, ya que en los tiempos actuales anida dentro de él una suerte de sub-especialidad derivada de esa situación de asimetrías, reconocidas por los citados instrumentos internacionales y normas del derecho local, que se conecta con la doctrina de los Derechos Humanos, construcción jurídicamente reciente en relación con las otras ramas del derecho.

Esta doctrina está orientada a plasmar y reconocer en el derecho positivo, reiteramos, una situación de vulnerabilidad potencial referida a dos categorías de sujetos: la mujer y los niños en sus relaciones familiares y con el mundo circundante, que merecen una atención especial.

Este reconocimiento y entronización en nuestro derecho interno que, reiteramos, remite a esas asimetrías - potencialmente nocivas para el resguardo de los derechos de las mujeres y los niños-, ha conmovido los cimientos de la tradicional concepción del Derecho de Familia como herramienta armónica y autosuficiente para resolver las dificultades y peripecias por las que pasan dichos sujetos vulnerables cuando ocurren a la justicia en demanda de la protección de sus derechos como sujetos.

Sentada la observación en cuanto a las dificultades propias en el abordaje de los conflictos intrafamiliares, potencialmente judicializables, deberemos plantearnos como interrogantes si los actuales sistemas procesales son suficientes para brindar protección y amparo a dichos sectores vulnerables, es decir si son realmente operativo.-

En igual sentido, esta propuesta comprende aquellas situaciones en que las víctimas de la violencia se hallan fuera del núcleo familiar y se encuentran asistidas en cualquier tipo de institución, organismo o programa destinados a su protección o cuidado.
I

Haciéndose eco de las dificultades apuntadas, en un avance significativo en esta materia, la Cumbre Judicial Iberoamericana, dentro del marco de los trabajos de su XIV encuentro, ha considerado necesaria la elaboración de Reglas Básicas relativas al acceso a la justicia de las personas que se encuentran en condición de vulnerabilidad, recogiendo así los principios contenidos en la Carta de Derechos de las Personas ante la Justicia (Cancún 2002), específicamente los que se incluyen en la parte titulada “Una Justicia que protege a los más débiles”. Son las 100 Reglas de Brasilia elaboradas en Junio de 2008.

En los trabajos preparatorios de estas Reglas también participaron la Asociación Iberoamericana de Ministerios Públicos, la Asociación Interamericana de Defensorías Públicas, la Federación Iberoamericana de Ombudsman y la Unión Iberoamericana de Colegios y Agrupaciones de Abogados.

Las 100 Reglas de Brasilia

I. Estas Reglas se basan en considerar que resulta de poca utilidad que los Estados reconozcan formalmente un derecho si su titular no puede acceder en forma efectiva al sistema de justicia para obtener la tutela del mismo. Tienen como objetivo garantizar las condiciones de acceso efectivo a la justicia de las personas en condición de vulnerabilidad, sin discriminación alguna, englobando el conjunto de políticas, medidas, facilidades y apoyos que permitan a dichas personas el pleno goce de los servicios del sistema judicial.
Las Reglas consideran en condición de vulnerabilidad a aquellas personas que, por razón de su edad, género, estado físico o mental, o por circunstancias sociales, económicas, étnicas y/o culturales, encuentran especiales dificultades para ejercitar con plenitud ante el sistema de justicia los derechos reconocidos por el ordenamiento jurídico.

II.- Podrán constituir causas de vulnerabilidad, entre otras, las siguientes: a) la edad, b) la discapacidad, c) la pertenencia a comunidades indígenas o a minorías, d) la victimización, e) la migración y desplazamiento interno, f) la pobreza, g) el género y h) la privación de libertad.
Focalizaremos nuestra atención en tres de ellas: 1) la edad, 2) la victimización, y 3) Género.

