Asapmi - Asociación Argentina de Prevención del Maltrato Infantojuvenil

Notas de Actualidad

Carta a medios gráficos

MARZO/2005 - ACERCA DE LA LEY 26.061 - ASAPMI


El editorial de La Nación del 9 de marzo pasado, hace mención a las recientes muertes de dos niños, en un caso a manos de su madre a quien recientemente se le había reintegrado judicialmente a su pequeño hijo y en otro por los golpes recibidos por su guardador designado como tal con miras a una futura adopción. Ello ha generado un intenso y necesario debate, particularmente en relación a la responsabilidad de las instituciones y de la recientemente sancionada ley 26.061 en hechos tan abominables.
ASAPMI (Asociación Argentina para la Prevención del Maltrato Infantil) considera de suma importancia y necesidad expedirse en torno a la nueva situación de la infancia maltratada en el ámbito familiar a partir de la sanción de esta nueva ley.
En primer lugar señalamos que antes y después de la sanción de la ley, hemos señalado enérgicamente nuestro desacuerdo en lo atinente a lo que la normativa prevé específicamente en torno al maltrato infantil interfamiliar.
No hace falta demasiado esfuerzo para advertir que el art. 35 de la ley 26.061 resulta claramente inconstitucional porque colisiona con los arts. 18,19 y 20 de la Convención sobre los Derechos del Niño cuando establece una verdadera gradación de respuestas y responsables de las mismas.
Asimismo advertimos que en lo relativo al derecho a la intimidad la ley significa un paso atrás, particularmente si se analiza el texto del art. 16 de la Convención de los Derechos del Niño.
Empero, no dejamos de destacar que en lo atinente a la derogación de la Ley de Patronato la ley puede significar un avance en la materia, sobre todo en el ámbito de la protección jurídica de los niños/as y adolescentes.
Se advirtió en su momento acerca del peligro que implicaba la anacrónica, discriminatoria y apresurada asociación entre negligencia y pobreza- fundamento tácito del art. 35 mencionado- y hemos recibido como respuesta que la ley 26.061 había sido redactada para la mayoría de los niños, considerando que la problemática de la infancia era un tema de "menor ocurrencia". Se nos dijo que lo más importante era derogar la institución del Patronato.
Lo cierto es que no se puede “responsabilizar” a la vigencia de la ley por la muerte de estos dos pequeños; pero sí sostenemos que la norma conlleva la consagración de la ideología de la desjudicialización de la pobreza, para lo cual – en modo casi unicausal- y lineal-, el maltrato infantil se debe a la pobreza. Mito, reiteramos, altamente peligroso porque con este criterio deberíamos considerar a todas las familias pobres como potencialmente maltratadoras, lo cual viene muy bien para otros sectores sociales, tapando la cruda realidad de que los malos tratos ocurren en todas las clases sociales, y que justamente en sectores medios y altos, puede quedar más invisibilizada esta problemática, cuyos niños/as quedarán más desprotegidos porque las familias no necesitarán recurrir a las instituciones públicas donde pueden ser miradas.
Por su parte, como colofón de esta arcaica mirada, la limitación de la guarda judicial a mayores de 18 años de edad, implica quitar a la justicia una importantísima herramienta para confiar guardas de niños/as víctimas de maltrato a terceras personas y/o instituciones, estableciendo un adecuado control jurisdiccional sobre las mismas y garantizando procesalmente los derechos de los niños/as y demás titulares de derechos subjetivos afectados por la medida. Nos preguntamos, desaparecida la función judicial, ¿quién se responsabiliza por las intervenciones cuando éstas llegan al extremo de apartar al niño/a del núcleo familiar agresor? Así como ¿quién garantizará a todas las partes el derecho a ser oídas y peticionar la revocación o modificación de la medida?. La Convención resguarda lo suficiente estas situaciones en tanto la ley 26.061 se aparta de esas disposiciones.
Claramente, la ley 26.061, en lo atinente al maltrato infanto-juvenil intrafamiliar, significa un retroceso pues desvaloriza, desconoce e ignora todo el hábeas teórico elaborado no solo en nuestro país sino en el mundo entero respecto de esta materia. Tanto o más que aquellos que desde posiciones reaccionarias o pseudocientíficas privilegian el principio de intimidad y unidad familiar por encima de la seguridad y los derechos de cada uno de sus miembros, en este caso los más vulnerables.
En los casos comentados en el Diario La Nación hubieron estudios, informes y peritaciones que desconocieron o no pudieron advertir indicadores de riesgos avalando a una madre biológica y a un futuro padre adoptante que luego asesinaron a dos niños. Desconocemos dichos informes como las constancias de los expedientes. No obstante, advertimos, que como consecuencia de la sacralización de los vínculos, se rechaza, ataca, ignora la especialidad y especificidad del maltrato infantil intrafamiliar. En el caso de Marquitos fueron profesionales no especializados – cuando el CONNAF cuenta con equipos idóneos- quienes no pudieron advertir acerca de la situación de riesgo.
En suma, la ley 26.061 coadyuva a un retroceso en la concientización, la visibilización y la capacitación del maltrato infantil, en especial al intrafamiliar. De no producirse modificaciones en su texto y de no modificarse las prácticas institucionales consonantes con su espíritu, serán muchos los niños y las niñas que estarán expuestos no sólo a muertes horrorosas, sino a la perpetuación de la violencia doméstica en cualquiera de sus formas con consecuencias difíciles de estimar.
Comisión Directiva de A.S.A.P.M.I.
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