1. La edad. Dice la Regla 2 que “todo niño, niña y adolescente debe ser objeto de una especial tutela por parte de los órganos del sistema de justicia en consideración a su desarrollo evolutivo.”
2. La victimización. La Regla 5 considera “en condición de vulnerabilidad tanto a las víctimas de delitos como a las personas menores de edad, las víctimas de violencia doméstica o intrafamiliar, las víctimas de delitos sexuales, como así también sus familiares”. Agrega el texto que “se procurará garantizar en todas las fases de un procedimiento penal la protección de la integridad física y psicológica de las víctimas, sobre todo a favor de aquéllas que corran riesgo de intimidación, de represalias o de victimización reiterada”.
3. Género. La Regla 8 reconoce que “la discriminación que la mujer sufre en determinados ámbitos supone un obstáculo para el acceso a la justicia y considera violencia contra la mujer cualquier acción o conducta basada en su condición, que cause muerte, daño o sufrimiento físico, sexual o psicológico a la mujer, tanto en el ámbito público o privado, mediante el empleo de la violencia física o psíquica”.
Agrega la Regla que “se prestará una especial atención en los supuestos de violencia contra la mujer, estableciendo mecanismos eficaces destinados a la protección de sus bienes jurídicos, al acceso a los procesos judiciales y a su tramitación ágil y oportuna.”

Destinatarios.

• Responsables de Políticas Públicas.
• Sistema de Justicia.
• Todos los operadores del sistema judicial y quienes intervienen de una u otra forma en su funcionamiento.

Seguridad de las víctimas. La Regla 75 dice que “se recomienda adoptar las medidas necesarias para garantizar una protección efectiva de los bienes jurídicos de las personas en condición de vulnerabilidad que intervengan en el proceso judicial en calidad de víctimas o testigos, así como garantizar que la víctima sea oída en aquellos procesos penales en los que estén en juego sus intereses”. “Se prestará especial atención en aquellos supuestos en los que la persona está sometida a un peligro de victimización reiterada o repetida, tales como víctimas amenazadas en los casos de delincuencia organizada, menores víctimas de abuso sexual o malos tratos, y mujeres víctimas de violencia dentro de la familia o de la pareja”.

Este pronunciamiento de la comunidad iberoamericana ha tenido favorable acogida en nuestro país, en el orden nacional mediante las instrucciones al Ministerio Público Fiscal contenidas en la Resolución de la Procuración General de la Nación P.G.N. 58/09,en la Provincia de Buenos Aires, en donde se ha presentado un proyecto de ley (PBA D-1918/08-09) que propugna la incorporación de dichas Reglas al régimen normativo de la Provincia. También hubo pronunciamientos de algunas Cortes Provinciales, entre ellas la de la Provincia de Chaco.

II
Extensión del concepto de vulnerabilidad

En la exposición de motivos de las Reglas de Brasilia se consigna que las personas en condición de vulnerabilidad, encuentran obstáculos mayores para el ejercicio de sus derechos y que por ello se deberán llevar a cabo, en el ámbito de las políticas públicas y en el sistema de justicia acciones más intensas para vencer, eliminar o mitigar dichas limitaciones.

Entendemos que, ampliando el enfoque de las Reglas, estos obstáculos se presentan asimismo y de manera altamente significativa en otras áreas previas o ulteriores a las de justicia por lo que el concepto a desarrollar comprenderá esta visión.

Un recurso natural de la persona en estado de vulnerabilidad, es el de buscar apoyo, orientación, ayuda, contención y, en casos extremos, protección de personas o instituciones llamadas a asistirlas y sostenerlas.

Dentro de ese campo, y retomando lo que se consignara anteriormente en cuanto a una real protección a la víctima, consideramos abarcativa de la misma, la figura de los profesionales y operadores de las distintas instituciones y organismos, como asimismo los que la asisten individualmente tanto en el campo judicial como extrajudicial, aún cuando esta intervención sea previa a la denuncia.

Sabemos que en el campo de atención a las víctimas conviven de manera articulada distintas disciplinas que exceden en mucho el marco del mero cuidado y seguridad. Si hemos de darle un contenido profundo a la palabra vulnerabilidad, aparece como contracara la necesaria presencia de una suerte de terceros-actores no solo en los procesos sino a partir del mismo momento de producidos los hechos en los distintos espacios de atención a las víctimas.

Si de niñ@s víctimas de ASI se trata, al ocurrir éste en el ámbito privado y al no existir generalmente violencia física, la atención del caso y la credibilidad de lo ocurrido se complejiza dando lugar a valoraciones divergentes, lo que resulta en un discurso fundado en la desacreditación de las afirmaciones o declaraciones no sólo de los niños y los responsables de su cuidado, sino también de las verificaciones de los profesionales que los asisten, en cuanto a la verdad de lo acontecido y la credibilidad del relato.

Vemos así que este fenómeno denominado backlash –contramovimiento apoyado en afirmaciones pseudocientíficas - además de revictimizar al/la niño/a se al progenitor protector e incluye al profesional que lo/a asiste.-

Esta realidad nos mueve a sostener como imprescindible una legislación acorde con los tiempos que corren, superando el encorsetamiento perverso de la actualidad y sin perjuicio de las normas vigentes, las que, adelantando nuestra opinión, consideramos insuficientes.

Se hace pues imperiosa la implementación de un dispositivo de protección eficaz e integral de los profesionales actuantes en la temática, mediante la implementación de una normativa que los contenga no sólo en el espacio jurisdiccional sino también en el resto de las instancias previas o ulteriores al proceso.

Estas medidas proteccionales posibilitarán un salto cualitativo importante en la atención de la problemática, en armonía con las normas internacionales que hace tiempo ha suscripto el Estado en cuanto a la protección a las víctimas de la violencia.

En tal sentido, la International Society for the Prevention of Child Abuse and Neglect (única institución multidisciplinaria de carácter internacional, destinada a colaborar con personas o instituciones de todo el mundo que trabajan para proteger niños y niñas de toda forma de abuso y negligencia, creada en 1977) describe y analiza el fenómeno del backlash como la acción sufrida por una persona que trabaja en el área de abuso sexual infantil al ser perseguida judicialmente, criticada en los medios, acosada por grupos de parientes o atacada de mala fe de cualquier otra manera por su actuación, declaraciones o publicaciones relativas a la temática.

Este fenómeno comenzó a instalarse en nuestro país, particularmente en la ciudad de Buenos Aires, durante el año 2001. Ello trajo como consecuencia un subregistro de las denuncias de niños/as que son víctimas de maltrato infantil en general y en especial de abuso sexual incestuoso.

Semejante situación justificó la promulgación de una ley por parte de la legislatura de la Ciudad de Buenos Aires, tendiente a garantizar que los logros alcanzados en el campo de la violencia familiar y especialmente del maltrato infantil intrafamiliar aborden los efectos del backlash vernáculo.-

Se trata de la Ley de Protección a Profesionales Denunciantesde Maltrato Infantil, un instrumento que intenta garantizar el funcionamiento de los servicios del Gobierno de la Ciudad afianzados en los años de democracia pero agredidos y denostados por parte de aquellos que sacralizan la familia por encima de cualquier otros valores como los derechos de cada uno de sus miembros por encima de cualquier otra circunstancia.-

Desde la instalación del backlash en nuestro medio, los profesionales que trabajan en la temática han sido acusados de mala praxis no de manera aislada sino en forma sistemática.-

En un trabajo de investigación (Viar 2004) se indagó concretamente acerca de las consecuencias del backlash en los operadores de los Servicios de Salud dentro de la éjida del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires y particularmente se analizó la incidencia que el fenómeno ha tenido en los últimos años en la detección, denuncia y validación de los casos de maltrato infantil y particularmente de abuso sexual incestuoso.-
A través de una investigación de tipo exploratorio-cuantitativa se tomaron 40 cuestionarios de tipo cerrado distribuidos entre equipos especializados en maltrato infantil pertenecientes a la Secretaría de Salud del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, a la Dirección General de la Mujer del Gobierno de la Ciudad de Buenos Ares y el Consejo Nacional del Menor y la Familia.-
Se arribó a las siguientes conclusiones:
a) Más de un tercio de los encuestados - 37,5% - manifestó haber sufrido amenaza de sufrir un daño futuro por parte de un ofensor, agrupaciones que nuclean a ofensores o en forma anónima.-
b) Más de un tercio - 35% -, señaló haber sufrido intimidación por parte de los mencionados anteriormente.-
c) Un 15% señaló presión por parte de un superior jerárquico.-
d) Un 17,5% mencionó haber sido injuriado.-
e) Un 45% señaló haber recibido descalificaciones por parte de ofensores. agrupaciones de ofensores o en forma anónima.-
f) Un 5 % manifestó haber recibido ataques físicos.-

Ya en el orden de las acciones “lícitas” emprendidas por ofensores asesorados, avalados o patrocinados por agrupaciones que los nuclean:

a) Uno de cada diez encuestados señaló haber sido demandado por daños y perjuicios en tanto dos de cada diez fue denunciado o querellado penalmente.-
b) Un 15% de los encuestados fue sumariado administrativamente, en tanto ninguno de los encuestados recibió denuncia ante un Tribunal de Ética profesional.-
c) El 47,5% - 19 encuestados - señalaron haber sufrido amenaza, intimidación, injuria, descalificación, burla y/o ataque físico dentro del ámbito laboral.-
d)El 17,5% - 7 entrevistados - lo padecieron en otros ámbitos: 2 en su domicilio particular, 1 en la sede de otro trabajo, 1 en consultorio o estudio particular, 2 en la sede de Tribunales y 4 en congresos, jornadas, etc..- Asimismo hubo personas que sufrieron ataques en más de un lugar.-


Las consecuencias que estas situaciones ocasionaron en la vida y en la salud de los encuestados y sus entornos resultan harto elocuente y confirmatoria de la hipótesis de trabajo:
a) Casi la mitad – 19 entrevistados manifestó haber padecido angustia importante, estrés y/o ataque de pánico.-
b) El 12,5% indicó enfermedades psicosomáticas.-
c) El 2,5% padeció enfermedades cardiorrespiratorias.-
d) En el contexto laboral, uno de cada cuatro encuestados indicó baja en el rendimiento laboral o pensó en dejar de trabajar en la temática.- En un 15% la situación incidió negativamente en su contracción al trabajo en la temática.- Asimismo indicó despido traslado y/o cambios en las condiciones de trabajo por parte de sus superiores.-
e) Desde otros entornos, un 17,5% de los encuestados fue afectado negativamente en su vida familiar, en tanto un número menor - 10% - señaló afectación negativa de su vida social, llegando a modificar sus medidas de seguridad personal y familiar.-
f) Un 10% de los encuestados señaló el haber tenido gastos de dinero en forma relevante para ejercitar su derecho de defensa ante acciones legales y/o administrativas, indicadores de un estado de cuasi indefensión de estos profesionales.-

Lo manifestado nos lleva a concluir que para una efectiva protección a los sujetos vulnerables no alcanza con garantizar la obligatoriedad de la denuncia por parte de los profesionales que asisten en los casos, mediante informes, pericias, etc. puesto que la realidad nos demuestra que, al no contar con una adecuada protección ulterior, aquél se abstiene de denunciar.

A esta tendencia a la abstención agregaremos como elemento altamente preocupante, el hecho de que sean cada vez menos los profesionales abocados a la atención de las víctimas, tendencia que se hace más alarmante aún en ocasión de tener que comparecer a prestar declaración.


Un antecedente

Concordantemente y preocupado por este nuevo escenario, el proyecto Giberti de reforma a la ley 24.417 sobre Protección, Sanción, Erradicación de la Violencia y el Abuso de Poder en el Ámbito de las Organizaciones Familiares - que aún no tiene estado parlamentario - contiene como innovación la inmunidad civil y penal del obligado a denunciar la situación de violencia y su protección ante el acoso u hostigamiento ulterior del agresor.

El art 9 del mismo dice: “Los obligados a denunciar gozan de inmunidad e indemnidad civil y penal, salvo supuestos de mala fe. Los obligados a denunciar están relevados y exentos de cualquier obligación de guardar secreto profesional en todos los casos, y ajenos a la sanción prevista en el art. 156 del C.Penal. En el supuesto de acoso u hostigamiento del agresor, el juez deberá adoptar las medidas de protección del art. 12 o las sanciones previstas en el art. 18, resolución que será apelable con efecto devolutivo.”

El art. 12 se refiere a las medidas de protección a las víctimas de violencia, entre las que cabe mencionar la restricción al acercamiento al profesional así como la suspensión de todo tipo de contacto sea personal, telefónico, por correo electrónico o por terceros.

A su vez el art. 18 sanciona a la transgresión de las medidas dispuestas así como las que sobrevinieren en forma de amenazas, agresiones físicas o verbales u hostigamiento...a los profesionales intervinientes en el caso o testigos.

Dichas sanciones están especificadas en el art. 21, tales como realización de tareas comunitarias, multas pecuniarias en beneficio de la víctima, realización de cursos, comunicación de los hechos al empleador.

Estos antecedentes nos llevan a reafirmar que la situación de vulnerabilidad de las víctimas de violencia o abuso sexual debe comprender no sólo a quienes sufren la agresión, sino también a quienes trabajan judicial o extrajudicialmente con ellas en los necesarios procesos de atención y contención desde las diferentes disciplinas.

Asimismo y a los fines de otorgar una adecuada protección a los derechos de las víctimas resulta necesario contemplar las garantías que los profesionales deben poseer a los fines de la radicación de las denuncias correspondientes y que dicha protección no debe circunscribirse al acto de denuncia y la obligación de hacerla, sino hacerse extensiva a todo el trámite ulterior a la misma, que incluya la tramitación del proceso y aún un período posterior a la finalización del mismo.

Sólo de esta manera se garantizará y resguardará a quienes asisten a las víctimas de cualquier tipo de hostigamiento o agresión, como parte inescindible en cuanto a su efectiva protección.

En la práctica profesional en las distintas disciplinas, advertimos que quienes son llamados a trabajar en una problemática tan sensible a los derechos fundamentales de las personas en toda la extensión del territorio nacional, vienen siendo amenazados, hostigados, difamados y desacreditados por el sólo hecho de atender o asistir judicial o extrajudicialmente a víctimas de violencia familiar o abuso sexual, originando en la realidad una verdadera desprotección, pues son cada vez menos los profesionales decididos a la asistencia de las víctimas. Esta situación exige una necesaria protección a través de instrumentos legales que complementen la actuación profesional actualmente circunscripta a la obligación de denunciar.



La Traumatización Vicaria de los profesionales

A todo lo expuesto cabe agregar los efectos que tiene sobre los profesionales el trabajar con clientes traumatizados. Ello requiere de un proceso de madurez que incluye la habilidad de "ser testigo" de experiencias para las que no se tiene un marco de comprensión.

La Traumatización Vicaria es la transformación en el funcionar del yo y en la interpretación del mundo que se opera en el profesional que trabaja con sobrevivientes de traumas familiares. La identificación del concepto específico de traumatización vicaria fue realizado por Mc Cann y Pearlman 1990 (citado por Cristina Vila en “Traumatización Vicaria.- Las implicancias de la Violencia Familiar para los profesionales”)

Las defensas empleadas para protegerse de conocer la capacidad de las personas para la crueldad, la agonía y el terror de los niños y las mujeres, el sadismo sistemático, tiene sus costos. Si un profesional descansa en su negación, intelectualización, aislamiento afectivo, disociación y proyección, su capacidad para conectarse consigo mismo y con otros se verá disminuida.

Así como hoy se considera que los niños testigos de violencia intrafamiliar son víctimas primarias de violencia, también los profesionales que intervienen en el campo de la protección de los sujetos cuyos derechos han sido vulnerados son afectados vicariamente, de ahí el concepto de traumatización vicaria. A través de estar expuestos a las memorias de los sobrevivientes de violencia familiar, los profesionales experimentan perturbaciones en su propio sistema sensorial.

Resulta difícil comprender, en el ingreso a una especialidad, lo que esto significará para las vidas de los profesionales involucrados. No hay aún programas para graduados centrados en las necesidades de quienes ayudan y, hasta hace muy poco, no había modo de explicar lo que sentían los profesionales que atendían sobrevivientes de traumas. Es más, en muchas ocasiones, el campo de la salud mental, al estar originado en un modelo médico no sólo proponía al profesional que "no se involucrara" sino que además juzgaba los sentimientos como signos de debilidad, inadecuación o dificultad con el encuadre. Estos conceptos eran, lógicamente, reforzados por nociones tales como "conflictos personales no resueltos de los terapeutas."

La utilidad de este concepto reside en su posibilidad de aplicación: comprender el impacto del tipo de trabajo y las propias vulnerabilidades permite prevenir, aminorar y transformar su impacto negativo en el propio yo del profesional.

Por lo tanto, resulta fundamental integrar la comprensión de la traumatización vicaria en la estructura de la vida personal y laboral de los que intervienen en la protección y considerar en sí mismos y en aquellos a quienes se enseña y supervisa el rol de dicho trauma en la satisfacción laboral, la salud física y mental, la práctica profesional y el desarrollo personal y profesional.


III
Insuficiencia de la legislación vigente

La ley de Protección Integral de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes alude al tema de manera insuficiente en su art. 30, ya que establece: ”Los miembros de los establecimientos educativos y de salud, públicos o privados y todo agente o funcionario público que tuviere conocimiento de la vulneración de derechos de las niñas, niños o adolescentes, deberá comunicar dicha circunstancia ante la autoridad administrativa de protección de derechos en el ámbito local, bajo apercibimiento de incurrir en responsabilidad por dicha omisión.”

Decimos que la legislación vigente es insuficiente por dos razones. La primera, como en el caso de la ley 26.061 en cuanto a que el profesional que atienda a niños/as o adolescentes, se encontraría relevado de toda responsabilidad con la mera comunicación al órgano administrativo local, sin establecerse ningún tipo de mecanismo ni sanción específica.

El otro aspecto, más específico y que estaremos abordando posteriormente, es el resguardo del profesional que atiende a los niños/as o adolescentes luego de cumplir con la demanda legal, durante todo el período ulterior.

Tampoco la ley 26.485 sobre Protección Integral a las Mujeres para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia en los ámbitos en que se desarrollen sus relaciones interpersonales aborda la cuestión de la manera integral que surge de la presente exposición, dado que en su art. 18 dice que “las personas que se desempeñen en servicios asistenciales, sociales, educativos y de salud, en el ámbito público o privado, que con motivo o en ocasión de sus tareas tomaren conocimiento de un hecho de violencia contra las mujeres en los términos de la presente ley, estarán obligados a formular las denuncias, según corresponda, en aquellos casos en que el hecho no configure delito.- La inclusión del término “según corresponda” dejaría librado al criterio del profesional si denuncia o no.-
Por su parte el art. 21 establece que “la presentación de la denuncia por violencia contra las mujeres podrá efectuarse ante cualquier juez/jueza de cualquier fuero o instancia o ante el Ministerio Público, en forma oral o escrita. Se guardará reserva de identidad de la persona denunciante”. Es decir que también se detiene en el mero acto de la denuncia.

A su vez, en el ámbito de la justicia penal, el Código Procesal Penal de la Nación en sus arts. 79 a 81 regula la protección a las víctimas de delitos y a los testigos convocados en la causa, haciéndola extensiva a su familia, de manera integral, en tanto en la Provincia de Buenos Aires el art 83 de su Código Procesal Penal consagratorio de los derechos de las víctimas, en su inc. 6ª alude a su derecho a “la protección de su seguridad, la de sus familiares y la de los testigos que depongan en su interés, preservándolos de intimidaciones o represalias, sobre todo si se trata de una investigación referida a actos de delincuencia organizada.”

En términos y con las limitaciones antes apuntadas, la ley 24.417 sobre Violencia Familiar establece que están obligados a denunciar los servicios asistenciales, educativos o profesionales de la salud sean tanto en el ámbito público como privado en razón de su labor.



IV

Propuesta

A los fines de otorgar una verdadera protección integral a las víctimas y garantizarles una adecuada reparación, corresponde que la misma garantice el libre ejercicio de los profesionales que las asisten, abarcando desde su primera intervención antes de la propia intervención judicial hasta la conclusión de su asistencia a las mismas.- En tal sentido se propone propiciar una reforma legislativa que comprenda dos cuestiones a nuestro juicio esenciales.

Una de ellas es la relativa a la obligación de denunciar del/la profesional que asista a la víctima; en tal caso podría solicitar en la tramitación ulterior llevada a cabo por la víctima, alguna de las medidas cautelares de protección que sean apropiadas a su situación.

La segunda cuestión es la que permite al/la profesional asistente su legitimación para promover una acción dentro del marco de las leyes de violencia familiar, de protección a la mujer o de niños/as y adolescentes tanto nacionales como locales.-

Por tanto, se propone:

1. Reemplázase el texto de los incisos b) y e) del artículo 24 de la ley 26.485 por el siguiente texto:

“inc. b) La niña, niño o adolescente directamente, por sus representantes legales o por el profesional, técnico o acompañante de acuerdo a lo establecido en la ley 26.061 de Protección Integral de los Derechos de las Niñas, Niños o Adolescentes.”

“inc. e) La denuncia será obligatoria para toda persona que se desempeñe laboralmente en servicios asistenciales, sociales, educativos y de salud, en el ámbito público o privado, que con motivo o en ocasión de sus tareas tomare conocimiento de que una mujer, niña o niño padecen violencia aunque los hechos no constituyeren delito.”

2. La obligación de denunciar por parte de los profesionales y técnicos conforme lo previsto en la ley nacional 26.485 así como disposiciones similares contempladas en las leyes de violencia familiar y de protección niños/as y adolescentes de las distintas jurisdicciones, y en los casos de los delitos contra la integridad sexual contemplados en los artículos 89 a 94 y 104 a 108 del Título I y títulos II y III del Libro Segundo del Código Penal, y sin perjuicio de las sanciones que pudieren aplicarse en función de lo dispuesto en el art.4, se hará efectiva conforme las disposiciones contenidas en los Códigos procesales respectivos.-

3. Los obligados a denunciar están relevados y exentos de cualquier obligación de guardar secreto profesional en todos los casos siendo de aplicación los alcances de lo dispuesto en los arts. 1071 1ª parte del Código Civil y 34 inc. 4º del Código Penal y ajenos a la sanción prevista en el art. 156 del mismo.-

4.- En caso de incumplimiento de dicha obligación de denunciar, se considerará al profesional incurso dentro de las previsiones contenidas en el art. 248 del Código Penal.-
Sin perjuicio de ello, podrá aplicársele, en un proceso que tramitará por la vía incidental, una multa diaria equivalente al uno por ciento (1%) del sueldo básico de un juez federal de primera instancia por cada día de demora, a contar desde el día siguiente a la verificación de alguna de las circunstancias previstas en las leyes de violencia familiar, de protección a la mujer, o de niñez y adolescencia tanto nacionales como locales.
Los alcances del presente artículo se aplicarán a los superiores jerárquicos que de algún modo prohíban, omitan o dificulten la realización de la mencionada denuncia por parte del profesional.-


5. Están legitimados para accionar de manera independiente según las reglas del procedimiento sumarísimo de cada jurisdicción o por la vía incidental en los procesos correspondientes, los profesionales, técnicos, acompañantes o guardadores que atiendan, asistan o acompañen a las víctimas cualquiera sea su edad y sin perjuicio de otras acciones civiles o penales que considerare iniciar, cuando sufrieren alguno de los tipos de violencia contemplados en las leyes de violencia familiar, de protección a la mujer o de protección a niños/as y adolescentes tanto nacionales como locales.-
En dichos supuestos podrán solicitar al juez las medidas previstas en dichos ordenamientos respecto de las víctimas que fueren aplicables al caso, o alguna otra idónea para su protección, por un plazo determinado según los antecedentes de la causa, y solicitar las sanciones allí contempladas, sin perjuicio de las acciones penales a que hubiere dado lugar.-

6.- Créase dentro del Programa Las Victimas de las Violencias dependiente del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Nación un área de investigación y asesoramiento respecto a la victimización terciaria que sufren los profesionales y distintos operadores que asisten a las víctimas de las violencias y en especial el abuso sexual infantil.

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